El pasado jueves 12 de marzo los niños españoles se fueron a casa como cualquier otro día despidiéndose hasta la mañana siguiente. Sin esperarlo, porque son niños y no tenían por qué conocer la situación de la pandemia, en 24 horas todo iba a cambiar. De un día para otro fueron privados de su vínculo de referencia en los colegios, sus maestros y profesores y de sus grandes aliados de aventuras, sus compañeros.
Durante 44 días no pisaron la calle. Encerrados sin posibilidad de réplica solo escuchábamos que eran los grandes portadores del virus y por ello justificaban que cualquiera pudiera salir a comprar el pan a diario y a pasear a su perro, animal tratado con mucho más respeto que los niños, pero ellos –considerados un peligro público- sin salir. Solo el día 41 del confinamiento, el vicepresidente segundo del gobierno se acordó de ellos, unas disculpas que llegaron tarde. Los más pequeños de la casa respondieron como es su condición natural, viviendo el momento y con una capacidad de adaptación que ya quisiéramos los adultos.
Cuarenta y cuatro días se escriben pronto pero se viven duros porque el confinamiento no ha sido igual en todas las casas. Primero por cuestiones espaciales, no todas las casas tienen la misma dimensión o terraza, ¡qué valorada en estos momentos! Segundo por motivos psicológicos, no es lo mismo un hogar donde sus cimientos están construidos en el amor que otro donde reinan la violencia y los abusos. Tercero, porque es diferente haber perdido el empleo que poder seguir trabajando. Cuarto, porque no es igual tener salud que infectarse e incluso morir. Las situaciones han sido tantas que no se podrían reflejar en un papel. Cada casa una circunstancia.
Pese a todo, y en el mejor de los casos, los hogares se convirtieron en centros escolares y lugares de trabajo donde a las tablas de multiplicar se sumaban las videollamadas y los skypes con los jefes. Con toda la desigualdad que esto supone por cuestiones socioculturales y la brecha digital.
Seis meses muy difíciles, más aún para todas aquellas personas que murieron en soledad o que perdieron a familiares en situaciones muy dramáticas. Los ancianos, otros grandes olvidados al igual que los niños. Pero respondimos sin protestar porque todo nos había pillado por sorpresa.
La comunidad educativa lleva todo el verano pidiendo medidas que garanticen la seguridad de la vuelta a las aulas. Pero nuestros gestores han sido bastante confiados al creer que todo se podía llevar a cabo una semana antes del comienzo del curso académico. A esta película de ciencia ficción se une que la vuelta a las aulas coincide con la segunda ola de la pandemia. Así que una vez más están actuando de forma precipitada como en marzo.
Por desgracia parece que no hemos aprendido nada en este tiempo. Seis meses después, a pocos días para que comience el curso escolar 2020/202l las familias estamos en la misma situación pero con una diferencia: ahora estaba anunciada a bombo y platillo. Incertidumbre e indignación, quizá esas sean las dos palabras que mejor nos definan a las madres y los padres en el momento actual.
Las competencias en sanidad y educación pasaron a las comunidades autónomas y, en el caso de Andalucía, se amparan en las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid19. Una forma de echar balones fuera ya que estas son imposibles de llevar a cabo sin inversión económica y voluntad política. Además de delegar toda la responsabilidad en los equipos directivos de los centros.
Lo que está ocurriendo tanto en sanidad como en educación no deja de ser una muerte anunciada de lo público. Unos gestores que tienen más intereses en lo privado y que llevan años recortando en servicios que son derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por eso las familias decimos ¡basta ya!, es momento de exigir lo que nos corresponde, igual que nosotros hemos respondido ante esta pandemia. Seguimos pagando impuestos, continuamos generando riqueza y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los que se supone que velan por nuestros interesen hagan bien su trabajo.
No nos traten como ingenuos porque cuando hay voluntad e intereses políticos y económicos siempre se encuentran soluciones, llámese fútbol, hostelería y ocio nocturno.
Las familias queremos una educación pública y presencial segura. Ahora no nos valen las medias tintas, las premuras y las medidas que ningún centro puede implementar. Sentimos incertidumbre, frustración y desesperación. Nos invade la culpa tanto si llevamos a los niños a las aulas como si no lo hacemos, recibiendo incluso amenazas si decidimos velar por la salud de nuestros hijos, derecho recogido en la legislación española, ya que nuestros gestores no lo hacen.
El 1 de abril con 9.159 casos de infectados por coronavirus al día los niños no podían salir a la calle ni siquiera una hora para respirar aire fresco y que les diera un poco el sol. Nadie se preocupó por su salud física ni emocional. Las cifras de cómo han crecido la obesidad y las consultas psicológicas infantiles debido al confinamiento están sobre la mesa. Hoy 30 de agosto, con 9.779 casos al día, nos quieren hacer creer que con grupos de convivencia de 25 o incluso 30 alumnos por aula, aunque no exista riesgo cero, la seguridad está garantizada.
Ante la dejadez de nuestros políticos decidimos actuar iniciando un movimiento familiar con más de 200 AMPA de Málaga y provincia. Mientras que nuestros gerentes estaban de vacaciones madres, padres y equipos directivos de los centros hemos estado haciendo su trabajo. Llevamos meses conciliando la vida familiar y laboral y ahora apelamos a la responsabilidad política. Queremos una educación pública presencial que garantice la seguridad de todos nuestros niños para que puedan volver a retomar sus vidas, esas que les arrancamos de la noche a la mañana porque las circunstancias lo requerían. Se lo debemos.
