La presión sindical ha surtido efecto tras la rueda de prensa de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo en los que anunciaban concentraciones en toda España contra la reforma del cálculo de las pensiones a 35 años.
El Gobierno ha decido no incluir en la información remitida a Bruselas sobre la reforma de las pensiones, elevar a 35 años el periodo que se utiliza para calcular la pensión de jubilación, según ha anunciado tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los sindicatos han mostrado desde el primer día su rechazo frontal a la reforma, porque ampliar el plazo desde los 25 años actuales perjudicaría a los trabajadores con menores salarios en el inicio de sus carreras profesionales, lo que produciría una reducción de la prestación.
Este recorte estaría en el entorno del 5%, según estimaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La idea, impulsada desde este ministerio, no tenía el apoyo de Unidas Podemos, socio del Gobierno.
Montero ha añadido que el objetivo del calendario de reformas enviado a Bruselas en materia de pensiones es garantizar el sostenimiento del sistema en el medio y largo plazo, y ha recalcado que, no obstante, se trata de un borrador sobre el que deberá pronunciarse la CE y que tendrá que ser debatido en el marco del Diálogo Social con patronal y sindicatos.
La ministra ha explicado que ya se han remitido a Bruselas las 30 fichas o componentes que el Gobierno de coalición se ha comprometido a acometer para poder recibir los fondos europeos de reconstrucción y ha puntualizado que las dos últimas fichas, la del mercado de trabajo y la de pensiones, se remitieron ayer por la tarde.
En materia laboral ha señalado que el plan «contiene los elementos generales que inspiran la reforma laboral, con todos los elementos más lesivos, incorporados en el acuerdo de investidura» y sin dar detalles se ha referido a medidas para frenar la temporalidad en el mercado de trabajo.
La ministra Portavoz ha remarcado que se trata de la agenda «que el Gobierno de coalición tenía en su hoja de ruta desde el acuerdo de investidura«, tanto en materia laboral, como en formación, educación o agricultura.
