La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha hecho un llamamiento para que el diálogo se imponga en la resolución del conflicto provocado por la decisión unilateral de Haití de construir un canal ilegal que pone en peligro el acceso al agua del río Masacre por parte de República Dominicana. Esta construcción es una nueva demostración de que una minoría de privilegiados que ha estado saqueando al pueblo haitiano o, incluso, ha financiado a las bandas armadas que controlan una parte del país, pretende arrogarse incluso el uso de recursos naturales de soberanía compartida.
A través de un comunicado, el gobierno de Luis Abinader ha sido muy claro: «República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para solucionar cualquier diferencia; pero un diálogo efectivo requiere que ambas partes posean, no solo la buena fe, sino también las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones concertadas […] el Gobierno dominicano mantiene abierta su disposición al diálogo con las autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan la paralización de la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre».
Esta única condición es clara, evidente y llena absoluta del sentido común, porque la construcción del canal ilegal atenta y pone en peligro la soberanía nacional que tiene República Dominicana. Y así se expone en el comunicado del gobierno de Luis Abinader:
«La construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso del agua de su cauce natural, significaría la posible extinción del caudal del río aguas abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales. Corresponde a las autoridades dominicanas la responsabilidad de garantizar el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos. Es menester, por tanto, que la contraparte haitiana detenga inmediatamente la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase conectado al río Dajabón-Masacre, hasta tanto se realicen, por técnicos independientes y de común acuerdo, los estudios que determinen el alcance, impacto y beneficiarios de la obra. El Gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Las propias autoridades del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y de Desarrollo Rural de Haití (MARNDR) reconocieron en un documento entregado de manera informal que el proyecto carecía de planos al momento de su ejecución».
Por todo ello, el gobierno de Luis Abinader ha apelado a la OEA a interponer «con urgencia sus buenos oficios […] con el objetivo de asegurar una solución pacífica de la presente controversia y prevenir un mayor deterioro de las relaciones entre los dos países. Esto reviste la mayor importancia por el momento tan delicado, dado que en pocos días el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas decidirá sobre el despliegue de una misión multinacional de seguridad y apoyo en Haití, para restaurar el orden público y la institucionalidad en el Estado vecino».
Además, ha invitado al secretario general de la OEA para que visite la zona para que pueda ver de primera mano, sin versiones manipuladas, la realidad de lo que está sucediendo en la frontera entre Haití y República Dominicana.
Esta respuesta dista mucho de lo que ha propuesto el líder de la oposición, Leonel Fernández, quien, desde que se generó la actual crisis, va de ridículo en ridículo. A miles de kilómetros de República Dominicana, Leonel dijo que había que activar los procedimientos diplomáticos con Haití cuando ya se habían producido una decena de reuniones. Lo más grave es ver a quien aspira a recuperar la confianza pueblo, sin dar explicaciones o pedir perdón por el régimen de corrupción que implementó cuando gobernó, dando lecciones sin lección, pidiendo que se resuelva el conflicto sin que en Haití se paralice la construcción del canal ilegal que tanto afectará a la ciudadanía dominicana a la que, en teoría, Leonel debe defender.
