Hace tiempo que las Islas Canarias se posicionaron en contra del uso del gas en el archipiélago por considerarlo «caro, escaso y que perpetúa la dependencia del exterior». Ahora, el Frente Canario contra el Gas, sostiene que «introducir el Gas Natural Licuado es hacer depender el suministro eléctrico de los canarios y canarias y su economía de una materia prima que se encarece por momentos, sus reservas están en descenso y nos vuelve vulnerables a los vaivenes geoestratégicos de gobiernos y centros de poder que luchan por hacer valer sus propios intereses sin miramientos».
La repercusión de la Guerra en Ucrania
El colectivo se muestra crítico con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 6/2022, del 29 de marzo, que resuelve incluir entre las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania la liberalización de plantas regasificadoras en Canarias. Algo que consideran «antidemocrático» y que muestra «una falta de confianza en la descentralización del Estado».
Para el Frente Canario contra el Gas permitir la introducción de este combustible fósil «supone un freno y un enorme retroceso para la tan ansiada transición energética a fuentes renovables». Y lo justifican en el hecho de que las Islas Canarias «dispone de recursos naturales y condiciones excepcionales para afrontar este proceso de transición a las renovables de forma exitosa y rápida».
En un contexto de emergencia climática y crisis mundial explican que «no podemos permitir que estas instalaciones bloqueen nuestra determinación de que la transición energética se lleve a cabo con la mayor rapidez posible».
Un futuro sin gases de efecto invernadero
Como señalan en su manifiesto, «la logística del gas natural es compleja, requiere de altas inversiones en puertos, en almacenamiento, en conducciones, su transporte es sofisticado y caro. La dimensión de estas inversiones hace que esta fuente de energía, el gas, se introduzca con vocación de permanencia en nuestras islas. Las empresas que instalen estas infraestructuras exigirán poder explotarlas hasta que se agote su vida útil, unos veinte o veinticinco años. Además las leyes internacionales protegen esta pretensión».
Como recalcan, el archipiélago aspira a un modelo energético que, «además de no emitir gases de efecto invernadero, dependa de sus propios recursos que son abundantes y diversos».
Por todo esto la plataforma solicita que los representantes políticos realicen las gestiones necesarias para conseguir la retirada de esta disposición adicional que perpetúa un modelo basado en combustibles fósiles que «nos hace más vulnerables y ralentiza nuestra decidida apuesta por las energías renovables en las islas Canarias».
