El cabo Marco Antonio Santos ha sido definitivamente expulsado del Ejército tras no prosperar el recurso de alzada contra la decisión del Jefe del Estado Mayor que le acusó de dos faltas muy graves por emitir opiniones públicas que iban en contra de lo indicado en las leyes que rigen la neutralidad política y sindical de los militares. Sin entrar en el asunto concreto de si la libertad de expresión reconocida en la Constitución prevalece sobre estas normativas, sobre todo cuando muchas de las acusaciones y afirmaciones realizadas por el cabo eran en defensa de una democracia más completa que la que hay ahora en España, la realidad es que Santos dejó abierta una espita muy importante que Margarita Robles está obligada a continuar.
En concreto, el cabo denunció la corrupción en el Ejército al acusar a varios altos mandos militares de malversación del dinero de la comida de los militares. Ahí no se trataba de la opinión sino de un hecho que ha sido condenado por el Tribunal Supremo y que debería abrir la vía para que Defensa pusiera en funcionamiento todo el aparato investigador del Estado, dejando fuera a la inteligencia militar, por supuesto, para desentrañar las tramas corruptas que existen en las Fuerzas Armadas.
En referencia al tema denunciado por el cabo Santos sobre la comida de los militares, una sentencia del Tribunal Supremo detalló cómo dos tenientes coroneles se dejaron corromper a cambio de mediar en las contrataciones para instalaciones militares y fueron condenados a dos años de prisión. Esta trama de corrupción estaba relacionada con la adjudicación de contratos a empresas privadas de mantenimiento militar a cambio de regalos, comidas y comisiones. La causa estaba relacionada con la empresa Ucalsa que, según la sentencia, utilizaba un mecanismo con el que se dejaban corromper los altos mandos no se diferenciaba demasiado de escándalos recientes como la trama Gürtel.
Según la sentencia, uno de los mandos condenados, «haciendo uso de la información de la que como jefe de la Sección Económico Administrativa disponía, amén de su experiencia en contratación pública, mantuvo contactos por correo electrónico» con al menos dos empleados de Tecnove y con uno de los directivos de Ucalsa para tratar sobre la «adjudicación de los contratos de mantenimiento de la base militar» española en Quala i Naw. En concreto se trataba de la «construcción del módulo de vida número 13 en el acuartelamiento, del servicio de peluquería, mantenimiento, limpieza y gestión del gimnasio». El contrato debía favorecer a Tecnove, que finalmente se vio beneficiada por la adjudicación de los pliegos administrativos.
Esta sentencia del Supremo relacionada con Tecnove y Ucalsa no hubiera sido posible si la instrucción la hubiese llevado un tribunal togado militar.
Por esta razón, Margarita Robles tiene una oportunidad que no se le ha presentado a muchos ministros o ministras de Defensa: limpiar el Ejército de corruptos. Las Fuerzas Armadas dan un ejemplo diario de entrega al pueblo y lo han hecho en la actual crisis sanitaria. Sin embargo, la buena imagen no se puede romper con tramas de corrupción como la sentenciada por el Supremo. Robles lo puede hacer, sólo falta la voluntad de poner los medios adecuados para hacerlo.
