El recibimiento a la futura Ley de Universidades, que el pasado martes se aprobara en el Consejo de Ministros, no parece haber recibido las bendiciones de los agentes universitarios implicados en la reforma.
De hecho, los universitarios se oponen a la propuesta. A su juicio, «supondrá un retroceso en los derechos estudiantiles».
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) rechaza que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria. Insiste en que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años. Estas medidas, a su juicio, «perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades».
Sindicatos
Por su parte, los sindicatos también reciben con postura crítica a la futura Ley de Universidades. De hecho, UGT recuerda que aunque la ley pretende solucionar algunos de los problemas de precariedad laboral instaurados en las Universidades Públicas españolas, «es insuficiente y no ha habido negociación«.
El texto para UGT es merecedor de un estudio profundo. Desde este sindicato, según su comunicado al que ha tenido acceso Diario16, «esperamos que recoja mejoras durante su trámite parlamentario».
UGT anuncia que hará hará llegar al Ministerio una serie de propuestas y reivindicaciones al documento que también haremos llegar a los grupos parlamentarios».
Así las cosas, UGT UNIVERSIDAD ha sido convocada a una reunión el próximo día 15 de septiembre, para “contrastar” la Ley, según palabras del propio Ministerio.
Por su parte, desde CCOO también muestran una postura crítica con la iniciativa del ministro Manuel Castells. A juicio de este sindicato, el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) “reduce la democracia interna y empeora la Educación Superior”.
Según indicó el sindicato en un comunicado, la propuesta del ministro Manuel Castells no solventa el problema de la financiación y mantiene la precariedad del personal. La organización también protestó porque el texto “no ha sido consultado (y mucho menos negociado) con los agentes sociales”. Además, para CCOO, el anteproyecto, con 107 artículos, “es muy detallado en algunos apartados y demasiado vago en otros”.
