El Supremo ha decidido investigar a Puigdemont por terrorismo y los periódicos de la caverna lo celebran. Se trata de una victoria clara de toda una determinada costra, después de haber fabricado relatos sobre esa jornada en la que intentaron cargarle a Tsunami Democrático una muerte que el SEM, la autopsia e incluso la embajada de Francia desvincularon de la protesta. La decisión del Supremo no tiene sentido, según mi opinión personal, pero era necesario el trabajo de la prensa amiga para allanar el camino de una consideración penal puramente política e ideológica.
Cinco jueces del Supremo le imputan terrorismo a Puigdemont sin ninguna duda, titula por ejemplo El Mundo. En Libertad Digital, la columnista y ex candidata de Ciudadanos a la Xunta Cristina Losada defiende que la protesta fue terrorismo y declara que tomaron el aeropuerto, aislaron la torre de control y perturbaron el tráfico aéreo. Pero la Agencia de Seguridad Aérea asegura que la acción no supuso peligro para personas ni aviones. Lo único que puso en riesgo, es la fantasía de hacer correr que Puigdemont era el cerebro tras esa demostración de terrorismo que, de aceptarse, permitiría al tribunal ejercer de legislador –y torpedear la ley de amnistía– en una delicada y nueva muestra de la separación de poderes que existe en España.
He publicado muchos artículos referidos al Procés, destaco los siguientes publicados en este mismo medio: Marchena y la revisión del juicio del Proceso, El informe de la ONU sobre la situación de Catalunya y ¿Quiere el PP acabar con el problema catalán? En ellos he defendido el Procés, el derecho a la autodeterminación y la negativa de una parte de la derecha española a que termine el conflicto Catalunya/España.
En el BOE núm. 103, de fecha 30/04/1977, se ratificó la adhesión de España al PACTO NTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS que en su artículo nº 1.1 señala: Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
Por si todo esto y mucho más, no fuera suficiente para justificar el 1º de octubre en Cataluña, El Tribunal Internacional de la Haya dijo en fecha 22/07/2010 lo siguiente:
1/. Declaramos que no existe, en Derecho Internacional, ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia.
2/. Declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda.
3/. Declaramos que, en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es esta la que crea y modifica cuando sea necesario, la legalidad vigente.
Entiendo que si las resoluciones de la ONU son de 1970 y la Constitución de 1978. Por qué España admitió incluir aquellos pactos y lo reflejó en el artículo 10.2 de la carta magna, sin decir que no pensaba cumplirlos?
La decisión del Tribunal Supremo sin duda va contra Puigdemont, pero… ¿Sería lo mismo si no hubiera de por medio la ley de Amnistía o pretende matar dos pájaros de un tiro? Veamos que dice la comisión de Venecia al respecto.
Quede claro que han sido el poder judicial y el PP los que se han dirigido a esta comisión con la esperanza fallida de obtener un informe desfavorable. Este mismo viernes hemos conocido el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía que habían solicitado el Senado y el PP, en la confianza de que iba a suponer un varapalo a la misma. Resulta que la Comisión avala la amnistía como herramienta legítima para la «reconciliación social y política», confirma que otros países europeos han aprobado leyes similares y, aunque critica que se tramite con carácter de urgencia, no ve en ella riesgo alguno para la separación de poderes, puesto que serán los jueces quienes la apliquen a los casos que corresponda Convendría que algunos jueces, fiscales y dirigentes políticos instalados en la derecha hiperbólica y deslegitimadora echasen una mirada al informe, aunque siempre podrán esgrimir que, el mismo no es vinculante. De esto, España tiene una larga y dilatada experiencia cuando no les gusta.
Por último, aconsejo a los lectores lee la carta que el escritor y periodista Jesús Maraña ha dirigido al juez Marchena, donde le hace una serie de indicaciones que, en mi modesta opinión, debería tener presente ante posibles sentencias provenientes de la justicia Europea.
Debido a su larga extensión, no la incluyo en el artículo, pero les dejo la referencia para poder leerla si lo desean.
