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Ilegalizar al PP por su dopaje

Antonio Aguado
Antonio Aguado
Militante de los sindicatos ingleses (Trade Unions) desde 1971 y hasta mi regreso de Londres en 1976. Afiliado a la UGT y al PSOE en Londres desde junio de 1972. Cofundador y coordinador sindical de la F.A.E.E.R.U. (Federación de Asociaciones de Emigrantes Españoles en el Reino Unido). Fundador de la cooperativa de servicios PAILARCA (Pablo Iglesias-Largo Caballero). Miembro de los dos primeros comités regionales del Partido Socialista Canario -PSOE- 1977-1985 y por esas mismas fechas, miembro de las primeras ejecutivas insulares de Gran Canaria del PSOE y de la UGT. Cofundador en 1980 de Izquierda Socialista y su coordinador en Gran Canaria hasta 1989. Miembro del primer Consejo Federal de la Emigración del PSOE. Presidente del 1er. Comité de Empresa por la UGT del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Concejal de deporte y de los distritos: Isleta, Santa Catalina y Guanarteme del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, legislatura 1983.1987. Miembro de la Comisión Permanente de Deporte de la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias) y del pleno del CSD (Consejo Superior de Deporte). Cofundador en 1991 de la Fundación Juan Negrín y su secretario durante 23 años (hasta 2014).
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análisis

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Ei PP y Vox se arrogan tener la patente de la Constitución. Por lo visto en el caso del Partido Popular, se piensan que a los españoles nos ha dado una especie de amnesia y, no recordamos la votación que se produjo para la aprobación de la Constitución en el Parlamento, donde votaron negativamente la mitad de los diputados de Alianza Popular, organización política matriz y generadora, del que posteriormente y hasta la actualidad devino en ser el Partido Popular. Y en el caso de Vox, ha sido una escisión de éste y por aquella época, ni tan siquiera existía, pero desde que se produjo su creación, ha venido y viene manifestándose en contra de varios de los postulados constitucionales y del Titulo VIII que, contempla el Estado Territorial a través de las autonomías.

Últimamente y pretendiendo ser “garantes y custodios de la Constitución”, ambos partidos políticos están dispuestos, a ilegalizar a las organizaciones políticas  independentistas. Quieren llevar a efecto esta reaccionaria medida, mediante un nuevo Código Penal. Afortunadamente, no cuentan con los votos necesarios en el Congreso de los Diputados, para que semejante y retrogrado despropósito se pueda hacer realidad. Menuda hipocresía en el caso del PP, si trata de ilegalizar por ejemplo a Junts, cuando Feijóo manifestó su disposición a negociar con ellos, para tratar de lograr su investidura y es público y notorio que cargos del Partido Popular de Cataluña, en ese sentido, propiciaron y materializaron reuniones con el partido político del “odioso Carles Puigdemont”.

Los nacionalismos como en este caso el español y el catalán, se retroalimentan y sus confrontaciones les suelen dar réditos electorales. Sin embargo, gracias a la política de distensión y concordia que ha venido desarrollando el Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña, como entre otras las medidas aprobadas a favor de los indultos y la próxima sobre la amnistía, el independentismo catalán ha bajado en apoyos electorales, tal y como se pudo comprobar en las elecciones generales del pasado 23 de julio, ganadas por los socialistas catalanes con gran diferencia sobre los independentistas catalanes.

¿Qué problema hay para que el pueblo catalán pueda pedir su independencia mediante la palabra?. No debería de haber ninguno. Es más, ojalá ETA hubiera demandado la independencia del País Vasco de esa forma, y no hubiéramos padecido tanto drama, dolores y sufrimientos.

La ilegalización más que de los partidos políticos independentistas, se la merece Vox por todo lo que representa y significa como organización netamente fascista, según se viene comprobando en las instituciones que conjuntamente con el PP gobiernan. Tienen varias organizaciones de esa ideología en las que se apoyan y, la Fundación Francisco Franco es de sus principales referentes que, inexplicablemente continua sin ilegalizarse.

La trayectoria corrupta del Partido Popular, ha sido y es una realidad y nadie lo puede dudar. La existencia de una doble contabilidad consignando comisiones ilegales de empresas y la distribución entre sus dirigentes de dinero opaco o negro procedente de la caja b, ha venido siendo entre ellos una práctica habitual y rutinaria.

Se ha comprobado, su participación y triunfo en muchas elecciones y a todos los niveles y ámbitos, habiendo concurrido a las mismas como los deportistas dopados. Pero a éstos no se les perdona y por el contrario, si se comprueba el dopaje, los títulos y galardones ganados le son retirados e incluso son penalizados, retirándoles la licencia o durante cierto tiempo prohibiéndoles competir.

Nada de esto viene ocurriendo con el Partido Popular, que ha tenido condenas firmes por hechos corruptos probados y otros que, fehacientemente se sabe los ha venido practicando, pero esta justicia muy conservadora, mediatizada, secuestrada e injusta, se ha encargado de no juzgar y ocultar.

¿Que más se necesita para que el más que corrupto Partido Popular sea ilegalizado?. Con toda probabilidad es el partido político más corrupto de Europa y seguramente en muchos de los países europeos más avanzados, se hubiera procedido y llevado a efecto su ilegalización.

También, ha propiciado y llevado a la practica el indecente transfuguismo, para gobernar varias instituciones como ocurrió en su momento, más concretamente el 10 de junio de 2003 en la Comunidad de Madrid, cuando los diputados “socialistas” Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez con su ausencia del pleno, propiciaron que Esperanza Aguirre, en detrimento de Rafael Simancas, accediera a la Presidencia de la referida comunidad.  Ha sido patético comprobar las apelaciones hechas desde el PP para, que instaran el transfuguismo destacados militantes “socialistas”, entre diputados socialistas y así, Feijóo pudiera acceder a la Presidencia del Gobierno.   

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3 COMENTARIOS

  1. Si todo lo que ha hecho el PP y sus dirigentes, lo hubieran efectuado: Bildu, ERC, BNG, Junts, PNV, y algún otro; esos partidos estarían ilegalizados y sus dirigentes en la cárcel. Así es la «democracia boubónica española»

  2. ¡Qué se puede decir de la democracia española cuando tiene a un Jefe de Estado huido por lo que todos sabemos; y que cualquier otro ciudadano se pudriría en la cárcel, a la vez que se le confiscaría su patrimonio. Y para más inri le tenemos que seguir financiando su retiro en Abu Dabi.
    ¡Y se atreven a denominar al reino boubónico de España, democracia! Sería para reír, sino no fuera que lo único que produce es vergüenza de ser español.

  3. Creo que ya deberían estar regularizados las posibilidades de ilegalización de partidos como el pp/vox, el primero por lo que hizo y sigue haciendo, el segundo por lo que representa con sus actos y discursos. Sobre el transfuguismo, a estas alturas ja debería ser controlado con leyes y con mesuras disuasorias. Por ejemplo: los tránsfugas pierden su escaño y su paga por él, se les impide pertenecer a, partido alguno, durante un tiempo o, por siempre.

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