Así se va a hacer “la desjudicialización del conflicto catalán” acordada con los independentistas

Uno de los puntos del compromiso contraído por los socialistas con los independentistas catalanes del que apenas se ha hablado es lo que se llama “la desjudicialización del conflicto catalán”.

La derecha no ha tardado en alzar la voz denunciando que este acuerdo “significa abrir el camino a la ruptura de España”. La realidad es bien distinta. Lo que se busca con la “desjudicialización” no es otra cosa que la amnistía. ERC lo menciona literalmente en la traducción catalana del documento que entregaron a la prensa en la rueda de prensa de su dirigente parlamentario, Gabriel Rufián, en el transcurso de la constitución del Congreso de los Diputados.

Ahora toca negociar los términos de este punto del acuerdo. Sobre todo en lo que se refiere al alcance de esa “amnistía”. Porque una cosa es que beneficie a todos aquellos que participaron en “el procès” y otra es olvidarse de los delitos que cometió, por ejemplo, Laura Borras, la dirigente de Junts Per Catalunya que dice sentirse represaliada por el Estado español al haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por haber contratado de forma irregular a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Porque, por esa regla de tres, esa amnistía también debería aplicarse a los dirigentes y altos cargos del PP madrileños imputados en la Púnica y otras muchas contrataciones irregulares cometidas por alcaldes de varios pueblos de España en claros casos de nepotismo y malversación de caudales.

Y hablando de malversación. Lo que también hay que desarrollar en ese acuerdo para “desjudicializar” el conflicto catalán son los límites en los que se establece el olvido de los delitos cometidos por los líderes del procès. Parece claro que si vuelve a haber un gobierno progresista se consolidará la supresión de la sedición del Código Penal, algo que quería derogar la derecha. Desaparecida la sedición es lógico que los condenados por tal delito sean amnistiados porque lo que no existe no puede ser sancionado. Pero otra cosa es el delito de malversación. Se generó gran polémica en torno al argumento que utilizan los independentistas catalanes de que no malversaron dinero público porque convocaron “dentro de la legalidad” un referéndum que fue sufragado con fondos procedentes de las partidas de diversos departamentos de la Generalitat porque siguen alegando que la convocatoria fue legal por mucho que fuese prohibida por el Tribunal Constitucional.

El alcance de esa posible amnistía que van a negociar el gobierno central, si Sánchez sale investido, con Esquerra y Junts es difícil de determinar por todos esos matices. El encaje jurídico está claro que es posible. La Constitución no prohíbe la amnistía como lo hace explícitamente con los indultos generales. Pero no es lo mismo una cosa y otra. El indulto perdona, la amnistía supone el olvido. En una sentencia del Tribunal Constitucional se fundamenta que “la amnistía no debe de examinarse solamente desde una perspectiva limitada al ejercicio del derecho de gracia dado que también puede concebirse como una solución de derogación retroactiva de unas normas sancionadoras y de sus efectos adoptada por razones de justicia material”. Y en dicho fundamento es en lo que se van a apoyar los negociadores para sacar adelante la ley de amnistía comprometida.

Si la iniciativa sale adelante se habrá dado un paso de gigante para “desjudicializar” el conflicto porque todos los procesos abiertos, tanto en los juzgados catalanes como en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se archivarán automáticamente. Se supone que, de ser así, el llamado “Partido de la Justicia”, el grupo de jueces y magistrados conservadores que domina la judicatura en este país empezará a maniobrar para minimizar los daños colaterales de “su guerra” con el gobierno progresista. Y en ese supuesto habrá que tener en cuenta las trampas que pongan en el camino parlamentario. Hay que recordar que, en el Senado, el PP tiene mayoría absoluta Pero instructores como el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, deberán cancelar las causas que todavía están tramitando. Incluidas las de Puigdemont y Comín que ya no deberían ser calificados de “prófugos” pudiendo retornar al territorio español sin correr peligro de ser detenidos.

Además de la amnistía, el proceso de “desjudicialización” del llamado “conflicto catalán” tiene otras aristas. Los independentistas quieren que el Estado reconozca su equivocación al aplicar el artículo 155 de la Constitución mediante el cual se disolvió la Generalitat el 27 de octubre de 2017 y provocó el encarcelamiento de doce líderes, el exilio de siete personas,  254 funcionarios cesados, 108 iniciativas normativas descartadas, Catalunya gobernada desde Madrid y el Parlament paralizado, según datos de la Associació Servidors Públics de Catalunya, la entidad sin ánimo de lucro que realiza estos informes.

Una declaración en tal sentido que pretenden los independentistas puede ser declarada ilegal porque las órdenes decretadas desde Madrid en 2017 no sólo procedían del gobierno, es decir de las autoridades políticas, sino del propio Tribunal Constitucional, considerado máxima autoridad en lo que se refiere a la aplicación de la Carta Magna. Incluso podría suponer una desautorización de la Corona lo cual, en estos momentos y con la situación social existente, sería contraproducente.

Esa negociación incluirá otros importantes puntos que deberían acordarse para, de una vez por todas, devolver el llamado “conflicto” al terreno político de donde nunca debió de salir. Muchos de estos puntos, según se ha podido saber, ya han sido tratados en la famosa “mesa negociadora” del gobierno central y la Generalitat que se ha venido reuniendo durante la pasada legislatura y de la que poco, por no decir que nada, se conoce. De lo tratado allí se deberá dar cuenta porque de ello depende la buena marcha del proceso que ahora se avecina.