La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Madrid ha remitido a los Ayuntamientos de Getafe y Pinto, así como a las principales organizaciones ecologistas, la documentación de la modificación de la Autorización Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 6 nuevas macroplantas que la Mancomunidad del Sur lleva años planeando.
El proyecto, tal como ha denunciado la Plataforma por el Cierre del Vertedero de Pinto/Getafe, «se ha estado llevando a cabo a espaldas de la ciudadanía y con una falta total de transparencia, de la cual es una buena prueba que la Mancomunidad no haya publicado ni una sola de las actas de sus asambleas, ni en todo el año 2022 ni en lo que llevamos de 2023».
Según explican, «sólo gracias a que, por imperativo legal, las principales organizaciones ecologistas deben de ser informadas de este tipo de proyectos, sabemos, a partir de las 1.180 páginas del documento, que la superficie de la zona de actuación para la construcción de las nuevas macroplantas superará los 140.000 m2»
Instalaciones previstas
Entre las instalaciones previstas destacan una planta de residuos mezclados, con capacidad para 600.000 toneladas al año y que incluirá además una planta de materia orgánica de 180.000 toneladas al año; una planta de residuos voluminosos, que recibirá 75.000 toneladas al año; una planta para fabricación de Combustible Sólido Recuperado (CSR), que producirá 150.000 toneladas al año de material combustible para incineración a partir de basura, y una planta de incineración de animales domésticos, con un horno crematorio de gasoil para quemar 500 toneladas de animales muertos al año. Además, la planta de envases, en funcionamiento en Pinto desde 1998, será ampliada hasta los 16.500 m2 y así aumentar su capacidad, desde las 27.000 toneladas al año actuales hasta las 40.000 toneladas al año proyectadas.
En cuanto a la planta de biometanización y compostaje actual, en funcionamiento en Pinto desde 2004 y fuente de «innumerables irregularidades sancionadas e investigadas por diversos organismos, como el Defensor del Pueblo, la Comisión Europea o la propia Consejería de Medio Ambiente, se ampliará para recibir 75.000 toneladas al año de fracción orgánica procedente de recogida selectiva (FORS), incorporando un nuevo biorreactor».
Todo ello supone la mayor ampliación, con diferencia, de las sufridas por el vertedero de Pinto en sus 37 años de historia, que elevarán la superficie ocupada hasta los 950.000 m2.
Estas grandes construcciones son, en opinión de los 52 colectivos que conforman la Plataforma por el Cierre del Vertedero de Pinto/Getafe, «instalaciones y tecnologías totalmente obsoletas e insostenibles, más propias del siglo pasado que del año 2023 y que en ningún caso servirán para alcanzar los objetivos de recuperación, presentes y futuros, fijados por los organismos estatales y europeos».
Hasta seis figuras de protección
También denuncian que la ubicación elegida para este proyecto «no puede ser peor desde un punto de vista ambiental», pretendiendo construir en medio de un territorio natural protegido no por una, sino por hasta seis figuras de protección: Parque Regional del Sureste, Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y albergando dos Hábitats Prioritarios dentro de la Directiva Hábitats (92/42/CEE).
Posible despilfarro
La Plataforma por el Cierre del Vertedero de Pinto/Getafe señala que el presupuesto inicial que maneja la Mancomunidad del Sur es «la ingente cantidad de 210 millones de euros, que será un auténtico despilfarro de fondos públicos y que sólo servirá, como fue el caso de la planta de biometanización -ya totalmente desahuciada por la propia Mancomunidad-, para que grandes empresas se enriquezcan con la construcción de las instalaciones y que éstas posteriormente no tengan ningún tipo de control efectivo y sean un foco de irregularidades».
De llevarse a cabo lo que definen como un proyecto «insostenible y peligroso», los posibles daños potenciales «serán verdaderamente significativos y afectarán gravemente al aire, al suelo, a la vegetación, a la fauna, a los ecosistemas y, especialmente, a la salud de los habitantes del sur que llevan casi 40 años viviendo junto al mayor y más tóxico vertedero de todo el continente europeo».
