La Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado su firme rechazo a la reciente Resolución que afecta a la elección de centros y servicios educativos por parte de los inspectores e inspectoras de Educación. Esta medida, publicada el pasado 27 de julio, ha generado un profundo malestar en el gremio, dado que atenta contra la autonomía y la libertad de elección que históricamente han tenido estos profesionales.
Modificaciones significativas
La Resolución en cuestión introduce modificaciones significativas en el sistema de elección de lotes, que son grupos de centros, programas y servicios que los inspectores supervisan directamente cada cuatro cursos. Esta medida ha tomado por sorpresa a los inspectores e inspectoras, ya que afecta al proceso de elección de lotes que debe llevarse a cabo en los primeros días de septiembre de 2023.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid
El impacto de esta resolución no solo se limita a la comunidad de inspectores e inspectoras, sino que también afecta a la calidad de la educación y a la autonomía de los centros educativos. Galvín destaca que esta modificación no aporta ningún beneficio a los centros, programas y servicios educativos ni a la comunidad educativa en general. Más bien, parece ser una imposición destinada a recortar la libertad e independencia de la Inspección de Educación, lo cual es motivo de preocupación.
Galvín califica esta modificación como «inaudita» y señala que «ha cogido a todos los Inspectores e Inspectoras por sorpresa ante lo inminente del acto de elección de lotes». La medida contradice la Orden 732/2021 que regula el funcionamiento de los Servicios de Inspección y cambia drásticamente lo que se venía haciendo durante décadas.
En un esfuerzo por abordar este asunto de manera constructiva, CCOO solicitó formalmente un diálogo con los responsables de Educación, incluyendo al consejero de Educación, el viceconsejero de Organización Educativa y el director general de Recursos Humanos, hace un mes. El objetivo era encontrar una solución que permitiera mantener el sistema de rotación consolidado, que otorgaba a los inspectores e inspectoras la libertad de elección de centros, programas y servicios educativos, así como una mayor independencia en sus funciones.
Sin embargo, a pesar de las solicitudes de CCOO y la propuesta inicial de la Viceconsejería de tratar el asunto en una reunión programada para el 1 de septiembre, no se ha concretado el encuentro. Isabel Galvín subraya que «no podemos tener por segundo año consecutivo la Inspección judicializada y paralizada por la cerrazón de sus responsables», ya que esto afecta gravemente a la calidad de la educación al obstaculizar el funcionamiento de este servicio crucial.
La comunidad educativa está atenta a los desarrollos de este conflicto, que podría tener un impacto significativo en la educación en la Comunidad de Madrid.
