Es un despropósito decir que hay un conflicto de intereses en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos porque es la pareja de Baltasar Garzón, titular de un despacho de abogados especializado en causas sobre los derechos humanos. ¿Es que la derecha judicial se olvida de que hay infinidad de casos en los que jueces y fiscales se han entremezclado como matrimonio o parejas sentimentales sin haberse declarado “conflicto de intereses”? ¿Ya nadie se acuerda de que Javier Gómez de Liaño era juez de la Audiencia Nacional y su compañera sentimental, Dolores Márquez de Prado, ejercía como fiscala en la misma instancia?
La Asociación de Fiscales tiene mucho que callar Recientemente quedó señalada como organizadora de una cena a la que invitaron a Alberto Núñez Feijóo y donde llegaron a decirse cosas tan graves como que existe la sospecha de que, a través de la empresa pública Indra, encargada del control del escrutinio electoral, el PSOE puede amañar unos resultados electorales. Unos días después, se destaparon los conocidos fraudes a través del voto por correo en Melilla, en Mojácar y, si se me apura, en media España, siempre cometidos por personas próximas al PSOE o a partidos que mantienen estrechas relaciones con los socialistas. ¿Qué consignas se pudieron dar en esa cena de la Asociación de Fiscales para que, unos días más tarde de su celebración, saltasen a la luz pública esos escándalos?
La Asociación de Fiscales ha quedado retratada. Ya nadie duda de la proximidad de sus directivos a los postulados del PP. Incluso han montado una rebelión en torno al nombramiento de Dolores Delgado a sabiendas de que la que fue ministra de Justicia y fiscala general del Estado puede ser cesada si gana el PP las elecciones y forma gobierno porque Núñez Feijóo ha anunciado que derogarán la ley de Memoria y, por lo tanto, vaciarán de competencias la recientemente creada fiscalía de sala. O sea que esta especie de rebelión en el Consejo Fiscal sólo ha sido un paripé que forma parte de la estrategia electoral de la derecha judicial generando dudas sobre la independencia de la fiscalía respecto al poder político cuando esa independencia no ha existido jamás.
Y si no que se repase la trayectoria de la que fue fiscala general del Estado en el último gobierno de Rajoy y durante el mandato en funciones de Pedro Sánchez, Consuelo Madrigal, quien propuso la designación del fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo, Olayo Eduardo González Soler, después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016. La ex fiscala general ha contestado de forma airada argumentando que se trató de una «mera adscripción como fiscal de sala cuando, por haber cumplido la edad de jubilación, ejercía su derecho a prórroga por dos años del que, en otro caso, se hubiera visto injustamente privado. Se trató, por tanto, de un trámite cuasiautomático, que no comprometía ni afectaba a intereses o expectativas de ningún otro miembro de la carrera fiscal, no exigía ni permitía oferta o concurso público y se limitaba a la adscripción del interesado al órgano del Ministerio Fiscal en el que su especialización pudiera ser más útil que fue aquel del que había salido cinco años atrás, al ascender a fiscal de sala», explicó.
Es un razonamiento que puede ser válido, pero por esa regla de tres también sería el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para proceder al nombramiento de Dolores Delgado aún a sabiendas de que hay convocadas elecciones generales para el 23 de julio y como dicen los de la Asociación de Fiscales, puede que haya cambios en el Gobierno y por lo tanto en la fiscalía general. Además, al ser un cometido de nueva creación, no perjudica a ningún compañero a pesar de que otros tres fiscales se “postularon” para ocupar un puesto en el que no hacía falta antiguedad ni concursos de méritos. El fiscal de sala es un cargo de libre designación por parte del fiscal general. Como contrapunto, hay que destacar que durante el mandato de Madrigal se produjeron 11 provisiones de vacantes estando el gobierno “en funciones” y sobre ese asunto no se ha vuelto a hablar.
En cuanto a la independencia de la figura del fiscal general del Estado habría que recordar las palabras de José María Aznar cuando nombró a Jesús Cardenal. Entonces el líder popular dejó claro que la Fiscalía, “en tanto que ejerce la acusación en nombre del pueblo depende directamente de quien la nombra, los representantes del pueblo”. Jesús Cardenal fue uno de los fiscales generales más controvertidos que ha habido en la época de la transición.
Hace tres décadas se cometió uno de los mayores atropellos de la democracia de este país. El llamado “Tamayazo”, dos tránsfugas del PSOE comprados por constructores afines al Partido Popular que impidieron la elección del socialista Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid. El fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, intentó llevar a cabo una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Su superior, Jesús Cardenal, le prohibió cualquier tipo de indagación.
Y luego están las tan aireadas deserciones de la Unión Progresista de Fiscales, los únicos que apoyaron el nombramiento en el Consejo Fiscal. La derecha mediática se ha apresurado a informar de que varios destacados miembros de la UPF han pedido la baja. De dos de ellos, Carlos Castresana y Javier Zaragoza, no han dicho públicamente los motivos que los han llevado a abandonar la asociación. Y una de ellas, la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, sí ha hecho pública una nota criticando la actuación de Álvaro García Ortiz quien la había censurado en privado por su nefasta gestión. Otro de los fiscales que se ha dado de baja es el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, quien también optaba por el puesto que finalmente ha ocupado Dolores Delgado.
La reacción extemporánea de la derecha judicial contra el nombramiento de Delgado como fiscala de sala para la Memoria Histórica y Derechos Humanos, deja aún más tocada la justicia en este país donde la ciudadanía cuestiona la independencia judicial, pero sobre todo la eficiencia de sus miembros. Con una huelga de funcionarios que ha supuesto la suspensión y el aplazamiento de un millón de actos, según los sindicatos convocantes, con un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace cinco años y con unas asociaciones que dicen representar a los jueces y fiscales cada vez más vinculadas a determinadas opciones políticas, el desastre es total. Y veremos lo que se tarda en reconstruir todo este desaguisado. ¿Merece la pena destrozar todo un aparato como es el del poder judicial simplemente para que la derecha se haga con ese poder de forma monopolística?
La política de tierra quemada nunca dio buenos resultados.
