Al exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, se le acaban sus recursos en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia donde ha comenzado el juicio de la llamada operación Erial. Sólo le queda un aliado, el que fue su contable, Francisco Grau. Los otros acusados han llegado a un acuerdo con el fiscal para reducir las condenas que piden para ellos. A Zaplana, al que se le atribuyen beneficios por valor de 20,6 millones obtenidos a través del cobro de comisiones ilegales, le ha pasado lo mismo que a su colega de partido y de la presidencia de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A ambos les han “traicionado” sus socios y, por lo tanto, se les aumenta el riesgo de condenas elevadas. El juicio de Camps está visto para sentencia en la Audiencia Nacional en la operación Gürtel valenciana, y a Zaplana le piden 19 años por pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.
Los testimonios de sus socios son fundamentales en la línea de defensa de Eduardo Zaplana. Son los empresarios Vicente Cotino y José Cotino, su amigo, “Pachano”, Joaquín Barceló, y Juan Francisco García, que fue su jefe de gabinete. A los hermanos Cotino se les acusa de pagar 10 millones en comisiones a través de Asedes Capital, sociedad matriz del grupo SEDESA que obtuvo la concesión de las estaciones de ITV y varios parques eólicos, gracias a la cual dio un pelotazo de 86,5 millones de euros.
A Juan Francisco García se le considera el personaje clave de la trama porque presidió las mesas de contratación que adjudicaron los parques eólicos y las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. Y, además, en las investigaciones llevadas a cabo se le atribuye la gestión de una de las empresas que sirvieron para trasladar las comisiones al paraíso fiscal de Luxemburgo.
Porque la forma de trabajar que tenía el grupo que ahora se sienta en el banquillo de la Audiencia de Valencia era utilizando sociedades interpuestas en España y Luxemburgo que figuraban a nombre de testaferros, el principal de ellos fue Joaquín Barceló, “Pachano”. Las personas que trabajaban para estas sociedades, Beatriz García Paesa y Fernando Bolhot, ya han declarado que el propietario de los fondos que se gestionaban es el ex ministro de trabajo, portavoz del Gobierno de Aznar y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.
El sistema que se utilizaba para desviar los fondos obtenidos de las mordidas es el habitual utilizado en los delitos económicos. Mediante intercambio de acciones dichos fondos se transferían a sociedades radicadas en Luxemburgo utilizando algunas con domicilio fiscal en España. Para blanquearlos se utilizó la inversión inmobiliaria adquiriendo parcelas y urbanizaciones en la Marina Baixa de la Comunidad valenciana. Así se compró el piso de Zaplana en el madrileño barrio de Salamanca en Madrid. A nombre de Joaquín Barceló figura Costera del Glorio, la sociedad titular de esa vivienda. Y también Gesdesarrollos Integrales y Medlevante, que fueron utilizadas para repatriar el dinero con el que comprar las propiedades inmobiliarias citadas. Otra parte de los fondos obtenidos se depositó en un banco suizo.
La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil llevaba tres años investigando las actividades de Zaplana a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano sirio que había alquilado un piso propiedad del exministro donde se encontró documentación que muestra las transferencias al exterior de las cantidades obtenidas. El exministro insiste en la invalidez de dicho testimonio y que, en realidad, todo obedece a la investigación que, según dice, llevó a cabo el excomisario de policía José Manuel Villarejo. Por tal motivo sus abogados intentaron que la causa se trasladase a la Audiencia Nacional para que fuese incluida en las piezas separadas que sobre Villarejo tiene abiertas el juez Manuel García Castellón, un magistrado que ha beneficiado, en múltiples ocasiones, a los altos cargos del Partido Popular.
Los abogados de Zaplana han utilizado todo tipo de argucias para evitar su procesamiento a pesar de que el exdirigente popular ha proclamado su inocencia los cuatro vientos. Son notorias sus cinco peticiones para que fuese puesto en libertad debido a una leucemia que dice padecer. Han pasado seis años y todavía ese tipo de enfermedad, calificada por los facultativos de “muy grave”, permanece estable en el expresidente de la Generalitat. Distintos cargos de prácticamente todo el espectro político insistieron en pedir públicamente su libertad por una cuestión de «humanidad».
Eduardo Zaplana es el tercer presidente de la Generalitat, valenciana de los cuatro que ha tenido el PP, investigado por corrupción. Hasta ahora el único condenado es José Luis Olivas. Fue el cuarto presidente de la Generalitat y el primero que no llegó al cargo tras unas elecciones autonómicas. Olivas fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Nombrado conseller de Economía por Zaplana en 1995, posteriormente fue su vicepresidente primero mientras compaginaba la cartera con la secretaría general del PP en la Comunidad Valenciana. En 2002, cuando Aznar nombró a Zaplana ministro, Olivas asumió temporalmente la presidencia del Gobierno valenciano hasta la victoria de Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2003.
Cuando dejó la política, Olivas fue nombrado presidente de Bancaja y del Banco de Valencia. Fue condenado por fraude fiscal a año y medio de cárcel al haber elaborado una factura falsa para Vicente Cotino, otro de los que se sientan, ahora, en el banquillo, y que también piensa “cantar”. Por cierto, Oliva también se encuentra acusado en el juicio de la operación Erial
Algo raro debe de tener el PP valenciano para que la mayoría de sus dirigentes hayan sido investigados por causas relativas a la corrupción. Después de Madrid, esta Comunidad ha sido la que ha tenido que soportar el mayor número de causas judiciales, no sólo en los organismos regionales sino también en las diputaciones provinciales y las corporaciones locales. Y todavía quedan muchos casos por esclarecer, entre otros uno que también se enjuicia en una sala contigua a la de la sección cuarta de la Audiencia, los casos Taula y Azud, en los que se encuentran procesados el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el cuñado de la que fue alcaldesa, Rita Barberá. Uno, referido a la financiación irregular del partido y el otro a corrupción urbanística.
Y hay más, pero contar aquí todas las causas abiertas en los juzgados de la Comunidad Valenciana ocuparía demasiado espacio para un medio como este.
