Los letrados de la administración de justicia no han cobrado las subidas pactadas en julio tal y como se había comprometido el ministerio de Justicia. Y lo mismo ha pasado con los fiscales y los jueces. El incremento de retribuciones acordado oscila entre los 400 y los 450 euros mensuales repartidos en tres entregas: una en julio, otra en septiembre y la otra en enero de 2024. El gobierno preparó los decretos que modificaban el sistema retributivo de estos colectivos y en Hacienda se libraron las oportunas partidas presupuestarias. Pero luego vino la convocatoria de elecciones generales y la disolución del parlamento, y el ejecutivo de Pedro Sánchez no puede ejecutar los decretos al estar en funciones. Así se lo han explicado altos cargos del departamento de Pilar Llop a las asociaciones representativas. Estas han amenazado con volver a las movilizaciones ya que consideran que sí se pueden aprobar los decretos a pesar de la provisionalidad del ejecutivo. Y la amenaza llega hasta la convocatoria de nuevas huelgas. Si la justicia está siendo un caos por todo lo que pasó en la primavera pasada, ahora la cosa se puede ver agravada.
En opinión de las asociaciones representativas de los LEAJS, el Gobierno en funciones «está obligado a atender el despacho ordinario de los asuntos públicos y, por tanto, a culminar los trámites legales pendientes para hacer efectivo lo pactado». Los letrados advierten que «si el Gobierno de España sigue buscando excusas para no cumplir con su propio acuerdo, está más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas necesarias». Amenaza evidente de que tienen capacidad para volver a parar. Llevar a cabo una huelga como la de la primavera pasada, que supuso la paralización de 356 juicios y vistas orales, 424.000 demandas pendientes de tramitación, y el bloqueo de 1.300 millones de euros en conceptos de fianzas, embargos, y mandamientos de pagos. Un desastre del que todavía no se ha podido salir a pesar de que el ministerio y los letrados de la administración de justicia consensuaron un plan para sacar adelante todo el trabajo acumulado aprovechando las vacaciones judiciales del mes de agosto.
Las asociaciones de jueces y fiscales han mantenido cinco reuniones con los responsables del ministerio sin que haya un compromiso expreso por parte del departamento para que perciban la subida de 500 euros de media acordada la pasada primavera. El argumento es el mismo que se emplea para los LEAJS, que “la incertidumbre política existente” impide la ejecución de esos acuerdos. Jueces y fiscales deberían ver reflejada en la nómina de octubre los incrementos pactados, pero mucho se temen que no verán reflejados los incrementos en sus nóminas.
De momento las asociaciones judiciales y fiscales, que representan al sector en las llamadas “mesas de retribuciones”, son mas prudentes que los letrados a la hora de hablar de movilizaciones. Dicen que si no se soluciona el asunto, tomarán “las medidas oportunas” pero no se habla de movilizaciones y huelgas como se hizo el pasado mes de mayo.
En su último escrito remitido a los departamentos de Justicia y de Hacienda y Función Pública, sus interlocutores en la mesa de retribuciones, las seis asociaciones que firmaron el acuerdo (Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) recuerdan que la subida salarial pactada se tiene que hacer efectiva en la nómina de octubre y que había un compromiso, además, de aumentos de plazas en las siguientes convocatorias de oposiciones. Ni lo uno ni lo otro parece que se vaya a llevar a cabo, al menos mientras dure esta situación de interinidad. Se tenían que constituir unos grupos de trabajo que se encargarán de cuantificar los recursos necesarios para regularizar las necesidades de la administración de justicia en lo que se refiere a jueces y fiscales. Dichas comisiones no se han constituido. Ni siquiera se ha fijado un calendario de reuniones. En cuanto al cobro de los incrementos que tiene carácter retroactivo desde el primero de enero del ejercicio actual, las asociaciones están seguras de que no llegará en la nómina de este octubre.
Desde el ministerio de Justicia se pide paciencia a los operadores jurídicos. Se justifican en la “situación de incertidumbre” para tener paralizados los decretos que modifican el sistema retributivo y dicen que, mientras dure la situación de interinidad del ejecutivo, no se podrán ejecutar los acuerdos. Y eso, todavía tal y como está la situación política, es imposible de establecer por lo que las asociaciones obrarán en consecuencia. Probablemente con la amenaza de movilizaciones y nuevas huelgas.
Y todavía faltan por pronunciarse los sindicatos que representan al resto de trabajadores de la administración de justicia: los funcionarios “de a pie”, agentes judiciales y administrativos que también están pendientes de un acuerdo con el ministerio, y en este caso, las administraciones territoriales que tienen traspasadas las competencias en materia de justicia. Decidieron desconvocar la huelga para que se pudiesen llevar a cabo los procesos electorales sin interferencias, pero, una vez concluidos, quieren volver a la carga.
Así las cosas, de cumplir con sus amenazas, la ya de por sí caótica situación en los juzgados y oficinas e instancias judiciales puede acabar en un colapso de magnitudes descomunales. Una situación que preocupa muchísimo a Bruselas. El problema es que por mucho que digan las asociaciones, los operadores judiciales son los primeros en saber que la interinidad del ejecutivo impide adoptar decisiones del tipo de las que exigen. Y encima, además, se está mareando la perdiz con iniciativas como la de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y la dilación en llevar a cabo este acto parlamentario que se sabe, seguro, que no va a resolver la situación política.
Si luego, como todo parece probable, se designa candidato a Pedro Sánchez y este logra ser investido, el nuevo gobierno tendrá escaso margen de tiempo para resolver urgentemente este asunto que, de cualquier manera, no verá su final hasta primeros del año que viene. Y eso si no hay repetición electoral. Letrados. Jueces y fiscales pueden esperar sentados porque la cosa no pinta nada bien para ellos.
Si hay un gobierno en funcuiones, y no puede actuar en este conflicto pues tendrán q esperar los jueces, fiscales, laj y los funcionarios, q ud llama » de a pie» y no se q quiere decir eso. Los funcionarios se dividen en tres clases a saber : gestores de la admon de justicia, tramitadores dr la admon de justicia y los auxilios judiciales. Lo q no sé si el gobierno en funciones podrá tomar las medidas q reivindican. Y si es q no, pues q esperen q ya tienen buenos sueldos. Ajo y agua a jueces, fiscales y laj, lo de los funcionarios es otra historia.
A la puta calle todos, vendidos.
Que carallo van esixir está rolada de cabestros? Parásitos.