Todos los medios de comunicación se han hecho eco de las noticias referentes a las tramas de corrupción vinculadas al creciente número de contratos para la compra de mascarillas. Si bien, quitando al “euskalnews” y a “el cierre digital”, ninguno menciona cómo se inició todo.
Todo comenzó con la denuncia de un servidor, Fernando Vizcaíno Carles, al gobierno canario (encabezado por aquel entonces por el ahora ministro Ángel Víctor Torres) por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, en relación al contrato de emergencia aprobado por el ejecutivo canario en 2021, para adquirir 48.000 test genéticos Sars-Cov2 por un precio de 720.000 euros.
Una investigación conjunta entre el colectivo periodistas por la verdad y quien escribe estas líneas, reveló que el precio señalado triplicaba la tarifa de oficial de los laboratorios Bioxamina, expendedores de estos Kits PCR. Así que yo mismo presenté la mencionada denuncia enviando copia a la fiscalía Europea, que admitió indicio de delito en diciembre del 2021.
Así se abrió la caja de Pandora.
A continuación, Euskalnews se hizo eco de mi denuncia y, posteriormente, lo hizo “el cierre digital”, tras contactar conmigo la periodista de este medio María Montero.
María Montero, que resultó ser una periodista de las de verdad, de las que se encuentran en peligro de extinción, realizaría un trabajo de investigación sublime. Encontró el contrato vinculado a mi denuncia y descubrió que había sido anulado. Pero lejos de quedarse ahí, continuó estudiando contratos y destapó las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos millonarios para la compra de mascarillas por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, sentando en el banquillo al gobierno de Ángel Torres y propiciando la dimisión del director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo.
Todo esto se consiguió a través de una segunda denuncia realizada a comienzos del año 2022,que fue interpuesta por el empresario canario Juan Manuel Perez León en base a las investigaciones de María Montero.
La justicia es lenta. Pero las fichas de dominó ya habían comenzado a caer, empujando unas a otras, tal y como a día de hoy continúan haciéndolo.
Ya se ha producido la detención del que fue asesor del ministro de transportes José Luis Ábalos, Koldo García, quien, presuntamente, recomendó al gobierno Canario la adjudicación a dedo de los mencionados contratos a la empresa “soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L., que resulta ser afín al clan de José Luis Ábalos».
Como no podía ser de otra manera, el propio Ábalos ya está en el punto de mira. Aunque de momento no ha sido imputado, el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, asegura que el exministro socialista José Luis Ábalos hizo de “intermediario” de la trama a la que supuestamente pertenece Koldo García. Y como consecuencia del escándalo en la compra del material sanitario durante la pandemia, el PSOE ha suspendido la militancia de Ábalos en el partido.
Ahora el nuevo señalado es el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, por conceder también a dedo a la empresa FCS Select Products S.L. el mayor contrato de toda la pandemia. Se abonaron 217 millones de euros por la compra de 508 millones de mascarillas, muchas de ellas defectuosas. Pero Illa echa balones fuera, e involucra como responsables de la decisión de tratar con esta firma a un equipo formado por otras 50 personas, entre las que se encuentra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Lo dicho, las fichas van empujando unas a las otras y, de seguir así, no va a quedar títere con cabeza.
La ironía:
Tuvo que ser un servidor, proclamado por los medios de comunicación como el principal líder negacionista del país, quien abriera la caja de Pandora para destapar estas presuntas tramas de corrupción de nuestros gobernantes.
Al final siempre resulta que los “negacionistas” somos quienes realmente investigamos y nos hacemos dueños de la verdad y que, quienes realmente la niegan y engañan a todo el que se deja, son los que nos pusieron tal apelativo: los medios de comunicación y los políticos.
Resulta que los mismos medios de comunicación que me tachaban de difusor de bulos (entre un largo etcétera de lindezas), ahora se hacen eco de los escándalos que están saliendo a la luz gracias a mi denuncia inicial: la denuncia de un “negacionista” interpuesta contra el gobierno canario tras una investigación “negacionista”. Denuncia que, por supuesto, ni mencionaron en su día (salvo el cierre digital), ni mencionan ahora.
