Tanto el PSOE como el presidente del Gobierno se encuentran en una situación difícil, acorralados por distintas investigaciones judiciales en diferentes instancias y comunidades autónomas. Entre los presuntos delitos que los jueces están imputando a personas relacionadas, directa o indirectamente, con el PS o con el Ejecutivo se encuentran el blanqueo de capitales, administración desleal, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida, revelación de secretos o tráfico de influencias, entre otros.
En este 41 Congreso del PSOE se ha pasado del «respeto a las decisiones judiciales» a un ataque frontal a los jueces. Los dirigentes y delegados repiten como loros las consignas dictadas por Ferraz o por Moncloa. El problema es que los militantes se lo creen, lo que demuestra que en el Partido Socialista se ha conseguido eliminar el espíritu crítico que siempre ha caracterizado al partido y que era uno de sus principales activos. Ahora sólo se mira a la divinidad y cuando el sol ciega a las personas no se ve lo que hay alrededor.
En Sevilla se habla constantemente de desinformación, de bulos, de denuncias falsas. En primer lugar, si se está instruyendo, es que hay hechos que podrían ser constitutivos de delitos y, en segundo término, si esas causas se archivan, tampoco se podrían calificar de denuncia falsa, porque entonces el PSOE estaría utilizando el mismo argumento de Vox para negar la violencia de género.
Lo que sí es cierto es que ni Begoña Gómez, ni David Sánchez, ni Álvaro García Ortiz, ni José Luis Ábalos, ni Koldo García, ni Víctor de Aldama son, a día de hoy, culpables de nada, sólo son imputados y, en consecuencia, son presuntos inocentes.
El PSOE está a la defensiva, exactamente igual que su líder supremo. Por eso, en el Congreso de la canonización de Pedro Sánchez, los dirigentes no se están cortando en sus declaraciones. Santos Cerdán, secretario de Organización de Sánchez, ha afirmado que «son las mismas mentiras de siempre propagadas por programas de radio, Youtube y columnas de prensa. Incluso en sede judicial. Sí, hay que decirlo abiertamente, propagan su odio en sede judicial. Lo hemos visto claramente y lo seguimos viendo cuando nos atacan descaradamente sencillamente por lo que representamos, que es todo lo que ellos odian. El presidente Sánchez es quien mejor ejemplifica esta cacería judicial».
Casualmente, es exactamente la misma argumentación que aplicaba el Partido Popular cuando surgieron los principales casos de corrupción. A Cerdán sólo le ha faltado hablar de «causa general» y hace el pleno.
Sin embargo, la realidad es que ni una palabra respecto a lo que realmente preocupa a los ciudadanos sobre la Justicia. Ni una mención a la reforma radical que necesita el tercer poder de la democracia.
El PSOE se autoproclama como un partido de gobierno y en sus discursos reclama al PP pactos de Estado. En cambio, los problemas reales de la ciudadanía no se plantean en este Congreso de la Entronización.
La democracia española necesita una cantidad ingente de reformas muy profundas. Se ha quedado anclada en los supuestos de la transición y precisa de una actualización inmediata. No obstante, la Justicia no pasó por el filtro y sigue manteniendo los mismos privilegios con los que se contaba en el siglo XIX. No se trata de la filiación política, de jueces fachas o rojos, de francotiradores con toga. Se trata de que existe la percepción ciudadana de que España se encuentra bajo una dictadura judicial por la indefensión constante a la que se enfrentan las personas, sobre todo cuando se enfrentan a determinados intereses políticos, económicos, empresariales o financieros. De eso, en el PSOE no se habla.
En Diario16+ hemos analizado cómo la aplicación que se hace en España de la recusación de los jueces en los procedimientos judiciales viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución además de ser inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano. De esto no habló Pedro Sánchez.
En España hay jueces que tienen, según se demuestra en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 100% de efectividad a la hora de absolver o archivar causas contra grandes empresas muy concretas a pesar de que los hechos probados demostraban que miles de causas deberían haber terminado en condenas. De eso tampoco se habla en el PSOE, sólo de la actuación de los jueces que instruyen causas que afectan al partido o al entorno del líder supremo.
Por otro lado, está, directamente, el incumplimiento o la rebelión contra la jurisprudencia y la doctrina europea, que es prevalente sobre la española, que se perpetra de manera recurrente en determinadas audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Esto sucede, principalmente, en los casos en los que los ciudadanos plantean demandas contra las grandes empresas de determinados sectores. Estos comportamientos derivan en querellas por prevaricación contra los magistrados que firman esas sentencias, querellas que son archivadas por defecto y que conllevan represalias para los abogados que las interponen. De esto, en el 41 Congreso del PSOE tampoco se habla.
El régimen de incompatibilidades de magistrados y jueces también es un asunto clave para reformar de manera radical. No es de recibo que sea legal que, por ejemplo, los jueces de lo mercantil cobren por asistir a cursos, seminarios, congresos, conferencias o mesas redondas organizadas por administradores concursales. Tampoco es muy transparente que haya magistrados o jueces que impartan clases en universidades privadas cuyos máximos accionistas son las grandes empresas a las que luego tienen que juzgar. Esto genera un clima de legítima sospecha ciudadana porque se pone en tela de juicio la independencia y la imparcialidad. De esto, el PSOE tampoco ha dicho nada.
Ese clima de sospecha constante sobre la imparcialidad cuando instruyen y juzgan causas contra los grandes intereses económicos, empresariales y financieros exige que los patrimonios de los jueces sean inspeccionados y auditados a través de investigaciones independientes, patrimonio que presuntamente pudiera estar ubicado tanto dentro como fuera de España. La corrupción judicial existe, pero se desconoce en qué magnitud porque no se ha investigado a fondo. Una democracia no puede subsistir bajo un clima de sospecha constante en el que puedan existir elementos ocultos que dictaminen el resultado de una causa judicial. Las grabaciones del excomisario Villarejo revelarían que en España sí se podrían estar comprando jueces. Eso es intolerable, pero el PSOE no ha tratado el tema.
Tampoco han dedicado ni una sola palabra a la actitud de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado. No es normal, como sucede en España, que los abogados más radicales en la defensa de los intereses de las grandes empresas, los bancos o las grandes familias sean los que pertenecen a un cuerpo obligado a defender al pueblo de los abusos de los poderosos. No es normal que la Abogacía del Estado afirme, como ha hecho en varias ocasiones en la Justicia Europea, que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados si no son una amenaza para el sistema financiero.
Los elementos enumerados son sólo una mínima parte de los gravísimos problemas que tiene la Justicia española. El menor de los problemas, aunque parezca que es lo único que preocupa al PSOE de Pedro Sánchez, es la politización de los jueces. Hay otras muchas cosas que hacer porque, tal y como está el tercer poder, da la sensación de que una reforma profunda sería insuficiente y lo necesario sería una limpia total para poder hacer tabla rasa. Sánchez tiene experiencia en purgas, no tiene más que aplicarla en lo que sucede realmente en los tribunales españoles.