Faltan sólo unos meses para que se inicie la campaña electoral de las elecciones presidenciales de República Dominicana. La oposición, liderada por Leonel Fernández, está formada por perdedores, por políticos ansiosos de alcanzar el poder para volver a implantar un régimen de corrupción. Sin embargo, los éxitos sociales, económicos y diplomáticos de Luis Abinader hacen prácticamente imposible que haya un cambio de gobierno.
El actual presidente dominicano ganó las elecciones de 2020 prometiendo «el cambio» y lo está logrando con creces. República Dominicana jamás tuvo unas tasas de crecimiento económico como las que se están experimentando en la actualidad. El país nunca estuvo por encima de Estados Unidos en crecimiento de PIB, tal y como demuestran las cifras del Fondo Monetario Internacional. Luis Abinader ha implementado reformas judiciales de tal calado que han terminado con la impunidad con la que contaban los corruptos en las épocas en las gobernó el PLD con Leonel y Danilo Medina. Esas reformas han logrado que República Dominicana escale puestos en los baremos internacionales y, sobre todo, obtuvo la felicitación pública del presidente de los Estados Unidos.
Todo ello Abinader lo ha logrado en un contexto internacional adverso. Llegó al poder en los momentos más duros de la pandemia de Covid19 y, a pesar de ello, logró convertir a República Dominicana en una de las mayores potencias mundiales del turismo, atrayendo y captando cientos de miles millones de dólares de inversión extranjera.
Luego llegó la guerra en Ucrania, con las graves consecuencias de inflación que están sufriendo todos los países del mundo. Abinader decidió poner todos los recursos del Estado a disposición del pueblo para que los dominicanos no sufrieran de manera tan directa los efectos de las subidas de los precios, sobre todo de los carburantes. Estas medidas, por cierto, fueron copiadas meses después por las grandes potencias.
Abinader también se ha tenido que enfrentar a las catástrofes meteorológicas derivadas del cambio climático y antepuso el bienestar de su pueblo a hacer, como hizo Leonel Fernández, tournées propagandísticas a miles de kilómetros de donde la ciudadanía sufría.
En los últimos meses, a República Dominicana le ha sobrevenido una crisis fronteriza con Haití por la construcción ilegal de un canal que desviará el cauce del río Masacre, un río de soberanía compartida. Ese canal, en principio, era para proveer agua a zonas agrícolas. Sin embargo, esta versión dada en un primer momento se contradice con la verdadera intención, que no es otra que utilizar el agua de los dominicanos para el sector de la minería del oro que está controlada por intereses ocultos de Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Reino Unido.
La respuesta de Abinader fue la que tenía que ser para defender la soberanía nacional de la patria dominicana. Sin embargo, tanto Leonel como otros representantes de los partidos moribundos de la oposición cuestionaron seriamente y con dureza unas medidas que tenían como único objetivo la defensa de los ciudadanos dominicanos respetando, como no podía ser de otra forma, los derechos humanos.
Esos ataques indiscriminados y sin ningún sentido por parte de Leonel Fernández y su tropa de populistas han estado acompañados de una gravísima campaña de desprestigio y difamación internacional, campaña que, por cierto, no ha sido criticada ni denunciada por quien dice ser la fuerza del pueblo pero que no tiene pudor en ser cómplice con su silencio de la humillación internacional de dicho pueblo.
No es casual, nada es casual que todo esto se esté dando en un momento en que los éxitos internacionales y diplomáticos de República Dominicana hayan colocado al país en un lugar de privilegio en Latinoamérica. Hay una intención evidente: equiparar el modelo de gobierno de Luis Abinader con otros países en los que sí se están vulnerando gravemente los derechos fundamentales de las personas.
Primero fue un excongresista norteamericano quien afirmó en una carta a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana que las medidas contra la corrupción aplicadas por Luis Abinader eran una estrategia para encarcelar a líderes políticos. Esto es falso.
Luego, tras el estallido de la crisis con Haití, y coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la ONU, cumbre en la Abinader consiguió el mayor éxito diplomático de la historia de República Dominicana, se intensificó la campaña internacional de desprestigio y difamación.
Empezó un supuesto experto externo de Naciones que afirmó que en República Dominicana se estaban vulnerando los derechos humanos de los haitianos que vivían en el país. Esto es falso, puesto que los nacionales de Haití que tienen regularizada su estancia en el país caribeño tienen exactamente los mismos derechos que los dominicanos.
