En respuesta a la última condena de siete años de prisión impuesta a Aung San Suu Kyi por presunta corrupción, Meg de Ronde, directora regional de Amnistía Internacional, ha declarado que “de principio a fin, los procesos amañados que se han seguido contra Aung San Suu Kyi han sido de motivación política, injustos y carentes del más mínimo ápice de transparencia. Lo mismo ocurre con los cargos contra los miles de otras personas que se consumen entre rejas en las conocidas prisiones y centros de interrogatorio de todo Myanmar.”
Según Ronde, “desde que tomaron el poder hace casi dos años, las fuerzas armadas de Myanmar han convertido el sistema de tribunales y prisiones en un infierno para los derechos humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchas otras personas son encarceladas únicamente por expresar su disidencia pacíficamente.”
“El hecho de que este veredicto se haya dictado menos de 10 días después de una amonestación poco frecuente del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el fin de la violencia y la excarcelación de los presos y presas que están recluidos arbitrariamente demuestra que es necesario —urgente— ejercer más presión sobre el ejército de Myanmar”, explica.
Para la directora regional de Amnistía Internacional, “el Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo de armas integral, incluso al combustible para la aviación, y sanciones específicas a los dirigentes militares. La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a la población de Myanmar.”
Tras la última declaración de culpabilidad dictada contra la dirigente civil derrocada Aung San Suu Kyi el 30 de diciembre de 2022, ésta se enfrenta a 33 años de prisión. Suu Kyi fue detenida arbitrariamente al inicio del golpe, el 1 de febrero de 2021.
Atrocidades contra la población rohinyá
Amnistía Internacional sigue pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que remita cuanto antes la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI), para que se empiece a abordar la impunidad que ha imperado tanto para las atrocidades contra la población rohinyá como para los crímenes cometidos desde el golpe de Estado de febrero de 2021. El Consejo sólo ha utilizado en dos ocasiones su poder de remitir a la CPI situaciones de atrocidad (Sudán y Libia), y ahora debe remitir urgentemente la grave situación de Myanmar.
Casi dos años después del golpe de Estado militar de febrero de 2021, más de 1,4 millones de personas están desplazadas dentro de Myanmar, más de 13.000 están detenidas en condiciones inhumanas, al menos 73 están condenadas a muerte y 7,8 millones de niños y niñas están sin escuela.
Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos, desde el golpe de Estado el ejército de Myanmar ha matado a más de 2.600 personas. Entre las víctimas hay manifestantes pacíficos, activistas en favor de la democracia y otros civiles. El ejército de Myanmar ha ignorado flagrantemente las peticiones de que respete los derechos humanos, incluido el consenso de cinco puntos de la ASEAN que el propio ejército accedió a implementar en abril de 2021.
Las atrocidades cometidas desde el golpe de Estado del año pasado vinieron precedidas de la brutal campaña de crímenes de lesa humanidad emprendida en 2017 que, por medio de ejecuciones extrajudiciales, incendios provocados y agresiones sexuales, expulsó a Bangladesh a más de 740.000 rohinyás del estado de Rajine. Se calcula que un millón de personas refugiadas rohinyás viven actualmente en Bangladesh, y muchos de sus poblados en Rajine han sido borrados del mapa.
