El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho bandera de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el año 2019. En concreto, desde que el secretario general del Partido Socialista llegó a la Moncloa tras la moción de censura, el SMI se ha incrementado un 64,76% respecto a cómo lo tenía establecido el Partido Popular.
Es evidente que cualquier subida del salario mínimo es un dato positivo para las clases medias y trabajadoras. Además, es una cuestión de justicia, puesto que es inconcebible que los beneficios empresariales se están disparando mientras los sueldos de los trabajadores tienen un impulso muchísimo menor.
Sin embargo, la subida del SMI no puede ser jamás una medida aislada centrada sólo en la cantidad económica mínima que deben percibir los empleados por un contrato de jornada completa, sino que debe estar acompañada de otras medidas que son absolutamente fundamentales para garantizar la capacidad adquisitiva de las clases medias y trabajadoras.
En el decreto en el que se aprobará esta medida, el gobierno tendría que incluir, por un lado, la prohibición de absorción de complementos en el salario base, una estrategia que los empresarios están utilizando para seguir pagando lo mismo y no aplicar la subida del SMI. Hasta ahora no se ha regulado por parte del gobierno Sánchez, y esta es una de las razones por las que los salarios, a pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo, no han visto reflejados los incrementos del SMI. Es el fraude constante de los empresarios españoles a los que parece que ningún gobierno parece atreverse a frenar.
Por otro lado, es fundamental una mayor regulación de las jornadas a tiempo parcial que también están provocando que las subidas del SMI no se vean reflejadas en una mejora de la situación económica de las familias.
El 44% de los contratos firmados en 2023 fueron jornadas parciales. Por esta razón debe acelerarse cuanto antes la reducción de la jornada completa, tal y como está recogido en el pacto de gobierno PSOE-Sumar, porque, de este modo, el precio por hora subiría y beneficiaría a los salarios más bajos, al igual que lo hace el SMI.
Estas medidas han de completar a la subida del salario mínimo, ya que son precisamente los trabajos con los sueldos más bajos los más habituales en jornadas parciales. Una subida de 54 euros mensuales puede suponer, en realidad, solo 20 euros para muchos de estos beneficiados por la subida del SMI.
Esta situación se relaciona, evidentemente, con el escenario inflacionista que tanto está afectando a los productos y los servicios básicos y, en consecuencia, tiene un impacto directo en los salarios de las clases medias y trabajadoras.
El dato hecho público ayer por el Instituto Nacional de Estadística por el que los precios subieron un 3,1% en 2023 aleja la recuperación salarial frente a subidas del 7,3% de la alimentación o el 3,9% del transporte.
Los sueldos en España siguen perdiendo capacidad de compra frente a unos precios que se incrementan mes a mes. De los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, poco más de un 50% de los trabajadores se rigen por convenios que contemplan revalorizaciones salariales anuales, que se situó en un 3,46% el año pasado.
Sin embargo, a pesar de que el incremento de sueldo por convenio es casi igual que la inflación, los salarios llevan años depreciándose por la falta de revalorizaciones sobre el IPC.
Evidentemente, los más de 10 millones de trabajadores que no tienen convenio han estado expuestos a la arbitrariedad de los empresarios y la gran mayoría de estos empleados no ha tenido incrementos salariales.
