Junts y Vox, dos caras de la misma moneda

Que Junts es un partido supremacista lo sabe todo el mundo a estas alturas. Sus dirigentes deliran con una especie de ensoñación de la raza pura superior catalana, un discurso en el que los españoles son considerados seres inferiores, “carroñeros, víboras y hienas, bestias con forma humana”, tal como escribió Quim Torra en un artículo para el diario digital El Món el 19 de diciembre de 2012 (El Periódico de Cataluña, edición del 14 de mayo de 2018). El nacionalismo, de uno y otro signo, catalán o españolista, siempre es excluyente.

Por eso cuesta tanto entender que Pedro Sánchez, líder de un partido progresista como el PSOE, haya tragado con transferir las competencias sobre inmigración a Cataluña a cambio de la abstención de los siete diputados de Junts en la votación de los tres decretos anticrisis del Gobierno de coalición. La Constitución garantiza los derechos fundamentales de los migrantes y hasta Esquerra Republicana ha mostrado sus reticencias a un pacto que deja la política de inmigración en manos de gente reaccionaria y trumpizada que mantiene un discurso de exclusión más que de integración. Son numerosos los líderes del mundo convergente que en los últimos tiempos han virado hacia un mensaje con sospechoso tufo xenófobo. El propio Jordi Pujol, padre fundador de la cosa, ha manifestado su preocupación por que la elevada tasa de inmigración pueda poner en peligro la estabilidad social y económica de Cataluña. No ha dicho que se deban cerrar fronteras, pero lo ha dejado caer. Y Carles Puigdemont también ha situado el problema migratorio en el centro de su famosa conferencia de Bruselas del pasado mes de noviembre mientras negociaba la amnistía con Sánchez. “Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2 por ciento, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla”, se lamentó entonces el exhonorable. Hoy, dos meses después de aquella queja, ya posee la materia migratoria tras la cesión de Sánchez. El chantaje no tiene fin cuando quien lo aplica es insaciable.

Tras conseguir su histórica victoria en el Congreso de los Diputados, Junts ha endurecido aún más su discurso sobre el flujo de personas hacia Cataluña. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha asociado delincuencia con inmigración y, en una entrevista en Catalunya Radio, ha espetado algo tan duro como que “tenemos que mirar en qué condiciones se les puede echar”. Además, añade que “ningún alcalde está satisfecho de que haya personas en su pueblo que hayan reincidido hasta 210 veces”. Sin duda, pocas diferencias entre este señor y cualquiera de esos prebostes de Vox que andan culpando al mantero, a todas horas, de los males de la patria. Pocas diferencias entre la derecha soberanista y la extrema derecha españolista. Una vez más se cumple la máxima de que los polos opuestos se tocan.

Está claro que Junts ha desplegado velas para aprovechar los vientos xenófobos que soplan en toda Europa. No hará falta recordar que hace solo unos días los nazis alemanes se reunían en Potsdam para planear la expulsión de millones de inmigrantes del país. En tiempos de crisis hay que buscar culpables, y el negro, mestizo o amarillo tiene todas las papeletas para llevarse los palos. Recientemente, nueve alcaldes del Maresme pidieron la expulsión del país de las personas en situación irregular y penalmente reincidentes. “Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa”, aseguró Marc Buch, alcalde de Calella. De inmediato, la dirección de Junts avaló a sus alcaldes asumiendo un discurso propio de la extrema derecha más xenófoba: “Cataluña es un país acogedor, pero también de derechos y deberes”.

Una vez más, nos encontramos ante el típico bulo ultra (Abascal tira de él cada día hasta la saciedad) consistente en relacionar el aumento de la inmigración con un mayor índice de criminalidad, lo cual no es cierto. Entre 2000 y 2014, la población migrante creció desde un 2,28 por ciento hasta un 10,74, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la tasa de criminalidad pasó de 45,9 delitos por cada 1.000 habitantes a 44,7, según el Ministerio de Interior. “No es simplemente una cuestión de falsedad documental, sino que es una utilización racista para desviar la atención del público y no abordar las causas reales del problema”, denuncia David Karvala, portavoz de la oenegé Unitat contra el Racisme.

De modo que aquí se está hablando simplemente de las nuevas ideologías supremacistas que subyacen a todo partido nacionalista exacerbado o echado al monte patriotero. Esto no es más que racismo y pura estrategia electoral, ya que los de Junts andan de capa caída y han de remontar en las encuestas cuanto antes si no quieren que el partido termine implosionando. En ese contexto de crisis, abrir la veda de la caza al africano, recurrir al manido truco del enemigo exterior y a remover la bilis de la gente, nunca viene mal para arañar unas cuantas décimas demoscópicas. Un negocio sucio, pero negocio a fin de cuentas.

Pedro Sánchez tiene que plantarse ya ante unos tipos que, en cuanto consiguen una victoria contra el ancestral enemigo español, se crecen y les sale la vena supremacista. Hoy anuncian que quieren expulsar a los inmigrantes de Cataluña, mañana nadie nos garantiza que no les dé la venada y se pongan a echar de los Països a andaluces, murcianos y extremeños. Ganas no les falta. “En Barcelona siempre te acaba pasando que te adelanta un grupo de niños y niñas hablando en castellano”, decía horrorizado Torra, como si esos chavales fuesen apestados o monstruos peligrosos. Ya sabíamos que sueñan con un paraíso fiscal solo para ricos catalanes. Ahora sabemos que también deliran con un reino perfecto de catalanitos blancos, rubios y con ADN de pedigrí. Son así.