El responsable de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha señalado que es inviable esperar que los más de un millón de desplazados hacinados en la gobernación de Rafah vuelvan a movilizarse para que Israel pueda continuar su barrido en busca de militantes de Hamás. Ante una posible operación militar a gran escala, el temor es que el número de muertos y heridos aumente significativamente.
Mientras continúan los esfuerzos internacionales para garantizar un alto el fuego en Gaza, el director de la (UNRWA) ha advertido de que los habitantes del enclave están profundamente traumatizados por la guerra con Israel y temen un asalto a gran escala contra Rafah, en el sur.
«La gente está ansiosa y tiene miedo de una posible operación militar a gran escala«, ha afirmado Philippe Lazzarini, tras salir de una reunión informativa con los Estados miembros en la sede de la ONU en Ginebra. «Si se produce el asalto, la pregunta es: «¿Adónde irán los civiles? Ya no hay absolutamente ningún lugar seguro en Rafah y el temor es que el número de muertos y heridos vuelva a aumentar significativamente».
Tras más de cuatro meses de enfrentamientos, las autoridades sanitarias locales han informado de más de 100.000 gazatíes muertos, heridos o desaparecidos bajo los escombros, en medio de intensos bombardeos israelíes.
Investigación en curso
Respecto a las graves acusaciones de que parte del personal de UNRWA colaboraba con Hamás, el responsable de la agencia sha señalado que había despedido inmediatamente a los implicados e iniciado una investigación. También ha pedido la cooperación de las autoridades israelíes «para que tengamos más que simples acusaciones».
Lazzarini ha señalado que la revisión encargada por el Secretario General de la ONU a expertos independientes sobre las acusaciones contra la agencia en relación con su «uso de los medios sociales, sobre túneles, sobre afiliaciones políticas» y sobre cómo de proactiva ha sido a la hora de responder a ellas comenzará este miércoles. El proceso durará probablemente dos meses y UNRWA está “comprometida a implementar las recomendaciones”.
En cuanto a la afirmación del ejército israelí de que un túnel y centro de datos situado a 20 metros por debajo de la sede de UNRWA en la ciudad de Gaza fue utilizado por Hamas, Lazzarini ha dicho que, una vez acabada la guerra, será necesaria una comisión de investigación. «Tenemos que examinar todas las situaciones en las que se ha faltado descaradamente al respeto a las instalaciones de la ONU».
Previamente, la embajadora permanente de Israel ante la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, ha señalado que su Gobierno no desea «ningún daño» a los civiles de Gaza y que sí tiene intención de cooperar con la investigación sobre la UNRWA, aunque «sigue en guerra con la organización terrorista Hamás».
«Nuestra lucha es con Hamás, no con el pueblo palestino», ha dicho la embajadora, que también ha insistido en que «hay alternativas a la UNRWA», una afirmación rechazada por Lazzarini, que ha dicho que «sería miope cerrar la agencia en un momento en que la Corte Internacional de Justicia ha pedido que se aumente la ayuda a Gaza».
Futuro en peligro
El impacto real no se sentiría sólo ahora, ha añadido, sino también durante la «fase de transición» tras el cese de las hostilidades.
«Tenemos medio millón de niñas y niños profundamente traumatizados a los que necesitamos devolver urgentemente a un sistema educativo», según el responsable de la UNWRA. Ha insistido en que esto no lo proporcionaría «una administración local emergente», y ha añadido que «no hay absolutamente ninguna otra agencia de la ONU» u ONG con experiencia en proporcionar servicios similares a los de un gobierno, incluida la educación a cientos de miles de niños.
España e Irlanda piden celeridad a la Comisión Europea
España e Irlanda ha pedido a la Comisión Europea que actúe urgentemente ante una posible ofensiva terrestre israelí en Rafah. Así lo manifiestan los presidentes de los gobiernos de ambos países, Pedro Sánchez y Leo Varadkar, respectivamente, en una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y al alto representante para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell.