Luego llegó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la situación de una parte de haitianos nacidos en República Dominicana que, por una decisión de los gobiernos del PLD, les fue retirada la nacionalidad y, por tanto se encontraban en una situación de apatridia. Sin embargo, se culpó al gobierno de Luis Abinader de una situación de la que no es responsable y, en segundo término, se acusó de que esas personas iban a ser deportadas. Todo esto es falso.
A pesar de descubrirse la falsedad de ello, algunas de las oenegés que dieron una versión falsa a la CIDH han continuado con su campaña difamatoria que atenta contra su propio país y enviaron información al New York Times que publicó una pieza firmada por profesionales desde México y Miami para enterarse de la realidad de la situación y que, por supuesto, no contactaron con el gobierno de República Dominicana para contrastar si dicha información era correcta o un bulo.
No es casual que el New York Times, que dispone de uno de los departamentos de verificación más importantes del mundo, se haya plegado a esta campaña de difamación a un país y a un presidente democrático. Nada es casual.
Respecto a la situación de los apátridas, el gobierno de Luis Abinader fue muy claro al respecto rechazando «contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos».
La manipulación absoluta que hizo de la realidad tanto la CIDH como el New York Times se muestra en los datos oficiales y en las razones de esos datos. De todas las personas a las que se les restituyeron su estatus de nacionalidad, más de 34.000 no acudieron a recoger sus documentos por diferentes razones como el fallecimiento, la migración o el ignorar el llamamiento que se hizo desde el gobierno dominicano para que fueran a recoger sus papeles. Por tanto, las cifras que la CIDH afirmaba en su comunicado de personas a las que no se les había restituido su estatus de nacionalidad son, en realidad, de personas que no fueron a recoger su documentación, papeles que sí están expedidos oficialmente.
Lo que es cierto es que las políticas y la gestión de Luis Abinader, tanto a nivel interno como en su política exterior, se caracterizan por estar regidas por un eje estratégico que contempla como elemento prioritario la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, consagrados en su Constitución y los tratados internacionales.
Sin embargo, ahí no acaba el ataque de determinados intereses ocultos contra la República Dominicana. Luis Abinader logró un éxito diplomático inédito al conseguir, con su perseverancia, que Naciones Unidas aprobara el envío de una misión internacional que fue autorizada por el Consejo de Seguridad.
De repente, han empezado a surgir oposiciones a la misma por parte de una parte de la población haitiana, tal vez de los que se están beneficiando de la corrupción y la violencia, alegando que Haití tenía derecho a una autogestión que, hasta ahora, sólo ha traído el control del país por parte de bandas criminales financiadas por, precisamente, esos intereses oscuros que viven en Estados Unidos, Francia, Canadá y España.
Posteriormente, fue la oposición al gobierno de Kenia, el país que va a liderar el despliegue, la que se opuso al envío de policías keniatas a Haití. No es casual que las tornas estén cambiando tan rápido. Del apoyo unánime se ha pasado a una oposición feroz y eso no es casual. Ante la amenaza que suponía para sus intereses la intervención en Haití, esas élites norteamericanas, caribeñas, europeas y latinoamericanas, presuntamente, han iniciado movimientos y contactos para generar un ambiente de oposición en los diferentes países para evitar que se produzca un despliegue fundamental para que Haití sea controlado realmente por los haitianos, no por los poderosos que ejercen su poder desde el extranjero.
No todo vale en política, ni, por supuesto, difamar a tu propio país para conseguir el poder. La publicación del artículo del New York Times no es casualidad porque se trabaja la sensibilidad humana de los individuos que desde la distancia solo conocen los que reciben de la prensa, por tal razón, los que vean en los medios de comunicación es lo que creerán en su gran mayoría.
Historias como estas, aparte de otras, crea una imagen muy negativa del país en cuanto al respeto de los Derechos Humanos, esos que en ocasiones según han divulgado por todos lados, son vulnerados en esta nación a los haitianos. Este “simple texto”, para el que así lo quiera considerar, hace daño a la nación, a la imagen y con ello, todo lo que lleva de la mano, como, por ejemplo, el interés de los inversionistas y la visita de turistas.
Desde luego, en República Dominicana hay quienes que, por sus ansias de poder, han olvidado esa estrofa del himno nacional que dice «Compatriotas, mostremos erguida / Nuestra frente, orgullosos de hoy más / Que Quisqueya será destruida / Pero sierva de nuevo, ¡jamás!».
