A finales del pasado año el ministro de Sanidad, Salvador Illa, garantizaba que no se confeccionarían listas públicas de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, aunque defendió la necesidad de que la Administración conozca, «por garantías de seguridad», los nombres y apellidos de todos aquellos a los que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado inmunizarse. Parece de sentido común pensar que cualquier sanción o amenaza sanitaria puede conllevar un atentado contra los derechos fundamentales de las personas recogidos en la Constitución del 78, de modo que a las autoridades solo les queda jugar con la información persuasiva, es decir, con la concienciación social mediante campañas publicitarias para que la gente entienda que las vacunas salvan vidas, «que lo han hecho históricamente y que lo volverán a hacer», en palabras del propio Illa.
Las listas (sobre todo si son negras) siempre tienen un componente policial de Estado autoritario y siempre deben manejarse con sumo cuidado porque está en juego la democracia misma. El mejor ejemplo de que airear las enfermedades y la vida privada de las personas puede resultar discriminatorio para aquellos que padecen el contagio y terminan siendo arrinconados en guetos laborales o urbanos es ese carné o pasaporte covid que pretende instaurar la presidenta de la Comunidad de Madrid, la inefable Isabel Díaz Ayuso. Tal medida es en buena medida paradigmática de hasta dónde puede llegar la xenofobia por razón sanitaria, la discriminación entre sanos y enfermos, el apartheid que en ocasiones practica la derechona neoliberal castiza. La consecuencia inmediata de que se manejen listas para el pasaporte coronavírico sería, sin duda, que habría ciudadanos de primera y de segunda categoría a la hora de, por ejemplo, conseguir un empleo.
Ahora bien, ¿tiene derecho un Gobierno a publicar listas con nombres y apellidos en el caso contrario, es decir, las listas de los listos, las listas de los aprovechados que se han saltado los protocolos de vacunación robándole la dosis a alguien que lo necesita más por pertenecer a un grupo de alto riesgo? El debate está servido. En principio una sociedad tiene derecho a defenderse de aquellos que socavan sus cimientos morales practicando la corrupción sanitaria (qué otro nombre podemos dar si no a la conducta consistente en ponerse el primero en la cola de vacunación con prevaricación y alevosía, con tráfico de influencias y morramen, con privilegio y trato de favor). Cualquier democracia está perfectamente legitimada para publicitar los nombres de los insolidarios, de los jetas, de los oportunistas, codiciosos y desaprensivos, como también para sancionarlos negándoles la segunda dosis, esencial para obtener una inmunidad completa. Cualquier actuación desde ese punto de vista sería ética, políticamente y penalmente acorde con el ordenaminto jurídico.
Ayer mismo, el portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, Pablo Echenique, exigía la publicación de listas con los nombres de los cargos públicos que hasta ahora se han vacunado contra el covid sin que les tocara según el protocolo establecido. «Las administraciones estatal, autonómicas y municipales deben publicar la lista completa de cargos públicos que se han vacunado saltándose la cola», sentenció el referente morado en Twitter. Y es que, a su juicio, «no se puede luchar contra la corrupción y la inmoralidad en las instituciones si no hay transparencia». Una vez más, las palabras del socrático Echenique desprenden sensatez, ya que si existen los que incumplen las normas, ya sean penales o sanitarias, también hay un Poder Ejecutivo que está para reaccionar con contundencia ante el malhechor.
La polémica jurídica está asegurada y a buen seguro una vez más nos toparemos con los puristas de las libertades, generalmente aquellos sectores de la derecha reaccionaria que tratan de apropiarse del título de más demócratas que nadie, o sea, de más papistas que el papa, y que presentarán batalla legal en todos los frentes para garantizar el anonimato de los pícaros bajo el pretexto de que el Estado no puede intervenir invadiendo la intimidad de las personas y otras monsergas.
Sin embargo, la última oleada de políticos, funcionarios y hasta cargos de la cúpula militar que han decidido pincharse la vacuna sorteando la ley aconseja que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lamentablemente, la pandemia nos está enseñando, entre otras cosas, que a los gobiernos de las democracias liberales les tiembla el pulso y se muestran pusilánimes cada vez que se ven en la obligación de aplicar la impopular potestad coercitiva, el correspondiente multazo para dar escarmiento a los irresponsables que aún no se han dado cuenta de que con sus comportamientos incívicos ponen en juego la vida de los demás y la supervivencia misma del Estado de derecho. Ahí está la reciente manifestación de negacionistas que este sábado reunía, bajo el lema Por nuestros derechos y la vida, a miles de haters en Madrid. Hasta donde se sabe, las reuniones de más seis personas siguen sin estar autorizadas por el decreto de estado de alarma y por razones sanitarias obvias, pero una vez más los conspiranoicos se salieron con la suya contribuyendo a una mayor propagación del virus mientras el Gobierno permanecía impasible. «Illa, Illa, Illa, fuera mascarillas», gritaba la alegre y jovial muchachada.
Bunbury, como buen neorromántico que es, ha apoyado la manifa libertaria y suicida alegando que estamos en «momentos muy complicados en los que parece que hay que recordar nuestras libertades, la libertad de expresión, de movimientos, de reunión, la médica y, por supuesto, el derecho al trabajo». Por lo visto, las gafas de cristal oscuro ya no le dejan ver al músico cuál es la dramática realidad que estamos padeciendo, los muertos que se cuentan por cientos, el sistema nacional de salud al borde del colapso y la nueva cepa británica llamando a nuestras puertas para terminar de consumar el apocalipsis. Un escenario de guerra. Como antiguo héroe del silencio, lo mejor que podría hacer el bueno de Bunbury es callarse y no hacer el ridículo.
