El gobierno de la minoría ha matado a la democracia

Si alguien piensa que en los países y las potencias occidentales todavía existe la democracia, se está equivocando. La democracia murió en el año 2008 con la creación de un escenario en el que los intereses de las élites se han priorizado a la defensa del bienestar de la ciudadanía. Para que esta situación haya sido efectiva ha sido necesaria la complicidad de la clase política y de las distintas administraciones públicas, sobre todo de la Justicia.

Ayer, coincidiendo con el Foro Económico Mundial de Davos, fue publicado un informe de Oxfam Intermón en el que se demuestra cómo se está produciendo una acumulación de riqueza alarmante mientras que las clases medias y trabajadoras han disminuido su capacidad adquisitiva.

Sólo en los últimos tres años el 1% más rico del mundo acumula la mitad de los activos de todo el mundo. Mientras tanto, el resto de la humanidad ha perdido 1,5 billones de dólares que equivalen a 25 días de salario mensual.

En España, el 10% más rico acumula la mitad de la riqueza nacional, mientras que el 1% de la población acapara el 22%.

En un Estado democrático y de derecho, que es lo que suponen que son las democracias, esto es inadmisible. La sumisión de la clase política que tradicionalmente ha gobernado en los países democráticos, es decir, socialdemócratas, liberales y centro derecha, ha sido la causante de esa acumulación irresponsable de riqueza, del incremento de la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía y del crecimiento de las opciones populistas de extrema derecha, extrema izquierda y los movimientos antiglobalistas.

Los ciudadanos de las democracias occidentales ya no confían en las administraciones públicas tanto como antes. No hay democracia porque quienes gobiernan en realidad y se benefician del sistema es una minoría. Es el gobierno de la minoría.  

Distintos estudios sociológicos señalan que, tras la II Guerra Mundial, un 75% de los ciudadanos de las democracias occidentales confiaban en que los gobiernos elegidos por el sufragio libre del pueblo harían lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la tendencia comenzó a tornarse levemente bajista en las décadas de 1960 y 1970. Los cambios sociales y el incremento de las clases medias hicieron que las necesidades crecieran.

En los últimos 20 años del siglo XX, el ataque neoliberal al Estado del Bienestar iniciado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, provocó que la desconfianza en las instituciones públicas aumentara, a pesar de coincidir con una época de expansión económica.

Sin embargo, en las últimas dos décadas esos modestos niveles de confianza se han evaporado por completo por culpa de la ineficacia de los gobiernos para resolver las necesidades reales de la ciudadanía. Según diferentes estudios, sólo un 15% de los ciudadanos de las democracias occidentales confía en sus administraciones públicas.

A esto se une la desconfianza hacia las grandes empresas porque, precisamente, son las que se están beneficiando de la creciente desigualdad que reflejan los datos del informe de Oxfam. Las diferencias salariales en momentos de crisis muestran el sistema que se ha creado. Las elevadísimas remuneraciones de los directores ejecutivos simbolizan a la perfección cómo los políticos están permitiendo que las clases dominantes se enriquezcan a costa de los trabajadores. Los niveles salariales de los directores ejecutivos, según ha detallado el Instituto de Política Económica, se han disparado en alrededor de un 1.460% por ciento desde 1978.

Hay otras situaciones que los políticos no pueden (o no quieren) resolver mientras los que más tienen siguen incrementando sus riquezas. Mientras en muchos países democráticos han vuelto las largas colas para poder obtener alimentos, los beneficios empresariales se disparan. Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con la atención de la clase política y ya no es inhabitual que se produzcan gravísimos retraso en el pago de las nóminas de sus trabajadores.

Por otro lado, mientras los directores ejecutivos de las grandes empresas incrementan sus salarios de manera desproporcionada, los gobiernos permiten los abusos y los fraudes laborales que derivan en el pago de sueldos por debajo del salario mínimo o las horas extra sin remunerar.

Las familias de las clases medias y trabajadoras ven cómo sus gobiernos no dedican recursos suficientes para el control de estos empresarios. Esta situación lo que provoca es que las empresas tengan impunidad absoluta. Es normal que haya desconfianza en las administraciones públicas.

Por el contrario, los ricos Los disfrutan de todo tipo de tratamientos especiales por parte de los gobiernos, sobre todo a través de políticas fiscales que incentivan el fraude, la elusión y la evasión. Además de leyes ineficaces o que materializan la injusticia, como sucede en la Comunidad de Madrid, las normativas fiscales de las democracias dejan puertas abiertas para, por ejemplo, que los activos de capital tengan una tributación mínima o nula, lo que supone un refugio para que los millonarios oculten patrimonio en acciones o productos bursátiles para reducir su aportación al Estado del Bienestar.

Esta situación que propugna la falsa creencia de que si los ricos o las grandes empresas no pagan impuestos habrá más puestos de trabajo o mejores salarios es la que, desde un punto de vista social, está generando el fracaso de los estados democráticos. Los ciudadanos ven cómo sus gobiernos no incrementan su inversión en sanidad, educación, políticas activas de empleo, recursos para la vivienda pública, subidas de salarios o de pensiones porque la clase política ha caído en la trampa de los poderosos: no hay protección social porque no existe la recaudación que deberían sostener los que más tienen o los que más ganan.

Además, los ciudadanos ven que no pueden encontrar la justicia en los tribunales cuando esas clases dominantes cometen abusos o perpetran delitos. En la gran mayoría de los países democráticos existe la percepción de que la corrupción judicial es un hecho. En algunos, la percepción pasa a ser evidencia.

Por tanto, tras el 2008 los ciudadanos han perdido la confianza en las democracias y en las administraciones públicas porque el sistema ha virado hacia la protección de los poderosos, no de los ciudadanos. Esa es una de las razones del crecimiento de los populismos de extrema derecha, extrema izquierda o de los movimientos antiglobalistas. Por esa razón, en Estados Unidos volverá a gobernar un personaje tan nocivo como Donald Trump, en Italia gobierna Giorgia Meloni y en Argentina David Milei, por citar sólo algunos. Los ciudadanos ya han probado votar a socialdemócratas, a liberales o a cualquiera de las tendencias del centro derecha. Todos ellos han fallado y, por tanto, sólo queda confiar en quienes prometen romper el sistema, algo que es una falsa esperanza porque ese sistema tiene todos los recursos posibles (y puede comprar lo imposible) para frenar a quien tenga que frenar.