La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra quiere extender a todo el año las medidas del decreto anticrisis ante los efectos de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, cuya vigencia acabaría el mes de junio. Propone mejorarlo con más actuaciones, como “una drástica reducción del precio del transporte público, con abonos mensuales a 10 euros”, aunque está medida no es competencia estatal.
Decreto anticrisis
También quiere extender el escudo social del decreto anticrisis, con una actualización inmediata de las pensiones no contributivas al IPC y ampliar el bono social eléctrico a otros dos millones de españoles.
El real decreto de respuesta a los efectos socioeconómicos de la guerra fue aprobado el pasado mes de marzo y contiene una serie de medidas ambiciosas de corte económico y social para garantizar la protección de población vulnerable.
‘Plan España Responde’
El Gobierno dió luz verde al ‘Plan España Responde’ para hacer frente a la guerra en Ucrania, que incluía entre otras medidas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses
Plan de choque
Contó con 6.000 millones de euros en ayudas directas y de 10.000 Millones en créditos ICO, que se extiende hasta el 30 de junio. Es la respuesta española al impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Los ocho ejes del Gobierno
En este orden, estos son los ocho objetivos a tratar por el Gobierno:
- Bajar el precio del gas, electricidad y carburantes para los más vulnerables
- Apoyar a los sectores más afectados, pymes y autónomos
- Reforzar la estabilidad de precios
- Garantizar el suministro de productos
- Proteger la estabilidad financiera
- Acelerar el plan de recuperación
- Impulsar la eficiencia energética
- Reforzar la ciberseguridad
Reducción del precio de transporte público
El ministerio que dirige Belarra quiere complementar estas medidas con otras propuestas adicionales e incorporarlas al actual decreto para elevar la cobertura de la población más vulnerable ante los efectos de la subida de los precios de los carburantes.
Propone una reducción de los precios del transporte público en todo el país, combinada con el descuento a los precios del carburante. Demanda la creación de un fondo de ayuda a municipios y comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte públicos colectivos a un coste reducido, que a su vez reportaría un ahorro de energía.
Una medida imposible de llevar a buen puerto. Los gobiernos del PP, como el madrileño de Isabel Díaz Ayuso o el de Moreno Bonilla, nunca lo van a aprobar.
Mejorar las pensiones no contributivas
Ione Belarra reivindica “extender con carácter inmediato la actualización de las pensiones contributivas al IPC”, adelantando esa revalorización en la nómina de julio.
Desde Derechos Sociales, consideran que las pensiones más bajas, no pueden hacer frente al aumento de precios, inflación y consideran que no se debe esperar a final de año para aumentarlas. Con ello se quiere evitar que durante esos meses sus beneficiarios sufran una merma de su capacidad adquisitiva.
Bono social eléctricoDerechos sociales plantea una modificación del bono social eléctrico, que lleva demandando desde hace tiempo, para ampliar al volumen de beneficiarios, agilizar el acceso a esta ayuda y regular su aplicación desde el principio de precaución para que, ante una situación de impago, la empresa suministradora “deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción”.
Todas esas propuestas están muy, pero que muy bien; solo hay insignificante problema.
¿de dónde se saca el dinero para pagarlo?.