¿De qué sirven las exculpaciones del Caso Maracena? De nada. El juez ya votó a la derecha

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un serio varapalo al juez instructor del Caso Maracena. No se puede imputar a nadie simplemente porque el principal encausado haya señalado con el dedo a otras personas sin pruebas. Y, añadimos, lo que no se puede hacer es, una semana antes de las elecciones municipales, levantar el secreto de un sumario en el que se acusan al número dos del PSOE de Andalucía y la alcaldesa de la localidad por unos delitos de corrupción que ni siquiera está probado que hayan cometido ni nada que se le parezca. Resultado: el PSOE de Andalucía perdió la alcaldía de Maracena y gran parte de Andalucía. Para los ciudadanos puede más la palabra de un inculpado de secuestro, que fue identificado por la víctima, que la presunción de inocencia de terceros. Y encima, el juez pirómano que echa gasolina al fuego.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que no existen indicios suficientes como para mantener la investigación y ha devuelto al juzgado numero 5 de Granada el sumario para que agote todas las investigaciones que, consideran, no se han acabado. “No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones no constatadas«, apunta el auto del magistrado Antonio Moreno Marín, que ejerce como ponente del escrito de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA. El juez considera «prematura» la remisión de la causa al alto tribunal andaluz y echa en falta que el instructor no haya profundizado en la investigación remitiéndolo al TSJA por la condición de aforado de Noel López, uno de los investigados que es diputado en la Cámara regional y secretario segundo de la Mesa del Parlamento.

El magistrado ponente reconoce que la inculpación de la exalcaldesa, Berta Linares, del concejal de urbanismo, Antonio García Leyva, y del secretario de organización del PSOE-A, Noel López, procede de las declaraciones de un detenido, como autor del secuestro de la concejala Vanessa Romero. Pero dichas declaraciones, según el TSJA “no han sido contrastadas”. «Confrontar sus manifestaciones y las imputaciones que se derivan de ellas, con las personas no aforadas a las que se refiere, se consideran diligencias imprescindibles e indispensables«, insiste el auto de la alta instancia judicial, Además, el fiscal se había pronunciado en contra de este asunto por considerar que no se habían practicado suficientes indagaciones.

El instructor, José Sola, de momento, no se ha dado por aludido y ha apartado del mismo a las defensas de Noel López, Berta Linares, y Antonio García Leyva por creer que el caso había sido asumido por el Tribunal Superior de Justicia, algo que no ha ocurrido por lo que deberá admitir la personación de los letrados que representan a estos, todavía, inculpados.

De todas maneras, el mal ya no tiene remedio. Y por mucho que se intente profundizar en esta causa lo cierto es que se ha tenido en cuenta las manifestaciones del autor del secuestro sin haber sido contrastadas. Y políticamente esto ha tenido sus consecuencias. Noel López es una persona importante en el nuevo PSOE de Andalucía. Ha dejado todos sus cargos hasta que este asunto no se aclare judicialmente. Pero eso no ha servido de nada. La votación del 25 de mayo ha hecho mucho daño al partido. Y en Maracena todavía más. La concejala secuestrada, Vanessa Romero, no ha aportado ningún documento que pruebe la comisión de delitos de corrupción urbanística en la localidad cometidos por la anterior alcaldesa. Lo único que hay, aparte de las declaraciones del presunto secuestrador, son una serie de conversaciones telefónicas. Unas conversaciones que, por cierto, pueden ser declaradas ilegales porque se han obtenido sin autorización judicial.

Lo que queda claro con este asunto es el daño que una actuación judicial puede hacer a la política de este país. El instructor levantó el secreto del sumario una semana antes de las elecciones. En la localidad, la candidatura socialista perdió votos y concejales. Berta Linares, que encabezaba la lista, tuvo que renunciar a ser reelegida y, además, abandonó la concejalía que la correspondía por elección. Todo para no perjudicar a su partido.

Las investigaciones del juzgado número 5 de Granada van a continuar con toda seguridad. Pero ya quedarán condicionadas por la corrección efectuada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y los jueces seguirán influyendo en las elecciones. Al menos hasta que hayan conseguido su objetivo de cargarse todo lo que huela a PSOE. Y más en Andalucía. Y más en Granada donde las sospechas sobre sentencias absurdas están a la orden del día.