La sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la renovación del CGPJ llega tarde

La reprimenda del TEDH de Estrasburgo a España por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial no sirve de nada. Si esa sentencia hubiese trascendido unos meses antes, por ejemplo, a principios de año cuando el gobierno y el PP habían pactado dicha renovación que no salió adelante en protesta por la reforma del Código Penal, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero también el comisario de Justicia, Didier Reynderes, presionó para que se desbloquease la renovación con resultados infructuosos. Y es que se habrá vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los candidatos a ocupar las vocalías del CGPJ, el Tribunal Constitucional no obró correctamente al no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por seis de esos candidatos, todos pertenecientes a la conservadora asociación judicial Francisco de Vitoria, el parlamento no convocó el pleno para proceder a la elección, todo lo que se quiera, pero ahora ya la única solución posible es que en la nueva legislatura que salga de las urnas el 23 de julio, se  proceda a cumplir con las recomendaciones de Estrasburgo. Algo que se antoja muy difícil porque si gana la izquierda, la derecha seguirá bloqueando los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces, y si la derecha vuelve al poder, Núñez Feijóo ha prometido hacer una reforma en profundidad de la ley orgánica que regula la elección de esos vocales dando mayor protagonismo a las asociaciones judiciales. Si se hace así, los candidatos de la Francisco de Vitoria se la tendrán que envainar y la sentencia de Estrasburgo será papel mojado. Algo puramente testimonial.

Todo comenzó en diciembre de 2018. Seis magistrados se presentaron candidatos al Consejo General del Poder Judicial avalados por la asociación a la que pertenecen, la Francisco de Vitoria. El Congreso y el Senado nunca convocaron el pleno para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Entonces, esos seis magistrados acudieron al Tribunal Constitucional para denunciar esta inacción. Un año después, la corte de garantías rechazó admitir a trámite el recurso de amparo alegando que se había presentado fuera de plazo.

“Lo que estaba en juego en el proceso presentado por los solicitantes no era su derecho a convertirse en miembros del CGPJ, sino su derecho a un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas«, explica el tribunal de Estrasburgo en su sentencia. En cuanto a la respuesta que dio el Constitucional, critica que ni siquiera presentó «una justificación básica» y vulneró «la esencia misma de su derecho de acceso a un tribunal«.

La derecha mediática ha manipulado el sentido de esta sentencia de Estrasburgo. Viene a decir que la institución judicial europea da un varapalo al gobierno por no saber resuelto el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y la cosa no es esa. Los seis magistrados que presentaron la demanda ni siquiera estaban en una lista de las que se elaboran para someter a la consideración de diputados y senadores donde tienen que obtener la mayoría cualificada de tres quintos para ser designados vocales del CGPJ. Eso, empezando por ahí. Y el TEDH lo que hace es señalar que a los magistrados les han vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva. Nada que ver con el fondo de la cuestión.

Luego, en un intento de blanquear el bloqueo anticonstitucional llevado a cabo durante toda la legislatura por el PP, la derecha mediática mezcla argumentos que no tienen nada que ver. Equipara esta sentencia con las demandas de Bruselas que reclama un cambio de modelo para que se potencie la elección directa de los vocales del CGPJ por parte de los jueces y magistrados. Y oculta que el comisario de justicia ya advirtió a los dirigentes populares que lo que debían de hacer era renovar inmediatamente, con arreglo a la normativa vigente, y, posteriormente, plantear un nuevo modelo de designación. Estrasburgo ni siquiera ha entrado en esa cuestión.

Tanto ha trascendido esta resolución judicial en la caverna mediática que ha dejado aspectos importantes de la sentencia en segundo plano. A España no se la sanciona económicamente ni se pide indemnizaciones para los seis demandantes. Y, el rapapolvo al Tribunal Constitucional tampoco servirá para reabrir el recurso de amparo según señalan fuentes de la corte de garantías. Porque la sentencia en ningún paso ordena dar ese paso.

Pero como estamos en campaña, la derecha mediática no ha dudado en volver a manipular una resolución judicial que “viene de Europa”. Y entonces llega el momento de recordar que en más de una ocasión los dirigentes del Partido Popular han manifestado su incredulidad ante las advertencias de la Comisión Europea para que se lleve a cabo una reforma de la justicia en España empezando por el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, un bloqueo cuyo único responsable es el Partido Popular que en los casi cuatro años de mandato del gobierno progresista siempre ha puesto excusas para echar por tierra los pactos a los que llegaban con los socialistas. Las razones ya se han contado aquí muchas veces. El PP controla la judicatura a través de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, entre ellas la Francisco de Vitoria. Y más que la va a controlar. La va a monopolizar porque en Génova tienen claro que no puede haber más casos de corrupción en los que acaben implicados hasta un vicepresidente de gobierno, como es el caso de Rodrigo Rato. No puede haber más Gürtel, ni Púnicas, ni Lezos, ni Kitchens. Si se destapan casos de corrupción deben de ser al estilo ERES de Andalucía donde salen castigados dirigentes socialistas, aunque se les haya sancionado penalmente por actos políticos, nunca por asuntos administrativos.

Y, por último, otro matiz, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene nada que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las sentencias de éste vinculan a los estados miembros del club de los 27 y si alguno incumple una resolución, como está sucediendo en los casos de Polonia y Hungría se encontrará con fuertes sanciones económicas. El TEDH no tiene esta fuerza vinculante. En eso la derecha mediática también ha manipulado.