El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 2.903 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Estos fondos se financian a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de promover la creación de empleo en el país.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que la creación de empleo está en el centro de las políticas públicas del Gobierno, y en esta ocasión, se enfocarán en la empleabilidad de uno de los colectivos más vulnerables: los parados de larga duración, con especial atención en aquellos mayores de 45 años, de los cuales hay 1,2 millones en esta situación en España. Díaz ha animado a las comunidades autónomas y a los empresarios a contratar a este grupo, destacando que «las empresas no pueden prescindir del talento de las personas que se encuentran en lo mejor de su carrera profesional».
Además, el Gobierno ha analizado el anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, así como la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, que busca impulsar, visibilizar y consolidar un modelo productivo formado por 43.000 empresas que generan casi 2,2 millones de empleos en el país.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha resaltado que la futura Ley de Economía Social está vinculada al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, y que las empresas de economía social representan un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) en España y contribuyen a generar un 12,5% del empleo.
Entre las novedades de la Ley Integral de la Economía Social se encuentra la actualización de la vigente Ley de Cooperativas, con la modernización del funcionamiento de sus órganos societarios y la implantación del voto digital para facilitar la participación de los socios. Además, se promoverá la feminización de las cooperativas mediante la creación de la Comisión de Igualdad y la obligatoriedad de contar con planes de igualdad, siguiendo los estándares de las empresas ordinarias.
La norma también introduce mejoras en las empresas de inserción, cambiando el concepto de empresa de inserción y poniendo el foco en los factores que determinan la situación de vulnerabilidad o exclusión social de las personas. Se busca que las personas en riesgo de exclusión social transiten hacia el empleo ordinario a través de una modalidad contractual llamada «Transición al Empleo Ordinario», acorde con la reforma laboral.
La ministra Yolanda Díaz ha resaltado que estas medidas colocan a España a la vanguardia de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino a nivel mundial. Se busca una economía social sólida, feminista, que genere arraigo en los territorios y sea resiliente ante los desafíos económicos y sociales.
