El acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos mayoritarios para la subida salarial de los trabajadores públicos tiene como consecuencia que seguirán perdiendo poder adquisitivo, pero de manera acelerada. Así lo ha denunciado la Federación de Trabajadores de la Administración Pública (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Para este sindicato de clase, el acuerdo no solo es claramente insuficiente con relación al incremento salarial que establece para el período 2022-2024, sino que es oscuro y opaco en cuanto a los detalles al propio proceso de su negociación y las contrapartidas implicadas en la misma.
Según FETAP, se ha llegado a dicho acuerdo por detrás, en reuniones y mesas paralelas con los sindicatos mayoritarios (en concreto UGT, CCOO y CSIF), y fuera de los canales institucionales legalmente establecidos para la negociación colectiva en el sector, tal y como ha denunciado públicamente uno de los sindicatos presentes en la MGN de la Función Pública, en concreto, la Confederación Intersindical Galega (CIG).
Además, se trata de un acuerdo en el que se dejan un sinfín de materias sin resolver para la negociación posterior en «nuevas mesas y encuentros en las que se venderá la retórica del pacto frente a los deficientes números del mismo», afirma FETAP.
Según el análisis realizado por la federación de CGT, los números son demoledores. Cuando las previsiones de subida del IPC para 2022 se acercan al 10%, el Ministerio de Hacienda ofrece una presunta subida acumulada del 9,5% en tres años:
- Para 2022: Un incremento a consolidar del 1,5%, sobre el 2% previamente incorporado a los Presupuestos Generales del Estado 2022 (y, por tanto, ya aplicado con anterioridad a éste nuevo acuerdo).
- Para 2023: Subida fija del 2,5% más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera condicionada a que el IPC de 2022 y 2023 supere el 6%. La segunda condicionada a que el PIB nominal en 2023 llegue al 5,9% (harto improbable a tenor de la última previsión del Banco de España: 1,4%).
- Para 2024: Aumento fijo del 2% más un 0,5% condicionado a que el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.
«En definitiva, en apenas tres años, y siendo muy optimistas, se puede acumular una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 10%. Suponiendo siempre que se produzca una reducción progresiva del IPC, algo difícil de prever a tenor de los datos subyacentes. Poco más habría que añadir a un dato tan demoledor si no fuera porque además es un nuevo capítulo de un proceso que empezó ya hace una década», afirma FETAP.
El sindicato analiza lo ocurrido en los trece últimos años –incluido el actual- y comprueba la tremenda pérdida acumulada de poder adquisitivo entre los empleados y empleadas públicas. Desde aquella histórica bajada salarial del 5% de 2010, durante el gobierno de Zapatero, hasta finales del presente año 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulado rondará el 16,3%.
Por otro lado, FETAP denuncia que, como ha ocurrido en algunas otras ocasiones, se intenta ahora suavizar esta clara pérdida de poder adquisitivo «con alguna promesa poco precisa relacionada con la recuperación de las 35 horas semanales», la jubilación parcial anticipada, el incremento de las tasas de reposición, la implementación de medidas de igualdad o el teletrabajo, para el caso de la Administración General del Estado (AGE).
«El contexto en el que se debe situar esta pérdida relativa de salarios directos entre empleados públicos no es sino el del retroceso en las condiciones laborales y salariales de toda la clase trabajadora, y en todas sus formas: Salario indirecto (prestaciones, servicios públicos e infraestructuras), salario diferido (jubilaciones, bajas, prestaciones por desempleo, etc), o salario directo incorporado periódicamente en nómina», denuncia FETAP.
Esta desvalorización de las rentas del trabajo, así como su precarización laboral, forma parte de un largo proceso de liberalización económica, contención del gasto público, privatización de empresas y servicios y deslocalización industrial que llevan, entre otras consecuencias, a que las diferencias entre las rentas del capital y del trabajo en el Estado español sean cada vez mayores, especialmente en épocas de crisis sistémicas, y también con gobiernos que se autodenominan «los más progresistas de la historia».
