La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo ha recordado que la Ley de Dependencia nació fruto del pacto social y ha reivindicado la totalidad del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar. “El desarrollo de la Ley sigue siendo un reto para las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno”.
Durante la inauguración de la jornada sobre Dependencia, organizada por el sindicato CCOO en la sede del Consejo Económico y Social, junto a la presidenta, Mari Carmen Barrera la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, la ministra ha identificado varios desafíos, entre ellos; promover la autonomía personal, responder a las necesidades de las personas con dependencia y sus familias.
Carcedo también ha apuntado que la situación de las trabajadoras del sistema de atención a la dependencia “debe abordarse a corto plazo”. Este sector tiene un empleo con fuerte componente personal, principalmente feminizado. “Por cada millón de euros invertido se han creado 34 puestos de trabajo”, ha destacado.
“A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no recibieron el apoyo necesario, el Gobierno recuperó la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales”, ha recordado la ministra de Sanidad, y ha destaco que fue el Gobierno del PP quien, en 2012, había anulado esta prestaciones, de las que se beneficiaban principalmente mujeres.
La ministra de Sanidad ha destacado que fue el Gobierno del PP quien, en 2012, había anulado las prestaciones a las cuidadoras no profesionales
Desde su recuperación se ha multiplicado por siete el número de convenios suscritos, ya son más de 50.000, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Carcedo ha recordado que los PGE recogían incrementar la aportación al sistema en 831 millones de euros. “Hubiésemos alcanzado los 2.231 millones, la mayor dotación destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)” y además pretendía reducir las listas de espera hasta en un 75%.
Para la ministra de Sanidad, otra de las cuestiones a desarrollar, es la figura del asistente personal. “Puede ser una herramienta que posibilite la atención de calidad y favorezca la creación de empleo”, ha asegurado,
“Tanto el Estado Central como las comunidades autónomas deben profundizar en las medidas que ya se han acordado en los órganos de gobernanza del sistema, e intercambiar buenas prácticas, que permitan que todos sigamos aprendiendo”, ha concluido María Luisa Carcedo.
Más recursos públicos para garantizar unos cuidados eficientes y de calidad
La presidenta en funciones del Consejo Económico y Social (CES) y secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, y Mari Carmen Barrera, ha afirmado la necesidad de “abordar el acceso a unos cuidados de larga duración asequibles y de calidad se presenta como uno de los principales retos de los sistemas de protección social”.
Mari Carmen Barrera ha recordado que en el CES se está elaborando, “por propia iniciativa, un informe sobre el Sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”.
Iniciativa que se une a la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España que el CES realiza cada año, y que incluye siempre, dentro de su capítulo III “Calidad de vida y cohesión social”, una sección al análisis de la atención a la dependencia y los servicios sociales.
Un análisis que manifiesta que “la protección social de las personas mayores, al estar fuertemente influida por la evolución demográfica, debe ser vista como un aspecto más, aunque de gran relieve, dentro del conjunto de estrategias orientadas a dar respuesta a los retos del envejecimiento”. Pero, además, Barrera ha considerado que “éste es un tema que reviste especial importancia también desde la perspectiva de género, lo que es tanto como decir desde la perspectiva de la igualdad”.
En este sentido, ha afirmado que “estamos en un terreno en el que los riesgos de desigualdad aparecen, tanto desde la perspectiva de género y desde la de edad, como desde la más general de las situaciones de desigualdad económica que pueden llegar a traspasar los umbrales de la pobreza. Estamos en un terreno en el que es fundamental la acción equilibradora de las políticas públicas, como las de atención a la dependencia”.
Para la presidenta en funciones del CES, “se avecina una crisis de los cuidados y hay que poner todos los recursos suficientes a soliviantarla. Es uno de nuestros grandes retos”.
Unai Sordo y Paula Guisande
Unai Sordo, que ha intervenido en la clausura de la jornada, ha querido trasladar tres cuestiones prioritarias en este ámbito: la política de cuidados, el objeto de servicios de la dependencia, va a tener gran importancia en los próximos años fruto del proceso de envejecimiento, de las pensiones y del propio modelo sanitario; un segundo punto que alude especialmente al sindicato y que tiene que ver con la profesionalización, la cualificación y las condiciones laborales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia; y por último, el secretario general de CCOO ha hecho referencia a la brecha de género, ya que los cuidados son realizados mayoritariamente por mujeres que dejan su carrera profesional y se ven perjudicadas en sus futuras pensiones.
Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar los compromisos adquiridos hace tiempo con las administraciones. “Necesitamos un compromiso político de cumplimiento regulatorio , financiero y presupuestario porque quien no está cumpliendo como se requiere con los acuerdos alcanzados es la Administración General del Estado». “Tenemos en nuestro país unos servicios públicos muy consolidados, como la enseñanza y la sanidad, y es urgente que la dependencia y la necesidad de financiación del sistema de dependencia estén vinculados a la mejora de nuestros ingresos fiscales. Alcanzar la reducción del margen de diferencial fiscal con la Unión Europea tiene que ser una posición para hacer una reforma fiscal en profundidad en nuestro país”.
En este sentido, Unai Sordo ha recordado que para lograrlo es imprescindible contar con una situación de normalización política y espera que en las próximas semanas se pueda producir un fuerte impulso de políticas progresistas que nos permita salir del atolladero psicológico en el que todavía estamos inmersos producto de estos años de crisis y de políticas de devaluación.
“Es un momento complejo pero tenemos la oportunidad de que la gente entienda la diferencia entre políticas progresistas, conservadoras o liberales en la medida en que demos saltos cualitativos en el fortalecimiento de servicios, impulsados desde la Administración Pública, que aún que no están en el imaginario colectivo. Si fuésemos capaces de dar un salto adelante en materia de dependencia, de reducción de listas de espera, de financiación previsible, de mejora de las condiciones laborales del sector, de vincular a las personas, sobre todo a todas esas mujeres que trabajan en el sector de la dependencia, a procesos de formación y cualificación permanente empezaremos a legitimar elementos que vertebran sociedad y elementos que vertebran país”.
En su intervención, la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, ha concretado los retos de este sistema de protección que, fruto del diálogo social, vio la luz en diciembre del 2006 con la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La financiación que actualmente no permite dar cobertura al 100% de las personas en situación de dependencia, las proyecciones demográficas que auguran un aumento del porcentaje de la población mayor de 65 e incluso de 80 años, la dispersión geográfica, la atención en zonas rurales, entre otros, son desafíos para un sistema que debe ser prioridad para el futuro Gobierno.
