Tanto el Partido Popular como el PSOE, cuando han tenido obligaciones de gobierno, se han posicionado claramente en favor de los intereses de la banca y de los fondos buitre. No hay más que ver la posición inmovilista de los dos grandes partidos en lo referente a las cláusulas abusivas de la banca. En este caso, la sumisión al sector financiero ha llegado al punto de gastar dinero público en defender a los bancos ante los tribunales europeos.
En lo que respecta a las políticas de vivienda también ocurre más o menos lo mismo. Mientras las clases medias y trabajadoras siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica global de 2008, tanto PP como PSOE no han sabido dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, conculcando claramente lo que indica el artículo 47 de la Constitución y las declaraciones de derechos humanos tanto de la ONU como de la Unión Europea. Lo triste es que esto sucede, en primer lugar, para no dañar los beneficios de las entidades financieras y los fondos buitre y, en segundo término, olvidándose de la función principal de un gobierno, que no es otra que la defensa de los intereses primarios de las familias.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha dado la razón a una familia española que, a consecuencia de una situación sobrevenida por la crisis económica, se vio obligada a ocupar un piso que una entidad financiera tenía cerrado. Esta vivienda, en la actualidad, es propiedad de un fondo buitre. Desde entonces, esta familia ha visto cómo ha tenido casi una decena de procesos de desahucio abiertos mientras las administraciones públicas, en particular la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, no les daban una alternativa habitacional o un alquiler social, algo que lo que tienen derecho.
Al ver que no encontraban una solución de las administraciones del Partido Popular (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) la familia decidió denunciar la situación ante Naciones Unidas. Gracias a diferentes informes del DESC, tenidos en cuenta por la Audiencia Provincial de Madrid, de momento siguen viviendo en ese piso a la espera de que los organismos públicos les den una solución.
La situación es clara: el derecho a la vivienda está por encima del bien jurídico protegido, es decir, el piso vacío de un fondo buitre.
Sin embargo, el Estado español, gobernado por la coalición PSOE-Unidas Podemos recurrió la condena a España alegando que los derechos de esta familia no se habían vulnerado, que recibían una renta mínima de 800 euros (cantidad de dinero con la que es imposible acceder a un alquiler en Madrid), que disfrutan de sanidad y educación gratuitas y que cuentan con asesoramiento de los servicios sociales.
Es decir, España afirma que hay que sacar a esta familia de esa vivienda porque cumple con el sostenimiento de algunos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos. ¿Se puede llegar a tal ruindad por parte del Estado para defender los intereses de los bancos y los fondos buitre? Al parecer, en España, sí. Además, es que no es la primera vez en que el Estado, a través de su Abogacía, realiza una defensa radical de los beneficios de la banca en los tribunales internacionales. Y, supuestamente, ahora está en el poder «el gobierno más progresista de la historia».
Por su parte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han denegado a esta familia el acceso a una vivienda pública porque ahora están ocupando un piso de manera ilegal. En este punto, la ONU es tajante porque este requisito de los gobiernos de Ayuso y Almeida pueden perpetuar la situación precaria de las personas en situación de emergencia social, por lo que vulnera los derechos humanos.
