A Luís Rubiales, por toda la presión institucional y sobre todo social que, ha venido soportando, no le quedó otro remedio que dimitir de todos sus cargos. Lo ha hecho a su estilo, sin en absoluto pedir disculpas por las conductas infames que protagonizó en la reciente final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, celebrado el pasado 20 de agosto en Sidney.
Por la importancia del evento era retransmitido a gran parte del mundo y en directo se pudo contemplar como estando en la tribuna de autoridades, indecentemente al equipo de España marcar por mediación de Olga Carmona, en el minuto 29 de la primera parte el gol de la victoria, sin ningún respeto tiró ostentosamente de sus genitales hacia arriba. Ya sólo por ese infame hecho, que dejaba en clara evidencia al fútbol español, tenía que haber sido de inmediato destituido.
Pero la cosa se agravó, cuando en la entrega de trofeos e igualmente en directo se pudo contemplar, como cogiendo férreamente por la cabeza y sin poder de escapatoria, a la jugadora Jenni Hermoso le dio un beso forzado en la boca.
La reacción del feminismo no se hizo esperar y sobre la marcha, descalificaron ese tipo de comportamiento sumamente machista. Lo mismo hizo inmediatamente la selección campeona al unísono de sus 23 componentes, negándose a participar en las próximas competiciones deportivas, hasta que Luís Rubiales no abandonara o fuera destituido de su cargo, junto con la actual directiva y el cuerpo técnico.
Lo más importante es la gran gesta que protagonizaron, obteniendo muy merecidamente el Campeonato Mundial, pero esto ha servido para que la opinión pública, pudiera conocer los probables entresijos de la RFEF (si esos comportamientos han ocurrido siendo testigo directo la afición deportiva, ¿que podrá estar ocurriendo de puertas adentro?).
Por eso, no es suficiente la caída de Rubiales, sino va acompañada de una profunda regeneración de las estructuras de la RFEF, para que sea más democrática, transparente y participativa y que vaya acompañada de una total o gran renovación de sus cargos directivos, empezando por los presidentes y sus correspondientes directivas territoriales, personas que dependen de los grandes presupuestos de la RFEF, que los suele administrar arbitrariamente y «comprando voluntades» los presidentes de turno.
Pasó durante cerca de 29 años cuando presidia la RFEF Ángel María Villar. Tanto tiempo en el cargo fue como consecuencia de haber impuesto una estructura en la federación a su imagen y semejanza. Con toda probabilidad, hubiera continuado en el referido cargo, de no haber sido detenido el 18 de julio de 2017 e ingresado en prisión, por orden del juez Pedraz y con arreglo al Caso Soule, por los graves delitos presuntamente cometidos. Para poder salir, el 1 de agosto pagó la fianza de 300.000 euros. Sin embargo, el juicio aún no se ha celebrado.
El 17 de mayo de 2018 le sustituyó Luis Rubiales, encontrándose con una herencia que le posibilitaba seguir con las mismas prácticas que su antecesor, gracias sobre todo a los grandes presupuestos que administraba, lo que le permitía con los mismos, tener de su parte a prácticamente el conjunto de los miembros de las asambleas, como se pudo comprobar en la del pasado 25 de agosto.
Las presiones ejercidas por las jugadoras y gran parte de la sociedad dieron sus frutos, con la destitución del equipo técnico encabezado por el seleccionador Jorge Vilda, que ha sido sustituido por Montse Tomé, primera mujer que ha pasado a ocupar ese puesto. Dentro de la profunda regeneración y renovación que precisa la RFEF, ¿por qué para el cargo de la Presidencia, no se elige igualmente a una mujer eficaz, con gran experiencia y capacidad?. Con toda seguridad, le daría mayor realce y prestigio al futbol femenino español.
Pero debido a todas las grandes pasiones que se mueven en torno al fútbol, con sus tantos millones de seguidores y seguidoras y los voluminosos presupuestos que administra, se hace muy necesario dotar al Consejo Superior de Deporte, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte de mucha más capacidad y autonomía, para resolver cualquier problema o anomalía y sobre todo casos sumamente conflictivos. Esa es la garantía que debería abordarse en beneficio de las y los deportistas y de la sociedad en general.
