Esta semana el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la anulación de las sanciones impuestas por incumplir el confinamiento durante la pandemia, después de que el Tribunal Constitucional considerase que la medida fue inconstitucional.
La Sala de lo Penal ha anulado una condena por delito de desobediencia a una persona que se saltó la obligación de confinamiento, y lo ha hecho basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma.
Con esta decisión, se abre la puerta a que todas las multas y condenas impuestas por este mismo motivo sean igualmente anuladas. La sentencia del Supremo considera que la orden en la que los agentes de la autoridad se basaron para sancionar al ciudadano, fue antijurídica, por lo que desobedecerla no puede ser constitutivo de delito.
El derecho deambulatorio, es decir, a la libertad de movimiento, así como la propia intimidad, la libertad de reunión, de pensamiento y expresión, son algunos de los derechos que se han visto frontalmente atacados durante la pandemia del Covid-19.
Con el paso del tiempo se han ido conociendo resoluciones judiciales que han confirmado que las decisiones tomadas desde el nivel gubernativo carecían de respaldo jurídico y legal para limitar los derechos fundamentales de la manera en que se hizo.
Sobre estos importantes hechos hablamos en Grupo de Control con el juez José María Asencio. Carlos Sánchez plantea al juez cuestiones de interés para cualquier ciudadano, y sobre todo, teniendo en cuenta que en próximas ocasiones, ya tendremos jurisprudencia para poder evitar que se cometan abusos de nuevo.
Puedes ver aquí la entrevista a José María Asencio.
