La Justicia es uno de los mayores problemas de los ciudadanos de la Unión Europea. En países como España, los jueces han creado un escenario que genera la desconfianza absoluta en los tribunales por parte de los ciudadanos.
Las sentencias que siempre favorecen a los intereses de las grandes compañías, la impunidad, la corrupción y el corporativismo, la constante interpretación de la ley en contra de los ciudadanos para evitar que a las élites les caiga el peso de las leyes o, directamente, la rebelión ante la jurisprudencia europea que ha derivado en miles de querellas por prevaricación, hacen que la Justicia se haya convertido en un problema.
Sin embargo, desde la política se buscan soluciones donde no están los problemas y la Unión Europea ha dado un ejemplo más.
El Consejo de Europa ha aprobado un Reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza y el acceso a la justicia y de una Directiva complementaria facilitará la comunicación electrónica en el contexto de los procedimientos de cooperación judicial transfronteriza en materia civil, mercantil y penal.
La adopción se produce pocos días después de que los ministros de Justicia de la UE aprobaran una estrategia de e-Justicia para los años 2024 a 2028. La estrategia orientará a los Estados miembros en la aplicación de una amplia gama de iniciativas legislativas y no legislativas que, en conjunto, tienen por objeto acelerar el proceso de digitalización y el uso de los servicios digitales en el ámbito de la justicia.
Según Félix Bolaños, ministro de Justicia de España, «un sistema judicial más digitalizado será más eficaz y accesible para los ciudadanos. La decisión de hoy facilitará que los ciudadanos y las autoridades se comuniquen entre sí e intercambien información cuando se lleven a cabo procedimientos legales en más de un país de la UE.»
La comunicación electrónica en la cooperación judicial transfronteriza
Estos dos actos legislativos de la UE permitirán, en teoría, que los ciudadanos y sus representantes legales podrán comunicarse con las autoridades —por ejemplo, para presentar reclamaciones, enviar y recibir información pertinente— en procedimientos transfronterizos en la UE a través de un punto de acceso electrónico europeo. Las autoridades también podrán comunicarse entre sí e intercambiar datos relacionados con los casos a través de canales digitales seguros y confiables.
Las nuevas normas permitirán
- la participación de las partes y otras personas pertinentes en las audiencias orales de los procedimientos civiles, mercantiles y penales por medio de videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia;
- comunicación electrónica entre personas físicas o jurídicas o sus representantes y autoridades competentes
- el reconocimiento de documentos con firmas o sellos electrónicos
- el pago de tasas a través de medios electrónicos
Estrategia de e-Justicia
La UE ha adoptado en los últimos años varias iniciativas legislativas en el ámbito de la digitalización de la justicia, como el Reglamento relativo a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX). que proporcionara un marco adecuado para el intercambio de información judicial a través de servicios seguros; el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas por el que se establece el uso del sistema informático descentralizado con puntos de acceso interoperables basados en e-CODEX para las comunicaciones pertinentes; o el Reglamento sobre pruebas electrónicas, que facilitará y agilizará la obtención de pruebas electrónicas de otro Estado miembro por parte de las autoridades policiales y judiciales.
Todas estas iniciativas requerirán importantes medidas de seguimiento técnico y administrativo a nivel nacional. Para apoyar a los Estados miembros en esta tarea, el Consejo ha aprobado recientemente una Estrategia de e-Justicia 2024-2028. La estrategia no solo describe los principios y objetivos para el desarrollo de la e-justicia para los próximos 5 años. También establece las acciones que los Estados miembros y la UE deben emprender para alcanzar estos objetivos.
