«Desde 2016 hasta 2019 nadie controló si los datos que pasaba la banca al Banco de España eran correctos»

Félix Alonso Cantorné tiene una intensa carrera política y una dilatada experiencia en el mundo del periodismo. Sin embargo, lo que sorprende cuando hablas con él es que su propio discurso transmite transparencia, un elemento fundamental para desempeñar un cargo como el que actualmente desarrolla en la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares.

Siempre trabajó en los medios de comunicación. Empezó como auxiliar de redacción en el vespertino Catalunya Express, pero, sobre todo, su carrera se desarrolló en el diario deportivo Sport.

Desde el año 2011 a 2019 fue alcalde de Altafulla, en la provincia de Tarragona, cargo que compatibilizó con un escaño en el Congreso de los Diputados por la misma provincia desde el año 2015 a 2019.

La Dirección General de Consumo de las Islas Baleares hizo historia cuando abrió un expediente sancionador a una entidad financiera por manipulación y ocultación en una hipoteca con IRPH. Este expediente terminó con una sanción económica para el banco.

La Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha sido pionera en abrir expedientes sancionadores a las entidades bancarias por el IRPH. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Es cierto. La verdad es que me sorprende que aparte de Diario16 tenga muy poca repercusión, porque finalmente es un tema que afecta a muchos ciudadanos, es un tema de interés social. Podemos estar equivocados o no, porque evidentemente no tenemos la verdad absoluta y puede que al final el Tribunal Supremo nos dé la razón, no nos la dé, pero sea como sea, tiene un interés.

Después de muchos años trabajando e investigando el asunto del IRPH, de estudiar y analizar documentación, sentencias, autos, prejudiciales, al final te das cuenta de que fue el informe de Goldman Sachs, que dice que los bancos tendrían que devolver hasta 70.000 millones a los afectados, el que da la clave de lo que realmente está ocurriendo con este asunto…

Claro que sí. Es un problema, claro. Ahora que tengo labores ejecutivas entiendo que es un problema, pero, por mucho problema que sea, hay una injusticia y tenemos que darle solución.

Respecto al IRPH, la Administración tendría mucho que decir. Ustedes lo han hecho…

Evidentemente, yo conocía el IRPH, pero supongo que como la mayoría de los ciudadanos tenía esa nebulosa que lo hacía incomprensible que es lo que seguramente le ha pasado a muchos magistrados. Nada más aterrizar en la Dirección General de Consumo teníamos una reclamación sobre la mesa por IRPH contra una entidad financiera. Yo entiendo que estamos en política no sólo para ser útiles, sino también para intentar buscar soluciones y ayudar a la gente. Entonces fue cuando nos metimos en el asunto. Una de las primeras cosas que hago es preguntar ¿cómo es posible? Yo no soy un experto, no tengo fondo jurídico. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Cómo es posible que después de tantos años, ante una evidencia tal, nadie haya puesto el hilo en la aguja? Entonces me dan varios motivos. En primer lugar, porque las encargadas de controlar las cláusulas abusivas son las autoridades de consumo. En este país sólo somos nosotros. Lo cual es muy preocupante porque si nos quitan esas competencias nadie controlará las cláusulas abusivas y de hecho, muy pocos controlan las cláusulas abusivas, o si las controlan no lo dicen, con lo cual todavía es más preocupante. La opacidad en este país para según qué cosas y según qué empresas es muy preocupante. El tema financiero, durante tiempo, nunca se consignó como cláusula abusiva. Como siempre se había dejado en manos de los tribunales, siempre esperaban a ver qué decían para que las autoridades de consumo actuaran. Los tribunales ya sabes los tiempos que se demoran.

Sin embargo, sí que pueden actuar antes que la Justicia, ¿verdad?

Sí, podemos actuar antes que los tribunales dictaminen. Nosotros podemos ver si es una cláusula abusiva o no lo es. Analizamos la reclamación y posterior denuncia a una entidad bancaria y vemos que hay cláusula abusiva. Muchas habían prescrito porque se consideraba el hecho en el momento en que se firmaba la hipoteca. Encontramos la fórmula: como si iba renovando cada 6 meses se mantenía viva esa cláusula abusiva. Ahí es cuando vemos que hay posibilidad de entrar y abrir expediente sancionador y lo hicimos a la entidad financiera. Entendíamos que, como mínimo, se tenía que abrir el melón. Lo que no podía ocurrir es que ante una circunstancia que todo el mundo considera injusta que la Administración no ejecutara nuestra obligación. Hasta ahora seguimos siendo la única administración de consumo que lo ha hecho.

¿Qué ocurrió cuando se dictó la sentencia del TJUE sobre el IRPH?

El TJUE nos daba la razón, porque lo que decía que en el IRPH faltaba transparencia y es lo que decíamos nosotros. Era evidente que los clientes no tenían ni idea de lo que estaban firmando porque, además, es tan complejo que, incluso, ni en el Tribunal Supremo lo entienden. Ahí nos dimos cuenta de que a nosotros también nos faltaban elementos para enjuiciarlo. Nosotros podemos saber cuándo es una cláusula abusiva, cuando es información engañosa o poco transparente. Nos faltaban más datos. Ahí fue cuando le encargamos a Guillem Bou y a José María Erauskin los informes que hicimos públicos y que vosotros estáis analizando muy adecuadamente. Ahora la Comisión Europea nos vuelve a dar la razón porque dice que se ha de comparar y nosotros tenemos una herramienta en línea para que la gente pueda comparar su hipoteca con otros índices de referencia. Ahí se ve claramente que el IRPH era abusivo. Fuimos lo suficientemente atrevidos, audaces, para ver que había un problema y que había que actuar. Luego, por distintas razones, tanto el TJUE como la Comisión Europea nos ha dado la razón. Ahora solo falta que el Supremo lo haga. Creo que, finalmente, terminará dando la razón.

