Tras las Elecciones Generales, los bancos han presentado sus resultados correspondientes al primer semestre de 2023 y han sido espectaculares, lo cual, da la razón a la política fiscal del gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, las seis principales entidades financieras españolas han generado 12.385 millones de euros en el primer semestre de este año. Esta cifra supone un incremento del 20,7% más con respecto al mismo periodo de 2022. Sólo Banco Santander, con 5.241 millones, ha acaparado un 42,32% de esas ganancias netas.
Estos beneficios son consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que, al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos centrales, ha emprendido una estrategia de subida indiscriminada y salvaje de tipos de interés que sólo está beneficiando a las entidades bancarias y, evidentemente, perjudicando a las familias y a las pequeñas empresas.
Sin embargo, lo que estos resultados hacen es darle la razón a Pedro Sánchez y a la política fiscal basada en exigir a los que más tienen y más ganan que aporten al Estado lo que les corresponde, sin apoyarse en exenciones fiscales obscenas y bastardas, para sostener los servicios sociales que están reconocidos por la Constitución como derechos fundamentales de la ciudadanía.
El impuesto especial a los bancos aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez esperaba recaudar 1.500 millones de euros anuales hasta 2024. En 2022, la gran banca española obtuvo unos beneficios de 20.850 millones. Por tanto, en un año y medio, las principales entidades españolas han logrado 33.235 millones. En consecuencia, el impuesto a la banca de Pedro Sánchez sólo supondría un 4,51% sobre el total de los beneficios.
Los bancos pueden pagar ese impuesto sin problema, el problema está en que las entidades bancarias españolas han sido malacostumbradas por los gobiernos anteriores, tanto de PP como de PSOE, a recibir mucho y no aportar nada.
Nunca un impuesto fue más justo que este y estos resultados así lo confirman. Los bancos se han beneficiado del dinero público en múltiples ocasiones sin que hayan aportado demasiado a la sociedad, más allá de determinadas acciones sociales que no son otra cosa que una herramienta de blanqueo de imagen.
El sector financiero español se benefició de un rescate que ya ha tenido un coste de más de 100.000 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 35.000 millones de deuda de la Sareb que tuvo que asumir el Estado en enero de 2022.
De ese rescate se han beneficiado directa o indirectamente todas las entidades y, sin embargo, han judicializado un impuesto que les va a suponer, siguiendo los cálculos del gobierno, como mucho, 3.000 millones en dos años.
Las entidades financieras españolas tienen privilegios como, por ejemplo, la exención de pagar el IVA en la mayor parte de su actividad y la carencia de fiscalidad en sus transacciones.
