¿En qué país vivimos?

En la Barcelona actual, moderna, avanzada, con la renta per cápita más alta de España, gobernada hoy por el PSC y su ilustre representante Jaume Collboní, se ha desahuciado a una anciana de 81 años del piso donde llevaba viviendo más de medio siglo en el Barri Gótic de la ciudad condal, por no haber pagado 88 euros.

Con la ceremonia y pomposidad con que se llevan a cabo los lanzamientos judiciales, para escarmiento de quienes quieran saltarse las sagradas e inviolables leyes de arrendamiento, a la anciana la acompañaron los Mossos de Esquadra, con sus pobres paquetes, de sus únicas pertenencias transportables en bolsas de plástico hasta la habitación de una pensión. No tengo noticia de lo que haya sucedido con el mobiliario si es que alguna mesa desvencijada quedaba en el piso, pero imagino que las mismas grúas que derriben el inmueble la harán astillas.

Porque Gisela, así se llama, no era una ocupa descarada que se había instalado en un piso de 50 metros por su cuenta para fastidiar al dueño. Entró allí el día de su boda, del brazo de su recién adquirido marido, y 57 años después, ya viuda, asumía el inevitable destino de salir de allí para siempre en su ataúd. Tampoco es cierto el bulo que andan difundiendo los buitres de la inmobiliaria de que Gisela tiene otro piso, porque de serlo no creo que se hubiera dejado conducir mansamente por los Mossos de escuadra a una churretosa pensión del barrio.

En esta Barcelona moderna actúan organizaciones sociales, privadas y públicas, que dicen que se dedican a la atención social de pobres y discapacitados. El Samur social se ha presentado varias veces en mi casa para averiguar cómo vivía una señora, no tan anciana, que yo albergaba. En la lista de ONGs que se financian por medios públicos y privados como Cruz Roja, entre otras organizaciones religiosas, se lee las funciones que tienen encomendadas y que son, naturalmente, la ayuda a los más necesitados. La cantidad de voluntarios que dedican su tiempo a buscar alojamiento a quienes no lo tienen es impresionante, si no fuese porque no basta dado el número de los se contabilizan como sin techo, muchos de los cuales los ciudadanos de bien podemos observar en los portales de nuestras calles.

Por ello me resulta más incomprensible que ninguna de esas instituciones, las privadas llevadas de sus buenos sentimientos tantas veces demostrados y las públicas en cumplimiento de sus objetivos para los que fueron creadas, pudieran haberle proporcionado a Gisela los 88 euros con los que enjugar tan importante deuda con los propietarios del inmueble, para evitarle el último traslado de su vida antes de su probable cercana muerte.

Tampoco he podido averiguar qué vecinos tenía y si conocían la situación a que se abocaba inevitablemente la anciana, para que hubieran hecho una colecta con la que reunir la modesta cantidad que se le reclamaba.

En tiempos pasados, aquellos que siempre fueron peores, las radios dedicaban espacios a pedir cantidades a particulares, por pequeñas que fueran, para ayudar a quien tenía menos. Recuerdo el programa de Radio Nacional en solicitud de donaciones para darle de comer al «tuberculoso pobre». Programa cuyo nombre y objetivo nunca olvidaré.

Esto sucedía en los siniestros años 40 y 50 del siglo pasado, para los supervivientes del genocidio que supuso la Guerra Civil. Hoy, en 2024, no ha habido ni el movimiento de solidaridad vecinal, ni el llamamiento a atender esa necesidad difundido por los medios de comunicación, ni la asistencia social municipal, ni la caridad eclesiástica para proporcionarle a Gisela los 88 euros de su deuda.

En la ciudad de Barcelona ha gobernado dos mandatos seguidos, la muy célebre y alabada Ada Colau, que se había hecho famosa por su muy esforzada y potente lucha contra los desahucios de los hipotecados. Llegó a la cúspide de su fama cuando llamó criminal a un ejecutivo de algún banco con el que debatía en el Congreso de los Diputados. Yo creía que durante el tiempo que tuvo para organizar de manera diferente la ciudad, se habrían aprobado normas que previeran situaciones tan extremas como las que vive Gisela, sobre todo dada la cuantía de la subvención que hubiese tenido que otorgar el Ayuntamiento. Parece ser que no es así y que, como en tiempos medievales, las instituciones no intervienen en las relaciones de los propietarios de los inmuebles con sus inquilinos. La propiedad es omnipotente y nada puede mermar sus derechos. Que en este caso sospecho no es el cobro de tan mísera cantidad el que llevó al desahucio, sino el deseo de los buitres, que tienen la titularidad, de desalojar el inmueble para convertirlo en otros apartamentos, hostal o piso turístico.

Tampoco veo que el actual alcalde, Jaume Collboní, que pertenece a un partido que se llama socialista haya considerado digno de su preocupación el proceso de desahucio contra Gisela, que debe pensar -si es que piensa en ello- que con que el SAMUR le proporcionara a Gisela una habitación en una pensión, el Consistorio había cumplido su misión de protección de los ciudadanos.

Y sigo preguntándome ¿qué ha sido de aquella potente asociación, la PAH, que constituyó y lideró Ada Colau y cuya esforzada labor la elevó al sillón consistorial, para que pudiera resolver el drama de Gisela? ¿O acaso únicamente se ocupa de los impagados de las hipotecas y no de los alquileres? Como en los Ministerios, ¿tiene programados diversos objetivos y causas, con protocolos rígidos, que no puede saltarse por minucias tan miserables como los 88 euros de Gisela?

Y, ¿qué profesionales del derecho y de la asistencia social han atendido el caso de Gisela, que, ante su ignorancia de los protocolos y trámites burocráticos que se deben tener que cumplir para obtener una subvención municipal de 88 euros, la hayan guiado por la selva oscura de los procedimientos administrativos preceptivos para obtener esa cantidad?

Y, en las redes sociales, que dicen que son el vehículo más potente de difusión de noticias, ¿no hubo quien pusiera el anuncio sobre la amenaza que pendía sobre Gisela a fin de recoger el dinero que se reclamaba? En definitiva, ¿No ha habido nadie: vecinos, amigos, asistentes sociales, empleados municipales, abogados, funcionarios, que hubiesen podido darle los 88 euros a Gisela para permitirle que pueda morirse en el mismo piso donde ha transcurrido toda su vida adulta?

¿En qué país vivimos?