Los fiscales se niegan a investigar las torturas del franquismo

La última ha sido la de la fiscala de Barcelona encargada de investigar las torturas efectuadas al militante del PSUC Carles Vallejo por la policía franquista. Ni siquiera ha servido la nueva ley de Memoria, que sortea la opción del archivo de estas causas por la ley de Amnistía y la prescripción de este tipo de delitos. La fiscala ni siquiera se digna a mencionarla. Y no es la primera. También lo hizo una jueza de El Ferrol. Puede ser que la justicia no quiera entrar en este tema porque es consciente de que si gana la derecha las elecciones del 23-J lo primero que harán es derogar la ley que da soporte a este tipo de actuaciones judiciales. Ni siquiera el nombramiento de Dolores Delgado para ocuparse de estos temas va a servir. Los archivos de estas denuncias están a la orden del día.

Carles Vallejo fue la primera víctima de la tortura de la policía franquista en la siniestra comisaría de Vía Laietana que se atrevió a presentar una querella criminal. Vallejo, y las asociaciones que promueven acciones para que se investiguen las torturas cometidas por los policías franquistas, tenían esperanzas en la nueva Ley de Memoria que garantiza la tutela judicial de las víctimas de la dictadura y señala que los crímenes de “lesa humanidad” son imprescriptibles. Es decir que, por primera vez, se podían salvar los argumentos utilizados por los jueces para archivar este tipo de investigaciones: la ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.

Por lo tanto, la resolución de la Fiscalía de Barcelona era muy importante porque, si se abría la puerta a la investigación de las torturas que Vallejo dijo haber sufrido durante la dictadura, comenzarían a llenarse de denuncias no sólo en Barcelona sino en otras partes del Estado español.

Pero no ha sido así. La Fiscala que ha llevado la denuncia del militante del PSUC en ningún momento menciona, en las siete páginas de que consta su informe, la ley de Memoria Democrática. Y hacer referencia a la nueva normativa tiene su importancia porque El Tribunal Constitucional sentenció, en 2021, que nada impide investigar los crímenes franquistas “siempre que haya una ley habilitante”. El gobierno recogió el guante y elaboró la ley de Memoria Democrática donde se hace referencia a la obligación por parte de los agentes implicados en la justicia de investigar los casos en los que se denuncie la represión de la policía del régimen fascista dejando sentado que esas acciones no prescriben ni tampoco se pueden acoger a la amnistía de 1977. En concreto, la norma impone que todas las leyes del Estado, incluida la de amnistía, “se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional y en particular con el derecho internacional humanitario” según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben.

El informe del Ministerio Público ni siquiera recoge el mandato de la nueva norma. Se limita a señalar que las torturas están prescritas y que la ley de Amnistía de 1977 “sigue vigente”.

En su querella, Vallejo relató cómo fue detenido y torturado en dos ocasiones, en 1970 y 1971, por su actividad política y sindical. Al menos durante la primera detención, que duró 21 días, Vallejo “fue objeto de torturas a manos de los querellados y de otros agentes pendientes de identificar”, destaca el escrito redactado por Laura Medina y Sònia Olivella, abogadas de Irídia la entidad querellante junto a Amnistía Internacional y CeAqua que han anunciado que pedirán la intervención de la nueva fiscala para la Memoria Democrática, Dolores Delgado.

Pero Delgado tiene escasas posibilidades de sacar adelante la investigación que piden las asociaciones ciudadanas de Barcelona. Y todo porque si la derecha gana las elecciones generales, y Alberto Núñez Feijóo se convierte en el nuevo inquilino de La Moncloa, una de las primeras medidas que adoptará, según sus manifestaciones públicas, será la derogación de la ley que Delgado se debe encargar de hacer cumplir. Es más, la propia Dolores Delgado será la titular de una fiscalía vaciada de contenido por lo que difícilmente podrá iniciar acciones contra los policías torturadores de la siniestra sede central de la policía política, la tristemente famosa para muchos antifranquistas catalanes, comisaría de Vía Laietana.

La fiscala de Barcelona ha elaborado un informe en línea con lo dictaminado por una jueza de El Ferrol que rechazó la admisión de una querella por torturas similar a la de Barcelona por considerar que la ley de Memoria “no permite sortear la ley de Amnistía” y los delitos de los crímenes franquistas han prescrito. Y así, con esos argumentos, han terminado siendo archivadas las decenas de querellas presentadas por la comisión de delitos contra la integridad física por parte de la policía franquista. Que se sepa, sólo una de esas querellas por torturas ha sido admitida a trámite: contra el comisario José Manuel Villarejo.

Pero esa querella es la excepción de la regla. Todos, jueces y fiscales, no quieren meterse en lo que ellos mismos llaman en privado “un charco”. Unos tienen miedo a posibles represalias por parte de los funcionarios del cuerpo que todavía viven y que guardan bastante información como para hacer daño al sistema. Pero la gran mayoría no lo hacen por eso. Jueces y fiscales se caracterizan últimamente por su ideología conservadora. Y la derecha judicial de la que forman parte sólo quieren una cosa: acabar de una vez por todas con la dichosa ley de Memoria Democrática que, consideran, ha hecho revivir el enfrentamiento entre españoles. Bajo esa premisa están actuando y ellos son el filtro adecuado para acabar con la idea de cerrar las heridas provocadas por la guerra civil y la posterior represión franquista, el objetivo de la nueva ley.