Las siete asociaciones de jueces y fiscales reanudarán este martes, a las 12.00 horas, las negociaciones con el Ministerio de Justicia, liderado por Pilar Llop. Esta decisión se da luego de que cinco de estas asociaciones suspendieran la huelga que estaba programada para comenzar el 16 de mayo. La finalidad de estas negociaciones es buscar una mejora salarial, tras el rechazo de la oferta de 46,7 millones de euros que el Ministerio presentó en la última reunión.
Las cinco asociaciones que habían convocado la huelga emitieron un comunicado conjunto en el que explicaban su decisión de suspender la huelga para continuar con las negociaciones. Esta decisión fue tomada después de que el Ministerio de Justicia y el de Justicia y Función Pública solicitaran posponer el inicio de la huelga hasta el viernes, prometiendo presentar una nueva propuesta este martes.
Diferencias entre las asociaciones convocantes
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces más grande, fue la última en suspender la huelga tras consultar con su ejecutiva. Afirmaron que la oferta del Ministerio era insuficiente y que era necesario avanzar en varios aspectos, como la adecuación de los grupos de población, el incremento del pago de los trienios y de las guardias, entre otros aspectos que afectan la estructura de sus remuneraciones.
Sin embargo, las diferencias entre las asociaciones convocantes son evidentes. Mientras que la APM decidió «suspender» la huelga sin dar una fecha concreta, las otras cuatro asociaciones optaron por posponer la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando.
En medio de las negociaciones, la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones culminó sin acuerdo, después de más de seis horas de negociación. En este encuentro no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio. Solo las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se manifestaron a favor de firmar el acuerdo con Justicia.
El viernes, cuando se anunció que las asociaciones convocantes suspendían la huelga, la Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado celebrando la decisión. Según ellos, esto evita «indeseados resultados como consecuencia del solapamiento entre la comisión de retribuciones y el comité de huelga».
La propuesta inicial del Ministerio de Justicia y Función Pública era de unos 44 millones de euros, lo que suponía resolver en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales. No obstante, las asociaciones denuncian que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. En una segunda reunión, el Ministerio elevó su oferta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.
