Las alegaciones sobre la gestión de plazas para prácticas de Formación Profesional en el ámbito sanitario en Madrid han desencadenado un debate significativo. Según se informó, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de su representante en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Mirina Cortés, ha negado categóricamente que se hayan realizado cobros por asignar plazas de prácticas en hospitales de la red pública a estudiantes de FP, tanto de centros públicos como privados.
Este pronunciamiento se produjo en respuesta a las acusaciones planteadas por Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid, durante una sesión plenaria el pasado 8 de febrero. En dicho pleno, Cortés aseguró que, tras una investigación interna llevada a cabo por la Consejería de Sanidad, se concluyó que «ningún hospital público de la región ha cobrado por recibir alumnos de Formación Profesional para hacer allí sus prácticas».
Sin embargo, las aseveraciones de la diputada y presidenta de la Comisión de Educación son falsas. Según ha reportado la SER, no se ha llevado a cabo tal investigación sobre los pagos por prácticas de FP en los hospitales de la red pública. Este dato arroja dudas sobre la veracidad de las declaraciones oficiales y pone en tela de juicio la transparencia del proceso administrativo, como ya empieza a ser habitual en la Comunidad de Ayuso.
La falta de una investigación verificable contradice no solo las afirmaciones de la Consejería de Sanidad, sino que también pone en duda la equidad en la asignación de plazas de prácticas. Meses atrás, el alumnado de la FP pública y varios sindicatos se manifestaron, denunciando que se estaba priorizando a estudiantes de centros privados, quienes supuestamente pagaban por estas plazas, en detrimento de los estudiantes de instituciones públicas.
Esta situación ha exacerbado las tensiones entre el alumnado, las instituciones educativas y el gobierno regional, especialmente en un momento en que la formación práctica es vista como un componente esencial para la capacitación en el sector sanitario. Las protestas y huelgas organizadas por los estudiantes hace dos meses evidencian la creciente frustración ante lo que perciben como una gestión inadecuada y potencialmente injusta del acceso a la formación práctica.
A la fecha, las Consejerías de Educación y de Sanidad han optado por mantener un discreto silencio sobre el asunto, mientras que Cortés mantiene su postura, reafirmando las declaraciones hechas en febrero. La falta de claridad y la aparente contradicción en las respuestas oficiales continúan alimentando el debate público y la demanda por una mayor transparencia y equidad en la gestión de las prácticas profesionales en el sector sanitario de Madrid.
