Así se fraguó la venta de Telefónica a los saudíes: con Sánchez de vacaciones en Marruecos, con un Gobierno en funciones y el Parlamento cerrado

La compra de un 10 por ciento de acciones de Telefónica por STC Group, empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí, ha sacudido Moncloa como un terremoto. Resulta difícil creer que la operación se ha llevado a cabo sin el conocimiento de Pedro Sánchez y Nadia Calviño, dos personas en estrecho contacto con el mundo empresarial y con todo lo que tiene que ver con el Íbex 35. Llama además la atención que la inversión (por un importe de 2.400 millones de euros) se haya planeado entre agosto y septiembre, un período de calma chicha en el ámbito político y también en lo económico. Con el Parlamento cerrado, con Sánchez de vacaciones en Marruecos, con las instituciones a medio gas, los reguladores financieros fuera de servicio y España en período de consultas para la formación de Gobierno, era el momento perfecto para dar el golpe, que en definitiva supone la venta encubierta de parte del buque insignia de las telecomunicaciones españolas. Nadie se esperaba el pelotazo, que ha tenido repercusiones en Bruselas, donde han saltado todas las alarmas tras la injerencia de un estado como el árabe, teocrático y letal para los derechos humanos, en la Bolsa española.

La operación no es casual ni en los tiempos ni en la forma. De hecho, es calcada a otras que ya se han llevado a cabo en el pasado, con los gobiernos del PP y el PSOE (ambos han vendido grandes compañías estratégicas al capital extranjero). Hoy son los saudíes, en tiempos de Felipe González fueron los kuwaitíes. Los personajes son distintos (clanes familiares y jeques) pero el modus operandi es el mismo. Se ha seguido un diseño estratégico aprovechando los recientes acuerdos bilaterales de colaboración económica firmados entre España y Arabia Saudí con las respectivas casas reales, árabe y española, como patrocinadores y mecenas. Ha sido tal el grado de planificación del golpe, que Zarzuela tuvo que salir ayer a desmentir que haya tenido nada que ver con la venta de acciones de Telefónica. Una información publicada en las últimas horas por este diario asegura que el rey Felipe VI no fue informado de antemano sobre las intenciones de los saudíes, según han trasladado fuentes de Zarzuela a la agencia Europa Press. “En la Casa del Rey no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica”, recalcaron las mismas fuentes.

Hasta los directores de orquesta de la audaz inversión son los mismos actores que aparecen en otras compras similares en el pasado. Como informa El Independiente, la adquisición de acciones de Telefónica ha sido dirigida y asesorada por Morgan Stanley, que sin duda ha tomado parte en la operación relámpago. “STC Group encomendó a Morgan Stanley a reunir a accionistas institucionales para poder llevar a cabo esta operación, que traducida en euros supone el desembolso de unos 2.400 millones de euros”, asegura el citado diario. No hace falta recordar la participación que tuvo Morgan Stanley en el caso Banco Popular, cuando valoró una ampliación de capital de 5.700 millones para la entidad posteriormente adquirida por el Santander a precio de saldo. De lo cual se deduce que el Popular no valía un euro (ese fue el precio final que le adjudicaron en un inmenso sarcasmo financiero) y también se desprende que había un interés en invertir esos 5.700 millones, al igual que ocurrió un mes después con las ofertas de 4.000 millones de Barclays y de Deutsche Bank. Obviamente, Morgan Stanley demostró que el Popular no estaba en quiebra.

El terreno estaba abonado para la operación Telefónica. Ni Sánchez ni Calviño, por mucho que le lleguen los rumores de OPA, están obligados a dar explicaciones sobre lo que se cuece en el mundo de las empresas del Íbex 35. Por otra parte, el PP, siempre partidario del ultraliberalismo y de la inversión extranjera, no vería con malos ojos la inversión. Está en su línea política y programática. Así que pudo haber cónclave bipartidista.

Quedan muchas preguntas en el aire sobre qué papel ha jugado el Gobierno (que, no lo olvidemos, tiene peones bien situados en la compañía de “telecos” española) en toda esta operación fraguada en tiempo récord. Se sabrá en breve, ya que la compra de acciones por parte de STC Group necesita del visto bueno de Pedro Sánchez, ahora en funciones tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, así como de organismos de regulación oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si el Ejecutivo permite que los árabes se consoliden como máximos accionistas de nuestra mayor compañía de telecomunicación se podrá decir aquello de “blanco y en botella”. Si hay marcha atrás, Sánchez podrá salir airoso de este turbio episodio que viene a confirmar el drama de la venta por parcelas de nuestras compañías más internacionales. El problema es que, una vez más, todo parece atado y bien atado, ya que al tratarse de una inversión menor al 10 por ciento (concretamente el 9,9 por ciento de acciones), Moncloa probablemente se escude en que no puede hacer nada para frenar el proyecto. Ni siquiera podrá aplicar la “ley antiopas”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Intervenir Telefónica, como ya se hizo con otras empresas en el pasado como Rumasa o Banesto, sería una demostración de socialismo de verdad. De momento, Yolanda Díaz ha reclamado en su cuenta de Twitter que “preservar nuestra autonomía estratégica es esencial”. “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles. Es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs. Debemos proteger nuestro futuro digital”, recordaba. Y los socios gubernamentales de Pedro Sánchez empiezan a exigir una intervención de Telefónica. Calviño, por su parte, se limita a echar balones fuera y a asegurar que el Ejecutivo ha reforzado desde 2018 los mecanismos para proteger los sectores e intereses estratégicos españoles y ahora está analizando “todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos”, como “el sector de actividad, su relación con la seguridad y defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el Consejo de administración u otros órganos de decisión de la empresa”. Además, Calviño ha explicado que la compañía se puso en contacto con el Gobierno en la noche del martes, transmitiendo “el carácter amistoso de la operación”, ya que STC ha expresado su intención de “no proceder a la toma de control de la empresa españoa”. Sería la primera vez que alguien invierte semejante capital para nada.