El Partido Popular está convencido de que el Tribunal Constitucional avalará la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y, por lo tanto, recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE.
La batalla judicial que emprenderán los populares ha comenzado con la presentación, por parte de una simpatizante, de una denuncia ante un juzgado de Madrid cuando todavía se desconocía el contenido de la proposición. El juez que la tramita, el titular número 104, José Ramón Manzanares Codesal, fue indultado por el gobierno de José María Aznar en 2004 tras ser apartado de la carrera judicial por prevaricación cuando era juez de vigilancia penitenciaria en Barcelona, al añadir más trámites para la concesión de permisos carcelarios sin consultarlo con sus superiores. Manzanares Codesal es hijo del consejero de Estado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Manzanares Samaniego. De momento tiene paralizado el proceso a la espera de decidir si es competencia suya o del Tribunal Constitucional, tal y como alega la fiscalía.
No va a ser la única iniciativa judicial de la derecha en los próximos días. A la alucinante petición de Vox al Tribunal Supremo para que paralice la investidura de Pedro Sánchez, se une, también, el recurso de la extrema derecha ante los tribunales para legalizar la huelga general de este viernes a sabiendas de que la ley prohíbe una convocatoria de este tipo por motivos políticos.
Definitivamente, los conservadores han escogido el camino judicial para cargarse la amnistía. El PP, aunque tiene la mayoría absoluta en el Senado, sabe que sólo podrá paralizar la tramitación de la ley durante dos meses a lo sumo, y que, aunque la rechace, el Congreso tiene la última palabra y la sacará adelante. Por eso, los servicios jurídicos de Génova estudian todas las posibilidades existentes para la anulación de la norma a través de los estamentos judiciales que controlan. En el Senado van a pedir un dictamen del CGPJ, algo ilegal puesto que el órgano de los jueces no puede emitir su parecer sobre una proposición parlamentaria que no ha pasado por el Consejo de Ministros. De todas maneras, si el Consejo se pronuncia, su dictamen no sería vinculante por lo que lo único que se lograría sería un aplazamiento añadido.
En Génova son escépticos a la hora de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. No se fían de la Corte de Garantías porque consideran que es una institución “al servicio de Pedro Sánchez”. Siempre han rechazado a su presidente, Cándido Conde Pumpido, al que, incluso, llegaron a reprobar cuando fue fiscal general del Estado. Eso, por una parte, y, por otra, el famoso “siete a cuatro”, que no es otra cosa que la actual composición de siete magistrados de tendencia progresista frente a cuatro conservadores. Aún así, presentarán el recurso y pedirán medidas cautelares para que el trámite parlamentario se suspenda hasta que haya sentencia. Si una vez les salió bien, ¿por qué no va a haber una segunda ocasión?. Por su parte, Vox no está habilitado para presentar recursos de inconstitucionalidad porque el grupo parlamentario no tiene el mínimo de diputados que exige la ley. Los que sí presentarán recursos de inconstitucionalidad serán los gobiernos autonómicos controlados por la derecha. El de Castilla y León ya lo ha anunciado y es muy probable que se unan el de Murcia, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Es una estrategia más para dilatar la entrada en vigor de la ley.
De todas maneras, los estrategas de Génova están convencidos de que las instituciones judiciales españolas tienen escaso margen de maniobra a la hora de rechazar la ley y dilatar los plazos para su entrada en vigor porque el proyecto se blinda ante tal posibilidad. Así pues, no queda otra que acudir a Europa. Se ha mandado una queja al Parlamento Europeo que lo único que puede aprobar, en una cámara de mayoría conservadora, es una resolución que no vincula al Estado español. En la carta remitida a la Comisión Europea se denuncia “el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. El cuestionamiento de los estándares democráticos en España ha sido una constante de la derecha española en Bruselas durante el mandato de Pedro Sánchez, además de sembrar dudas sobre la ejecución de los fondos europeos.
De todas maneras, la derecha sabe que lo único que van a sacar de este tipo de acciones es, todo lo más, algún toque de atención de Bruselas a España. Si acaso, el comisario de Justicia, Didier Reynders, muy próximo al PP, pedirá examinar la ley cuando se reúna con el ministro Félix Bolaños en los próximos días para analizar conjuntamente el contenido de la proposición socialista. Aún así, Reynders es consciente de que sólo puede exigir explicaciones de un hipotético mal uso de los fondos financiados por la UE. Pero la proposición deja bien claro que ese tipo de conductas no entran en el texto legal.
Y entonces queda la única posibilidad. Acudir al Tribunal Europeo de Justicia. Es muy probable que el Supremo español pida a la alta instancia judicial de la UE una cuestión de prejudicialidad y una posible paralización de la proposición parlamentaria. Algo que no es posible ya que las sentencias del TJUE no vinculan a los estados miembros tal y como se ha podido comprobar en casos como el de Polonia y Hungría. Aún así, es la vía que en Génova ven con más posibilidades de prosperar porque piensan que una sentencia en contra debería ser cumplida por el gobierno.
Lo que no tienen en cuenta los dirigentes conservadores es que el TJUE no está capacitado para paralizar una iniciativa parlamentaria por lo que lo único que puede hacer es dictar sentencia en un plazo que, como mínimo, se iría a los seis meses. Si, como todo parece indicar, la ley de amnistía entra en vigor en marzo, las iniciativas europeas no servirán de nada porque que el europarlamento se tiene que disolver por la convocatoria de nuevas elecciones en junio de 2024. Por cierto, si Carles Puigdemont se vuelve a presentar y sale elegido, todo el procedimiento jurídico para despojarle de su inmunidad deberá repetirse en el caso de que, antes, no se beneficie de la amnistía.
