Claro que hace falta reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción. Lo que no se puede consentir es que los jueces manejen los tiempos a su antojo. El caso del titular del juzgado número 1 de Barcelona es evidente. Joaquín Aguirre ha prorrogado las diligencias previas de la operación Voloh para comprobar si existió alguna relación entre los líderes del Procès y el Kremlin justo en un momento en el que la controversia sobre la amnistía, que a veces roza la violencia, se encuentra en su punto culminante.
Y, mientras tanto, el magistrado tiene prácticamente paralizadas las actuaciones en el Caso Negreira. Sólo ha hecho un interrogatorio relevante al principal investigado, José María Enríquez Negreira, el exárbitro que fue vicepresidente del CTA y que presuntamente cobró del Barça 7,6 millones de euros entre 2001 y 2018. Es cierto que su comparecencia en el juzgado se dilató por el recurso que presentaron sus abogados al entender que no está en condiciones de declarar. Hubo que efectuar las pruebas forenses correspondientes hasta que las autoridades jurídicas sanitarias sentenciaron que Negreira está en perfectas condiciones para ser interrogado en calidad de investigado. Sólo en ese trámite se han perdido casi tres meses. Es verdad que hay que respetar las garantías procesales, pero mientras se decidía la incapacidad del exárbitro, se podía haber llamado a los otros inculpados: los dirigentes del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, Josep María Bartomeu, y Sandro Rosell, los altos cargos administrativos de la entidad y el hijo de Negreira, así como los testigos y peritos, en especial los de la Agencia Tributaria que descubrieron los hechos. Lo cierto es que las diligencias previas llevan abiertas un año y apenas se ha avanzado.
Esta investigación se hizo pública el 15 de febrero de 2023 aunque la fiscalía la inició en mayo de 2022 tras recibir un aviso de la AEAT sobre los pagos del Futbol Club Barcelona a Enríquez Negreira. El juez ha admitido a trámite dos denuncias y, de momento, la personación de las acusaciones particulares de instituciones que se consideran perjudicadas, el Real Madrid y la Federación Española de Futbol entre otras. Negreira afirmó ante los inspectores de Hacienda que el club le pagaba para asegurarse arbitrajes “neutrales”, que no le perjudicasen en el terreno de juego.
El escándalo coincide con las investigaciones de la jueza número 4 de Majadahonda, (Madrid), por presuntas irregularidades en la Federación Española de Futbol y una campaña mediática contra los árbitros de la competición de la Liga de Futbol Profesional en un momento muy delicado, cuando los organismos internacionales, UEFA y FIFA, examinan con lupa todo lo que está sucediendo en el futbol español que pasa por una crisis reputacional que empezó con la publicación de los pagos efectuados por la entidad catalana, siguió con el cese del presidente de la federación, Luis Rubiales, por su famoso “beso no consentido” a una jugadora de la selección española, y ahora continúa con las posibles irregularidades en las contrataciones efectuadas para llevar a Arabia Saudí la final de la copa del Rey. Pero los expertos sobre este asunto, incluida la prensa deportiva, destacan que el tema clave por el que dio comienzo todos estos escándalos y que ha provocado esa pérdida de credibilidad, ha sido el presunto soborno protagonizado por uno de los clubes de futbol más importantes del mundo por su trayectoria deportiva y, también, por el número de seguidores que trasciende las fronteras de este país.
El procedimiento judicial se ha complicado debido a la existencia de dos denuncias. El 24 de febrero de 2023 el árbitro de fútbol, Xavier Estrada Fernández, se querelló contra José María Enríquez Negreira y su hijo Javier por un supuesto delito de corrupción deportiva. Esta querella paralizaba la investigación de la fiscalía por lo que el ministerio público se vio en la obligación de presentar, el 10 de marzo de 2023, una denuncia contra José María Enríquez Negreira, el Fútbol Club Barcelona, los expresidentes del club, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell ,y los exejecutivos Òscar Grau y Albert Soler. Posteriormente, el 14 de marzo, la fiscalía anticorrupción se hizo cargo de la dirección del caso “al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, de especial trascendencia”.
Al existir dos piezas separadas, la instrucción de la causa se ha complicado y lo que, en principio, debería limitarse al interrogatorio de los investigados, testigos y peritos, ha pasado a convertirse en un complejo proceso en el que, incluso, figura como imputada una persona jurídica, el Futbol Club Barcelona y su presidente actual, Joan Laporta, un abogado que conoce a la perfección los atajos jurídicos y que está dilatando todo lo posible, mediante la presentación de recursos, el ritmo de las actuaciones judiciales. Laporta sabe que el tiempo juega a su favor. Cuanto más se demore en cerrar la investigación procediendo a las acusaciones formales, más se evitará la amenaza que se cierne sobre el club. La UEFA ha anunciado que, si al final, se demuestra que hubo corrupción, expulsará al equipo de fútbol de las competiciones europeas, y lo mismo ocurrirá con las secciones de baloncesto y balonmano. Sería el colapso de la entidad que se encuentra, en estos momentos, en una delicada situación económica.
Por lo tanto, la instrucción del Caso Negreira puede durar, todavía, un par de años más como poco. Algo que perjudica seriamente la imagen del deporte en España. El juez Aguirre tendrá que pedir una prórroga, con toda seguridad, para poder concluir el procedimiento porque se corre el riesgo de que la causa acabe por ser archivada. Es algo que no hay que descartar dada la lentitud con que avanzan las diligencias. Puede ser el momento de volver a designar un juez de apoyo, tal y como ya sucedió en los inicios de este asunto, porque el magistrado titular, con todos los sumarios que tiene encima de la mesa de su despacho, no da más de sí.
