La prensa conservadora se queja, y no sin cierta razón, de que los fiscales están actuando de forma descoordinada de manera que casos semejantes “se miden con diferente rasero”. Los medios de comunicación afines a la derecha han sacado a relucir las diferentes actitudes de los fiscales anticorrupción en casos como los de los Eres de Andalucía y los de Gürtel y Púnica, por poner un ejemplo. Lo que sí es evidente es que no existe una unificación de criterios, una inexistencia que confunde a la opinión pública. Y ello genera desconfianza en lo que al ministerio público se refiere. Una mala imagen que el fiscal general, intenta neutralizar.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado dijo, recientemente, que “la fiscalía es, sin duda, una de las instituciones más desconocidas dentro de los órganos constitucionales, tenemos un serio problema de credibilidad fruto de ese desconocimiento. No hemos sabido trasladar lo que hacemos y cómo lo hacemos”. Gran parte de la culpa la tiene el mismo.
Cuando se hizo cargo de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz quiso dejar clara su autonomía del poder político a pesar de que es el Gobierno quien lo nombra. Su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, había sido ministra de Justicia y arrastraba fama de seguidismo gubernamental en lo que a las actuaciones de los representantes judiciales públicos se refiere.
Nada del otro mundo si se tiene en cuenta que a los fiscales generales los nombra el gobierno de turno. Su dependencia viene siendo una práctica habitual desde que está en vigor el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a pesar de que no pueden recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Pero el hecho de que “el Gobierno puede interesar de la fiscalía general del Estado que se promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público” permite cierto margen al ejecutivo a la hora de impartir instrucciones a la institución fiscal. Nada del otro mundo si se tiene en cuenta que el Fiscal representa a la sociedad en sus actuaciones.
Pero García Ortiz se ha tomado muy en serio su autonomía respecto a otros poderes públicos. Tal vez es por ello por lo que las actuaciones de los fiscales en esta nueva etapa se contradicen. No sólo con lo que se puede percibir por parte de la ciudadanía, sino también entre las decisiones que adoptan ellos mismos. Dos asociaciones, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales, la primera de carácter progresista y la segunda conservadora, se disputan el poder en el seno de un órgano, el Consejo Fiscal, que, aunque de carácter consultivo, tiene su importancia a la hora de tomar decisiones. Los debates de este organismo, que han transcendido públicamente, constatan la división existente en el seno de la carrera fiscal. Es, más o menos, lo que está pasando con los jueces, pero en otro nivel.
García Ortiz intenta poner orden en un galimatías provocado por las luchas internas por el poder. Pero es difícil lograr cierta coordinación.
En el seno de la Fiscalía General hay responsabilidades vacantes, como es la todopoderosa Secretaría Técnica, de donde procede, precisamente, Álvaro García Ortiz. Luego están los fiscales encargados de coordinar materias tan importantes como la de violencia de género, medio ambiente y urbanismo, seguridad vial, protección y reforma de menores, entre otras. Y, por último, los titulares de organismos o acciones concretas como son las conocidas como Fiscalía Anticorrupción, y Fiscalía Antidrogas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, y los fiscales jefes de las demarcaciones territoriales, las más importantes, Madrid y Barcelona por el volumen de actuaciones judiciales que se llevan a cabo en esas zonas.
Cada uno de esos titulares tiene suficiente autonomía como para decidir sobre una actuación judicial. Y no necesariamente sus criterios deben coincidir con los de sus colegas. Aunque, eso sí, existen instrucciones concretas en algunos aspectos para evitar descoordinaciones. Unas instrucciones que en muchas ocasiones no sirven para nada
Estos días, Álvaro García Ortiz va a dar a conocer el decreto que ha elaborado para unificar criterios sobre las condenas por malversación tras la modificación de este delito en el Código Penal. El fiscal general del Estado espera tener este mes el decreto para revisar condenas por malversación con «una voz única»
García Ortiz no quiere que pase lo que ha sucedido con la revisión de las penas por delitos sexuales tras la promulgación de la ley del “si sólo es si”. En este caso, el fiscal general también dictó un decreto para unificar criterios. Un decreto que sólo se ha cumplido a medias. Ha habido fiscales que se han alineado con las tesis de los jueces y han pedido la reducción de penas cuando el decreto de la Fiscalía General deja claro que hay aplicar el criterio establecido en la disposición transitoria del Código Penal de 1995 que establece que cuando la pena impuesta “sea también imponible” con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse.
Son las consecuencias de una gestión que no está siendo tan eficaz como se pensaba que iba a ser. Por eso no es de extrañar la mala imagen que se tiene en torno a la institución judicial.