Hago aquí un inciso para aclarar que ni Newtral, ni Maldita, ni ninguna otra “fact-checking”, ha sido capaz de encontrar un solo bulo en mis innumerables trabajos de investigación desmontando los fraudes de la pandemia, entre los que destacaré mis artículos publicados en este mismo medio y los documentales “Cronología de un genocidio programado” y “Vamos a contar mentiras, tralará”.
Innumerables son los “periodistas” y presentadores de televisión que, durante el trascurso de los años “plandémicos”, pidieron e incluso aseguraron que yo acabaría entre rejas como consecuencia de las acciones que emprendí para luchar contra la mayor ola de terrorismo de la historia de la humanidad: la llamada pandemia del coronavirus.
Sin embargo, pese a haber sido detenido en dos ocasiones, lo cierto es que todavía no me he sentado frente a ningún juez. La explicación es sencilla: mi primera detención fue ilegal (por negarme a usar mascarilla en una de las manifestaciones que convoqué en Madrid); y la segunda fue tan absurda, que ni siquiera el juez que firmó la orden de mi detención me llamó nunca a declarar. Los propios agentes de la Guardia Civil que procedieron a detenerme me reconocieron que no habían encontrado prueba alguna en mis canales de difusión de los delitos de odio de los que se me acusaba. Ni me esposaron, ni dormí en comisaría. Me tomaron declaración, y punto. Todavía estoy esperando que el juez me explique a santo de qué ordenó mi detención.
La ironía es que haya sido el negacionista más perseguido y amenazado (en vano) de entrar prisión, el que haya desencadenado que sean nuestros gobernantes quienes realmente estén siendo detenidos y sentados en el banquillo de los acusados.
Y aunque me pongo esa medalla… ahora enseguida me la quito porque, ¿de qué va a servir?
El problema:
El problema consiste en que pillar a un político llenándose el bolsillo con la “calderilla” del contribuyente, es cómo pillar a un niño metiendo mano en la cartera de su madre o de su abuela.
Son cosas que pasan… y que continuarán pasando. Ya se sabe que «el que parte y reparte, se lleva la mejor parte», y que «el que no corre, vuela».
Todas estas tramas de corrupción no hacen sino que desviar la atención del ciudadano hacia delitos secundario. Porque el delito principal, no es que los listillos de turno hayan robado comprando mascarillas, test PCR o vacunas….
El delito principal es haber hecho creer al ciudadano que estas mascarillas, test PCR y vacunas, tenían la utilidad que se les adjudicaba. La cual era protegernos, diagnosticarnos e inmunizarnos, respectivamente, contra la enfermedad de la COVID-19.
Como ya documente en artículos anteriores, las mascarillas no protegen contra los virus, los test PCR no sirven para diagnosticar la COVID-19, y las vacunas que se han sacado de la manga no inmunizan, sino, que, por el contrario, matan y enferman.
Partiendo de esa base, TODAS las compras de material de protección contra el coronavirus han sido un fraude perpetrado por nuestros gobernantes. Todos los millones de euros invertidos en cualquiera de estos materiales solo han servido para aterrorizar, enfermar y matar a la población. Y quienes debieran entrar en la cárcel de por vida, no son solo los Koldo, Ábalos, Illa, etcétera. Todos nuestros políticos, sean del PSOE, PP, PODEMOS o VOX, debieran estar entre rejas. Y, aun así, estaríamos a años luz de solucionar el problema porque estos políticos no son más que meros títeres en manos de quienes han orquestado este circo.
Quitar a un político y poner a otro, nunca será la solución ni podrá ser considerado una victoria. Todos ellos son el mismo perro con distinto collar. La única manera de solucionar el problema de raíz, sería la de encarcelar a quienes sostienen la correa de todos estos perros. Y para llegar a eso, lo primero que hay que hacer es saber quiénes son estas personas (pincha aquí para averiguarlo).
Todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana.
el problema, fernando, es que quienes podrían detenerlos y encarcelarlos som, precisamente, jueces y policias. y… bueno, no hace falta que siga. me entiendes ¿verdad?
Sí, eso ya lo expliqué en el artículo anterior. Un saludo!