Los jueces preparan una huelga política

“No nos podemos sentar en una mesa de negociación bajo la amenaza de una huelga”. Así se expresa una fuente del ministerio de Justicia ante la reunión de la mesa de retribuciones que tendrá lugar el próximo 3 de mayo. Y en ese enrarecido clima, los jueces pretenden llegar a un pacto en materia de salarios y condiciones de trabajo. Las cuatro asociaciones que los representan insinúan la posibilidad de movilizaciones y huelgas de no producirse avances.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, argumenta haber hecho una encuesta entre sus afiliados en la que el 70,31 de ellos se han mostrado favorable al paro. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y la Francisco de Vitoria también se muestran proclives a las movilizaciones, aunque no tan contundentemente como la APM. Lo mismo ocurre con la minoritaria Foro Judicial Independiente. Entre todas afilian a la mitad de los 5.300 jueces que hay en España.

En el peor de los casos habrá que ver qué tipo de convocatoria proponen las asociaciones judiciales. En principio todo parece indicar que sólo será una huelga de 24 horas. Pero si, al final, se va a los paros intermitentes, incluso a uno indefinido, la situación en la administración de justicia será insostenible. El retraso que se puede llegar a producir será, según cálculos efectuados por expertos, de dos años. En el ministerio de Justicia hablan abiertamente de “huelga política”. Y en realidad no les falta razón.

Es cierto que los jueces en España ganan menos que en Francia, Italia o Alemania, – y tres veces por debajo de los de Suiza-. Aun así, su retribución total puede llegar hasta los 50.000 euros mensuales en algunos casos. El sueldo base es de 1.640,3 euros al mes por 14 pagas. El plus de antigüedad es de 46,74 euros/mes por trienio alcanzado. Hasta aquí, esos emolumentos podrían parecer escasos. Pero es que a todo esto hay que añadir un complemento por localidad de destino que va desde los 1.982,04 euros en Huelva o Logroño hasta los 2.452,69 de Madrid o Barcelona. El plus de responsabilidad alcanza los 1.751,55 euros/mes que cobra el presidente de la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo, y el complemento de penosidad puede llegar a ser de 628,30 euros/mes. Como se puede comprobar la retribución variable puede llegar a multiplicar por treinta el ingreso mensual. Nada comparable con los miseros salarios que cobra un conserje de colegio público que en bruto levanta poco más de 1.300 euros. Claro está que un juez es un juez y un ordenanza es un ordenanza.

En la letra pequeña de las reivindicaciones que presentan las asociaciones de jueces y magistrados figura una que es el verdadero caballo de batalla de la protesta. “La escasez de medios con que se cuenta, cuyo mayor ejemplo está en las bajas no cubiertas en el Supremo”. También se quejan de la falta de apoyo por parte del ministerio. Se consideran “ignorados y maltratados” y ponen como ejemplo el descrédito que sufren por la disparidad de sentencias sobre la reducción de condenas como consecuencia de la aplicación de la ley del sólo si es sí.

Está claro que son agravios de cariz político. Las bajas no cubiertas del Tribunal Supremo obedecen a una circunstancia muy concreta ya explicada en reiteradas ocasiones: el abuso que ejerció el presidente del Consejo General del Poder Judicial en lo que a nombramientos de magistrados del Supremo se refiere cuando el órgano de los jueces llevaba, ya, varios años sin haber sido renovado y sin responder a la nueva mayoría política surgida de las urnas. Ese abuso, que ha provocado, además, un claro sesgo ideológico dentro de la máxima instancia judicial del país, se acabó cuando el parlamento aprobó un decreto mediante el cual se prohíbe a un CGPJ en funciones, como es el actual, nombrar titulares de las instancias superiores, audiencias y tribunales superiores territoriales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

¿Qué tal decisión provoca escasez de medios como consecuencia de las bajas que se están produciendo y que no son amortizadas? La respuesta la tiene un Partido Popular empeñado en no pactar la renovación del Consejo hasta pasadas las elecciones generales. El ministerio que dirige Pilar Llop está buscando soluciones provisionales como es la dotación de jueces sustitutos y letrados de la administración de justicia que asuman funciones de magistrados. Pero esas soluciones tienen difícil encaje legal.

En cambio, la APM, la asociación que cuenta con mayor respaldo entre los jueces, no lo ve así. Parece haber adoptado una postura semejante a la del PP y pide abiertamente que se derogue el decreto de marzo de 2021.  Hay que recordar que, si la derecha logra mayoría suficiente como para gobernar en las próximas legislativas, se modificará el sistema de elección de vocales del CGPJ. Serán “los jueces”, es decir, sus asociaciones, las que los designen. Y en esa hipótesis, la APM se haría con casi todo el poder del órgano de gobierno.

De ahí que esta protesta sea otra vuelta de tuerca por parte de la derecha judicial para desgastar al gobierno progresista. Lo malo es que hay quienes se están convirtiendo en comparsas de esta estrategia como fueron, en su día, los letrados de la administración de justicia, ahora los funcionarios, y, probablemente, mañana se unirán los fiscales.