El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivar la instrucción de la causa de la caja B del Partido Popular. Una causa sobre cohechos efectuados por empresarios al PP a cambio de adjudicaciones durante la época del gobierno de José María Aznar, que se había desglosado de la llamada “trama Gürtel”. En un auto, Pedraz considera que no existen “indicios y pruebas suficientes como para seguir adelante con la investigación”. Aún a pesar de ello, se recuerda al juez Pedraz la existencia de grabaciones telefónicas que prueban la existencia de pagos de empresarios a cambio de concesiones.
Además, están las declaraciones de Francisco Correa, imputado en la pieza principal del Caso Gürtel en las que revela dichos pagos, concretamente a un donante, el constructor Alfonso García Pozuelo. Bien es cierto que el resto de los empresarios implicados negaron haber recibido las adjudicaciones de las administraciones dominadas por el PP, aunque sí haber efectuado “donaciones” al partido. Todos estos datos, dice el Juez, “han sido examinados minuciosamente” no encontrando en ellos “indicios de delito”.
De la coherencia y profesionalidad del juez Pedraz nadie duda. El Magistrado se ha limitado a aceptar la petición del fiscal del caso, Antonio Romeral, quien pidió el sobreseimiento después de analizar el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, en el que los técnicos descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha y afirman que no se puede establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados.
Un informe que contradice al elaborado por la UDEF, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, en el que se señala la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras y servicios investigados en la causa. Este informe de la UDEF es el que se había tenido en cuenta durante la investigación que estaba a punto de cerrarse. De hecho, Santiago Pedraz no había solicitado la prórroga de la instrucción por considerar que se debía de convertir inmediatamente “en procedimiento abreviado”, el paso previo a la apertura de juicio oral.
Pero, con este informe de la IGAE, las cosas han cambiado radicalmente. Un informe que ha tardado un año en entregarse en el juzgado y que ha dado un vuelco total a las decisiones que el Juez iba a adoptar. ¿O no?
En ambientes judiciales se señala que se están ejerciendo fuertes presiones sobre los jueces de la Audiencia Nacional para cerrar, cuanto antes, las instrucciones pendientes de las tramas Gürtel, Púnica y Lezo. O sea, todo aquello en lo que tiene que ver el Partido Popular. Cuando al Partido se le condenó en una de las piezas de la trama Gürtel, en Génova se tomó la decisión de terminar, de una vez por todas, con este estado de cosas. “Para eso hemos estado trabajando durante tantos años, para tener jueces afines en la magistratura”, dicen que comentó un alto cargo próximo a Casado, entonces presidente, y que sigue ahora muy vinculado a Feijoo tomando decisiones sobre todo en materia judicial.
La presidenta de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, muy próxima al PP, es la señalada como la encargada de presionar a los instructores para que terminen de cerrar las investigaciones pendientes y se señalen los juicios correspondientes con el fin de dar carpetazo a estos asuntos lo antes posible. No se quiere que ocurra lo que le pasó a Mariano Rajoy. La moción de censura de Pedro Sánchez obedeció a una sentencia condenatoria poco relevante pero de consecuencias políticas de todos conocidas.
Por eso, existen sospechas de que, en esta ocasión, Santiago Pedraz, con muchísimas dudas desde que recibió el informe de la IGAE, ha tenido en cuenta esta “orden” de dar carpetazo, sobre todo a las piezas que pueden desembocar en ruido mediático y en las cuales la repercusión para el PP puede derivarse de lo que se diga en los medios de comunicación. Recordemos que en la causa ahora archivada sólo se imputaron a empresarios. No había ningún miembro destacado del PP investigado.
Dudas que se extienden al fiscal de Caso, Antonio Romeral. Últimamente, los fiscales de la Audiencia Nacional están siendo señalados por sus decisiones controvertidas sobre las imputaciones de cargos del PP. A la petición de Romeral de archivar la instrucción del Caso de la caja B, hay que sumar la actitud de, Dolores López Salcedo, la fiscal antidroga que lleva el caso de la mafia marbellí en la que están encausados el marido y el hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. López Salcedo se negó, en su día, a incorporar al sumario las investigaciones policiales sobre la alcaldesa que, en cuestión de escasamente un año, ha incrementado sus participaciones en sociedades patrimoniales pasando del 50% al 100%. Algo que, al menos, merece ser investigado. La Fiscala cree que no tiene relación con el caso de narcotráfico y blanqueo de dinero que instruye el juez García Castellón quien, haciéndola caso, ha decidido cerrar la Causa y convertirla en procedimiento abreviado procesando a todos los investigados, entre ellos el marido y el hijastro de la alcaldesa.
Es cierto que los jueces suelen hacer suyas las peticiones de los fiscales. Sobre todo, en instancias superiores. Pero choca mucho que no se tengan en cuenta a la hora de ponderar sus decisiones, informes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los cuales tienen fama de ser rigurosos a la hora de entregarlos a la justicia.