¿Qué les dicen los afectados por el IRPH?

A los afectados les hemos dicho que nosotros no podemos entrar en la devolución del dinero. Nuestra función es decir que esto es abusivo y abrir expediente sancionador. Todo lo que sea para demostrar que eso es así lo hemos trabajado. Ese es, quizá, nuestro gran mérito, poner de nuevo en el candelero el tema del IRPH para que se vuelva a difundir. Para ello hemos tenido de Diario16 una ayuda perfecta. Tengo claro que nosotros estamos en política para ser útiles. Se ha detectado un problema porque la ciudadanía lo ha reclamado y se ha hecho lo posible desde el punto de vista legal para que se pueda discutir.

¿Y los supervisores?

Tuvimos una reunión con el Banco de España para hacerle diferentes preguntas. Algunas no consideraron que pudieran resolver. Una de las cosas que detectamos en aquel momento fue que el Reglamento de 2016 del BCE sobre la recopilación de datos granulares de riesgos crediticios no se aplicó hasta 2019. Esto quiere decir que nadie controlaba los índices de referencia oficiales. Los bancos y las cajas pasaban lo que consideraban que era la media y, por tanto, el Banco de España consideraba la buena fe que en años anteriores se demostró que no la había en la banca de España. Desde 2016 hasta 2019 nadie controló si los datos que pasaba la banca son correctos. Eso es muy preocupante. Puede que sean correctos, yo no lo sé, no lo pongo en duda, pero si sé que no se comprobó. En este país da la sensación de que el Banco de España supervisa lo que tiene que supervisar, pero en algunas hay lagunas y, sobre todo, hay opacidad porque muchas cosas que preguntamos no nos las dieron. Si no se las dieron a un gobierno autonómico del Estado español. Sólo se las dan a los jueces pero si éstos encima no terminan de hacer el trabajo hasta el final estamos en un bucle que lo único que demuestra una opacidad del sistema que, al final, te genera dudas de que hay mucha gente que tiene razón cuando se siente injustamente maltratada por quien le tiene que dar una solución. ¿Cómo es posible que el Banco de España emitiera aquella circular se olvidara que se cumpliera? Una de las cosas que le pedimos fue que nos dijeran cuántos IRPH había en Baleares y cuántos tenían diferencial negativo. Los datos que nos dieron eran de los últimos años cuando ya no había habido casi IRPH. En total, eran 32 casos. ¿Y antes? No lo sabían ni nos lo van a decir.

El «Estudio sobre el Desequilibrio Financiero en la Contratación IRPH» de la Dirección de Consumo de las Islas Baleares ya está siendo utilizado por la Justicia a la hora de elevar cuestiones prejudiciales a Europa. Eso es un verdadero éxito…

El Estudio ha servido para dar argumentos en estos casos de IRPH. Era fundamental. Yo puedo dar mi opinión, en cambio, ese estudio está basado en las matemáticas. No hay interpretación.

La Abogacía del Estado, en el caso de IRPH de Banco Santander que se está dirimiendo en el TJUE por la prejudicial de Mallorca, afirma que los bancos no estaban obligados a aplicar el diferencial negativo en las hipotecas IRPH porque aparece en el preámbulo de la Circular del Banco de España. ¿Cómo valora que la Abogacía del Estado se ponga tan de parte de la banca?

En el Banco de España nos dijeron que esa era la posición de la Abogacía del Estado. Como ya hemos comentado antes, desde el 2016 al 2019, cuando gobernaba el Partido Popular, no se controló absolutamente nada. Se han encontrado con un problema muy grave y desgraciadamente el Estado prefiere defender a la banca porque le puede beneficiar que a los afectados. Es así de triste. Por eso tiene que haber una intervención política. Por eso, las administraciones de consumo que decir algo y por eso es importante que se pongan pruebas encima de la mesa para demostrar que eso no es así. Si la banca lo hizo mal, mala suerte. Serán los juzgados los que determinarán si hay que devolver o no el dinero. Lo que es evidente, y es lo que estamos reclamando, es que el IRPH tiene que desaparecer y la gente que está pagando el IRPH se le aplique el Euribor en el momento en que contrataron la hipoteca. Ahora mismo hay gente que está pagando mucho. Nosotros no entramos en la devolución del dinero porque no es nuestra competencia. Eso depende de los jueces. Me preocupa como ciudadano, evidentemente. El Estado mira más por la estabilidad económica y de la banca que en los ciudadanos.

Como administración de consumo, ¿podéis convertiros en una especie de contrapoder de los tribunales para mostrar el camino que los tribunales deberían seguir?

Mi voluntad política fue esa. Dentro de nuestra competencia está la posibilidad de hacer informes o estudios para ayudar a los consumidores a que se cumpla la norma. Por eso hicimos el informe para decir «oiga, esto es así», por mucho que los abogados de la banca digan otra cosa. Nosotros como tenemos potestad sancionadora y, por tanto, si vemos que una cosa es abusiva, podemos abrir expedientes sancionadores. Eso es lo que me ha preocupado y me he sentido muy solo desde un punto de vista político, mediático y del resto de autoridades de consumo. Al final, parece que sólo es Baleares. Baleares está haciendo lo que tenía que hacer. Los demás tienen que hacer también su parte. En realidad somos un elemento de ayuda al consumidor para que no sólo los grandes abogados terminen convenciendo a los jueces. Insistimos, no estamos hablando de análisis subjetivos, sino que estamos poniendo sobre la mesa elementos objetivos. No entramos en el ámbito jurídico pero matemáticamente está demostrado que el IRPH fue un abuso.