CGPJ: Ni lo uno ni lo otro

Hablamos de la votación del Consejo General del Poder Judicial para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que todavía les corresponde por ley. Ni Moncloa ha decidido sacrificar a José Manuel Bandrés para evitar deteriorar la imagen nacional e internacional tal y como vocifera la derecha mediática, ni se ha logrado una mayoría progresista suficiente como para inclinar a su favor las leyes y normas recurridas como valora la izquierda. Las consecuencias de los resultados de este martes son, ahora mismo, imprevisibles. No hay claudicación, ni tampoco mayoría progresista por mucho que unos y otros nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino.

Moncloa nunca “ha sacrificado” a nadie porque Moncloa nunca ha susurrado al oído de los vocales progresistas del CGPJ nombre alguno. Ni siquiera se ha mantenido contacto con Álvaro Cuesta, el “hombre de Ferraz” porque en cierta ocasión fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Si los vocales progresistas apostaron por Bandrés es, lisa y llanamente, porque es el jurista con mayor prestigio dentro del Tribunal Supremo. Un hombre al que no hay que decirle lo que debe de hacer. Sus ideas no tienen nada que ver con el mundo de la política. Y sí. Es amigo de Cándido Conde Pumpido, el magistrado maldito, excomulgado, anatema o como se quiera llamar, de la derecha.

El fiscal general del Estado en tiempos de Rodríguez Zapatero. Pero eso no significa que le hubiese votado para la Presidencia del TC. De hecho, en privado, Bandrés ha mostrado cierta simpatía por la otra candidata, María Luisa Balaguer. De lo que no cabe duda es de su integridad dentro de un colectivo, el de los magistrados del Tribunal Supremo, muy desacreditado por obra y gracia de los nombramientos que durante ocho años han llevado a cabo los vocales conservadores con el ex director general de Justicia de Aznar, Carlos Lesmes, al frente.

Pedro Sánchez nunca ha interferido en las decisiones de los vocales progresistas del CGPJ. Ellos decidieron, por su cuenta, una hora antes del pleno, dar la sorpresa y aceptar la imposición de los conservadores aún a sabiendas de que con ella se rompe la tradición de que cada bloque propone un candidato que asume la otra parte.

El presidente del CGPJ en funciones, Rafael Mozo,  Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga, otra maldita a la que los vocales conservadores pidieron que se abstuviera porque es la esposa de Conde-Pumpido, se reunieron y hablaron por videoconferencia con el resto del grupo. Decidieron aceptar la propuesta de los conservadores para desbloquear la elección y acabar con la crisis que se había generado. Ya habrá tiempo, señalaron, de llevar a cabo las reformas pertinentes para acabar con esta concepción patrimonialista de las instituciones que tiene la derecha de este país.

Lo cierto es que esta cesión permite, por fin, la renovación del Tribunal Constitucional. Salen 3 magistrados conservadores y 1 progresista, y entran 3 progresistas y 1 conservador. De esta manera queda reflejada la mayoría surgida de las urnas de noviembre de 2019. Y eso es lo que se piensa en la izquierda.

Pero ¿va a ser así en realidad? En Moncloa no las tienen todas consigo. El nuevo tribunal tiene que sentenciar sobre asuntos tan delicados como la derogación de la sedición, la reforma de la malversación, y los indultos a los dirigentes del procès. Lo que se ha dado en llamar la “desjudicialización” del conflicto con Catalunya. Y hay algún magistrado de los nuevos que ha mostrado públicamente alguna reticencia sobre este delicado tema. Hay quien recuerda lo que pasó con el Estatuto catalán de 2015 y la sentencia de inconstitucionalidad que fue aprobada con los votos de algunos magistrados progresistas.

Y luego están otros recursos. El de Vox contra la Ley Celaá por dejar de sufragar con dinero público a los colegios que segregan a niños por sexos. El recurso ancestral de la Ley del Aborto. Otro de la formación ultraderechista contra la Ley de Protección de la Infancia. Y también el que quiere impugnar la toma de posesión de los diputados que facilitaron la mayoría de Pedro Sánchez por la forma en que juraron o prometieron sus puestos.  Además, está el recurso presentado por el exdiputado canario, Alberto Rodríguez, contra la decisión de la presidenta del Congreso de apartarlo de su escaño.

La correlación de fuerzas en el Tribunal constitucional queda, sobre el papel, en 7 magistrados de corte progresista y 5 conservadores. Pero cualquier circunstancia puede dar la vuelta a un organismo que siempre se ha distinguido por sus sorpresas a la hora de dictar sentencia.