Señor.
Antes de dirigirme a usted he querido saber su currículo para tener una mayor idea de a quién me dirijo i, la verdad, es que es muy bueno y le felicito, lo repaso por si acaso he omitido -involuntariamente- algunos datos.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue el número uno de su promoción tanto en el Curso General de Abogacía de la Escuela Práctica Jurídica como en el Curso Especial de Derecho Laboral de la Escuela de Práctica Jurídica.
Ejerció como secretario general de la Presidencia del Gobierno desde junio 2018 hasta que fue nombrado ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en julio de 2021. Con anterioridad, y desde 2008, ocupó el puesto de Letrado del Banco de España y, posteriormente, fue nombrado jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica.
Ha sido premiado con la Cruz Distinguida de 2ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia, con el premio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y con el premio de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
Me resulta incompresible que una persona de su preparación realice declaraciones que no se ajustan al derecho internacional y a los pactos adoptados e -incluidos en la constitución por España- que no se cumplen.
Según manifiesta, la reforma del código penal continúa tratando de delito lo que ocurrió en el año 2017. Así mismo, asegura que no habrá ningún referéndum pactado en Cataluña. Todo ello relacionado con el Procés catalán que usted conoce perfectamente.
Quisiera recordarle algo que, estoy seguro que usted ya conoce, pero que no he visto publicado en los principales medios de comunicación españoles, cosa habitual cuando se trata de críticas a España, es lo siguiente:
Después de la aplicación del 155 en Cataluña, la ONU emitió un comunicado a la web de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, donde se deploraba la supresión de la autonomía de Cataluña por ser contrario a los derechos fundamentales, a la legalidad internacional y también a la española.
De una manera muy clara y diáfana, explicaba que la aplicación del 155 suponía una retroceso inaceptable en la aplicación de los derechos humanos, que era contraria en los artículos 1, 19, 25 y 27 del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos (ICPCR]) y que, atención, también era contrario en la propia Constitución Española, que, en virtud de su artículo 10 (2), se auto obliga a ser interpretada siempre de acuerdo con los pactos internacionales firmados por el Estado Español en materia de derechos fundamentales (incluyendo el mencionado ICPCR).
El comunicado era muy contundente estableciendo el carácter ius cogens del derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, que es un derecho fundamental que en caso de conflicto está por encima de otros derechos. Esto significa, por ejemplo, que el derecho a la autodeterminación está por sobre el derecho a la integridad territorial de los estados, y que estos últimos no tienen, por lo tanto, la potestad para denegar su ejercicio.
Más bien lo contrario, de acuerdo con las diversas resoluciones de la ONU (por ejemplo, al 2625/XXV del 24 de octubre de 1970), los estados no solo no se pueden negar, sino que tienen que velar por su ejercicio en libertad y sin interferencias.
Constitución española. Artículo 10.2: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España.
¿A que ya le ha venido de nuevo a la memoria señor Bolaños?
En una nueva carta, le haré llegar el informe de la Naciones Unidas, por si no lo conoce o lo ha olvidado.
No enredes a la gente Manel.
El derecho de autodeterminación solo es aplicable para territorios colonizados lo que excluye a Cataluña o cualquier otro provincia de un país democrático.
Sobre la asonada de 2017, acontecimientos de un parecido asombrosos con los recientes de Brasil, decir que no son delito es legitimar los golpes de estado
Sobre los informes favorables de los grupos de trabajo de la ONU todos sabemos a estas alturas como se consiguen, y tú también.
Sr. Ortiz, el Sr. Manel Mas no quiere enredar a nadie, el ve cómo muchos catalanes independentistas una realidad que no es la del Sr, Ortiz.
Desde Catalunya uno de los motores de España, ven cómo los gobiernos de Madrid, legislatura tras legislatura oprimen el Progreso que se quiere hacer desde Catalunya, en todas sus facetas tanto de infraestructuras como políticas. No hay otra realidad.