La Comisión Europea primero y el Parlamento Europeo después se han mostrado preocupados y han reclamado esta semana que se investiguen las relaciones entre el independentismo catalán y Rusia, siguiendo un plan trazado por el PP -con mociones y peticiones concretas a las instituciones europeas- y que ha arrastrado el PSOE, que incluso acabó votando el texto definitivo de la Eurocámara. Al día siguiente de esta votación, en cambio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega que al gobierno español le conste ningún vínculo entre Putin y el entorno de Carles Puigdemont -el principal señalado por el PP, pero también por el juez instructor de la trama rusa- y deja la investigación en manos de la Fiscalía y los tribunales.
La supuesta trama rusa del Proceso se ha convertido en una de las principales piedras en el zapato de la amnistía, que los socialistas siguen negociando con Junts en el Congreso. Marlaska, juez de carrera, ha evitado en TVE hacer crítica alguna al estamento judicial, pero sí ha expresado un deseo: A mí lo único que me gustaría es que todos reflexionemos y seamos conscientes de cuál es nuestro papel y nuestra función, que es la de dignificar el conjunto de las instituciones y, por tanto, construir una verdadera democracia.
España es un país que investiga todo lo que debe investigar, todo lo que se denuncia y todo lo que se conoce, ha dicho, recordando que el caso está judicializado. Hace unos días, el juez Joaquín Aguirre amplió otros seis meses la investigación, que dura desde hace más de tres años sin que por el momento haya sumado nuevas imputaciones. Puigdemont ni siquiera está siendo investigado en esta causa, y hasta ahora el único elemento que le atribuye el juez es la reunión con dos personas –una de ellas rusa– el 26 de octubre del 2017, la víspera de la declaración de independencia.
El propio Puigdemont ha reaccionado a las palabras de Marlaska, diciendo que en cualquier estado democrático se emprenderían acciones para enviar a prisión a los autores intelectuales ya todos los señores X de esta trama. Tras la votación, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado. de Junts negó en un comunicado que envió al resto de eurodiputados que haya existido connivencia alguna con el régimen de Putin y se mostró convencido que nada de esto ocurriría si Núñez Feijóo hubiera llegado a la Moncloa: Si le hubiéramos hecho presidente, esto no pasaría.
El propio ministro del interior ha hecho unas declaraciones sore la policía patriótica que deberían avergonzar a su antecesor y al que fuera su presidente su presidente entones, pueden escucharlas a continuación.
De acuerdo con la errática doctrina de la Fiscalía del Supremo, es o puede ser terrorista quien participara en las protestas del otoño de 2019 en Cataluña, especialmente en Barcelona. Unas protestas que se produjeron, no lo olvidemos, como respuesta a un caso clamoroso de lawfare, que fue el juicio del Proceso. Todo el que siguió aquellas jornadas pudo ver cómo el tribunal, presidido por Manuel Marchena, no estaba de nada: desde admitir como acusación particular un partido de extrema derecha -Vox, que entonces no tenía, el peso que ha logrado tener en la política- hasta dar por buenos, sin ponerle ningún empero, una rastrilla de testigos descaradamente falsos, desde el que había sido presidente del gobierno de España hasta una corrua de agentes de policía que desfilaban recitando una misma descripción de los hechos, pasando por otra larga lista de cargos altos y no tan altos, políticos y técnicos, que tampoco dudaban en mentir a conveniencia de una versión criminalizadora del independentismo.
Los espectadores del juicio también pudieron ver cómo los testigos y las pruebas de la defensa eran descuidados, minimizados, despreciados o presionados con interpelaciones (por parte del propio Marchena) que les cuestionaba. Vimos a observadores internacionales que eran menospreciados, cómo se le impedía a la defensa el recurso a las pruebas de vídeo, e incluso vimos una fiscal, Concepción Espejel, que le decía en voz baja, como si fuera un apuntador, lo que debía declarar un testigo. Por ello salió la ciudadanía indignada a la calle, y ahora el Supremo engloba las protestas bajo la etiqueta de Tsunami Democrático y añade el sello de terrorismo. El terrorista jefe era, según estos fiscales y magistrados, Carles Puigdemont, que fue, precisamente, el gran ausente del juicio.
España se permitió enviar líderes políticos y civiles a la cárcel, desplegar una alucinante persecución judicial contra Puigdemont que nunca dio sus frutos porque se basaba en falsedades. Ahora llega al paroxismo con este macabro juego del delito de terrorismo, con el que se pretende impedir aprobar la ley de amnistía y tratar de derribar a un gobierno de España que les molesta y les repugna. Un fraude de ley a cargo de representantes de la magistratura, que pone el estado de derecho en peligro real, por no decir en situación límite. El cúmulo de despropósitos que han llegado a acumular a lo largo de estos años es imposible de contar racionalmente a quien desconozca la historia.
Es tan espeso que se han perdido en la selva inextricable de su propia chapuza. Patriótica, eso sí.
