Nuevo revés judicial para la empresa canadiense de la Mina Penouta y la propia Xunta de Galicia, que han visto desestimados sus recursos contra la medida cautelar de suspensión de explotación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia después de que la autorización concedida, el año pasado, fuera impugnada por Ecologistas en Acción.
Pese a las amplias declaraciones escritas de la minera y del Ministerio de Economía e Industria, el órgano judicial ha rechazado todos y cada uno de los argumentos presentados, dando la razón a la organización ecologista en que «la tramitación del proyecto omitió la preceptiva evaluación de los impactos en el espacio Red Natura 2000, a pesar de encontrarse a cero metros de la Zona Especial de Conservación de Peña Trevinca».
Hasta doce alegaciones de advertencia
En el auto, se critica que la Xunta de Galicia no subsanó este defecto durante la tramitación, «pese a que en 12 de las alegaciones presentadas durante el procedimiento ambiental se advirtió al respecto». También considera que gran parte del cauce de los ríos alrededor de la mina tiene «altos niveles de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, lo que supone un riesgo para las poblaciones que se abastecen de ellos, incluida la propia localidad de Viana».
El Tribunal también ha desestimado la pretensión de Minerales Estratégicos de imponer una fianza a Ecologistas en Acción de más de tres millones de euros, recordando que «si la empresa decidía realizar inversiones antes de que la resolución que aprobaba el proyecto fuera firme, era bajo su propio riesgo».
El auto recoge la advertencia de los ecologistas de que «atribuir pérdidas a terceros es una práctica habitual de los directivos que controlan el accionariado de la empresa, los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger», que ya estuvieron al frente de la petrolera colombiana Pacific Rubiales Energy y que aparecen en los «Papeles de Panamá» de la firma Mossack Fonseca.
Campaña de intimidación
La sentencia judicial llega después de dos meses intensos en los que la empresa, según Ecologistas en Acción, «utilizó a los trabajadores para intentar presionar al órgano judicial, organizando incluso una manifestación ante los Juzgados de A Coruña, y para atacar a Ecologistas en Acción a través de pancartas difamatorias e insultos en las redes sociales».
Paralelamente, la Cámara Oficial Minera de Galicia, organismo presidido por un empleado de Minerales Estratégicos, presentó una denuncia falsa en los Juzgados de A Coruña contra media docena de activistas del grupo ecologista, atribuyéndoles el «ataque violento» a su sede. Precisamente el presidente de la Cámara afirmó, el pasado mes de octubre en una rueda de prensa, en Viana do Bolo, que la entidad minera intentaría «corregir esas motivaciones que tienen algunos para prohibir o poner piedras en este tipo de proyectos».
