Las investigaciones penales al Partido Popular y numerosos componentes de su cúpula, tanto institucional como orgánica, por corrupción, son noticia desde hace años. De hecho, la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que el partido de Casado era condenado por financiación ilegal, fue definitiva para que Sánchez consiguiera los apoyos suficientes en el Congreso de los diputados para ganar la Moción de censura y desbancar al presidente popular de Moncloa.
Ya en 2017 desde este diario hacíamos referencia a las numerosas causas judiciales que el PP tenía abiertas en los juzgados de lo penal por enriquecimiento ilícito, financiación ilegal, malversación de fondos, prevaricación y financiación ilegal de la formación.
Actualmente, son cinco las causas que vuelven a sentar a los populares en el banquillo de los acusados: Caso Boadilla , la caja B de Bárcenas, el caso Arganda del Rey, la visita del Papa a Valencia y los contratos del Gobierno de Francisco Camps. Además, antes de verano finalizará la instrucción de otras dos causas, los casos Lezo y Púnica, que implican a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
El discurso del PP, sea en el ámbito que sea, se desmonta cuando los principales líderes de la formación desfilan por los juzgados. La semana pasada se hizo público que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, tendrá que declarar como testigo en el juicio por la caja B del PP.
Así las cosas, en próximas fechas, la Audiencia juzgará en breve la corrupción en Boadilla del Monte (Madrid) y los negocios que Correa hizo en esta localidad entre 2001 y 2009, Fiscalía también acusa en este caso al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama Gürtel; el magistrado José de la Mata, , reabrió la causa de los papeles de Bárcenas e incorporó al sumario la investigación secreta sobre una presunta operación policial pagada con fondos reservados para robar documentación a Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP; también está próximo el juicio por las irregularidades detectadas en Arganda del Rey que tendrá que juzgar la adjudicación de terrenos a Martinsa, una operación que generó unas plusvalías multimillonarias; en marzo está previsto que comience el juicio por las adjudicaciones de la televisión pública valenciana a la constructora Teconsa, para la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, cuando gobernaba el PP, son 23 los procesados, todos vinculados al PP, en esta causa; y los contratos del Gobierno de Francisco Camps también irán a juicio llega tras reabrirse la investigación por una confesión de quien fue secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.
Estaría bien que Eva nos explicara en qué está implicada E. Aguirre o Cifuentes en ninguno de los casos que ha comentado. Con esa forma de redactar ya da idea de su buen hacer periodístico. Casos que por otro lado en muchas ocasiones son g*lipolleces similares a lo de los trajes de Camps, que tras años de airearlo los juntaletras como la «corrussión der PP» acabó en un archivo.